LETICIA SÁNCHEZ DIAZ y Otros.
Expediente 184/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia Sánchez Diaz
- LETICIA SÁNCHEZ DIAZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Jueza Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, con la que, en auto de diez de marzo de dos mil veinte, se ordenó formar el cuaderno auxiliar I. Notifíquese.
- Principal
MESA VI San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la autoridad responsable Jueza Octavo Familiar y Conclusión de asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a "............""", para el efecto que: "1) Dejar insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil".........."". 2) Emitir nueva resolución en la que, proceda revocar el auto combatido de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y emita acuerdo donde provea de conformidad el escrito de quince de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, la parte actora solicitó el embargo del 25% del excedente del salario mínimo que percibe la demandada Elena Vásquez Guillen, como jubilada del instituto Mexicano del Seguro Social de forma mensual.". En razón de ello, por auto de diecinueve de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable Jueza Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Centro. En ese tenor, por acuerdo de veinticinco de marzo del actual, se agregó a los autos, el oficio signado por la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, por el que, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil "..........."", de su índice. En esa tesitura, la autoridad responsable mediante la citada determinación de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil en mención; y en su lugar emitió una diversa en la que, revocó el auto combatido de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por lo cual, proveyó de conformidad el escrito de la parte actora de quince de octubre de dos mil diecinueve, por ende, ordenó trabar formal embargo del 25% del excedente del salario mínimo que percibe la demandada "........."", como jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social de forma mensual, hasta lograr el pago total a que fue condenada en sentencia ejecutoriada, por ello, declaró procedente el recurso de revocación hecho valer por la parte actora. Aunado a ello, libró oficio al Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Juridicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que realice el descuento con motivo del aludido embargo decretado en dicha resolución, y lo consigne a esa autoridad judicial. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil".........."", además, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitió nueva resolución en la que, revocó el auto combatido de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y emitió acuerdo donde proveyó de conformidad el escrito de quince de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, la parte actora solicitó el embargo del 25% del excedente del salario mínimo que percibe la demandada "..........."", como jubilada del instituto Mexicano del Seguro Social de forma mensual. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es dable declarar cumplida la sentencia pronunciada en autos. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no realizó más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI-A NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la autoridad responsable Jueza Octavo Familiar y Conclusión de asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a "............""", para el efecto que: "1) Dejar insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil".........."". 2) Emitir nueva resolución en la que, proceda revocar el auto combatido de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y emita acuerdo donde provea de conformidad el escrito de quince de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, la parte actora solicitó el embargo del 25% del excedente del salario mínimo que percibe la demandada Elena Vásquez Guillen, como jubilada del instituto Mexicano del Seguro Social de forma mensual.". En razón de ello, por auto de diecinueve de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable Jueza Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Centro. En ese tenor, por acuerdo de veinticinco de marzo del actual, se agregó a los autos, el oficio signado por la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, por el que, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil "..........."", de su índice. En esa tesitura, la autoridad responsable mediante la citada determinación de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil en mención; y en su lugar emitió una diversa en la que, revocó el auto combatido de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por lo cual, proveyó de conformidad el escrito de la parte actora de quince de octubre de dos mil diecinueve, por ende, ordenó trabar formal embargo del 25% del excedente del salario mínimo que percibe la demandada "........."", como jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social de forma mensual, hasta lograr el pago total a que fue condenada en sentencia ejecutoriada, por ello, declaró procedente el recurso de revocación hecho valer por la parte actora. Aunado a ello, libró oficio al Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Juridicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que realice el descuento con motivo del aludido embargo decretado en dicha resolución, y lo consigne a esa autoridad judicial. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que, dejó insubsistente la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil".........."", además, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitió nueva resolución en la que, revocó el auto combatido de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y emitió acuerdo donde proveyó de conformidad el escrito de quince de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, la parte actora solicitó el embargo del 25% del excedente del salario mínimo que percibe la demandada "..........."", como jubilada del instituto Mexicano del Seguro Social de forma mensual. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, es dable declarar cumplida la sentencia pronunciada en autos. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no realizó más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, y anexo que acompaña, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial- por el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, remite copia certificada de la determinación de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil ".........., de su índice. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.
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