Leví Hernández Padrón

Expediente 372/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
372/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Leví Hernández Padrón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 43), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal a recoger la documental exhibida en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dicho documento sería destruido con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, el documento exhibido será destruido con el presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual adjunta las constancias del despacho 162/2018-IV orden 470/2018, del índice de este Juzgado Federal, debidamente diligenciado, mismo que se envió para el efecto de que notificara a la parte quejosa en este sumario, el auto de veintiocho de septiembre del presente año y lo requiriera en los términos ahí precisados. Acúsese recibo; hágase las anotaciones en el libro correspondiente. En consecuencia, vista la certificación de cuenta, el contenido del Despacho que se recibe y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso Leví Hernández Padrón, para que señalara domicilio en esta ciudad a fin de recibir notificaciones de su parte, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho y se ordena realizarle las notificaciones, aún las de carácter personal a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal. Por otra parte, de la certificación que antecede, también se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Leví Hernández Padrón, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, toda vez que existen un documento exhibido por la parte quejosa en el presente sumario, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el documento que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Leví Hernández Padrón, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí y de otra autoridad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 372/2018-IV. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que el acto que aquí reclama el promovente del amparo consiste en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DE LA ORDENADORA: Resolución por medio de la cual decreta la separación de persona, obligándome a no entrar a la casa de mi propiedad. DE LA EJECUTORA: La ejecución de lo mandado por la Ordenadora." Partiendo de lo anterior, quien analiza advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones de índole jurídica. En principio, es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". En las relatadas circunstancias, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece del citado precepto legal, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad y así, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. En esas circunstancias, la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ahora bien, el promovente Leví Hernández Padrón, comparece en calidad de parte dentro de un juicio seguido ante el Juez responsable, del cual reclama la resolución en el que se decretó la separación de personas, respecto del aquí quejoso y su esposa Ma. Dolores Herrera Torres, del domicilio conyugal en que residían. En la especie, se tiene que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, en su Capítulo III, relativo a la separación de personas como actos prejudiciales, en específico en su numeral 212, en relación con el diverso precepto legal 1139, prevé que ante la inconformidad de los cónyuges respecto de las medidas decretadas por el Juez, deba llevarse a cabo un medio ordinario de defensa, mismo que omitió agotar el peticionario de amparo, previamente a promover la acción constitucional. En efecto, los numerales en cita en su orden establecen: "ART. 212.- La inconformidad de alguno de los cónyuges sobre la resolución o disposiciones decretadas, se tramitará en los términos del Artículo 1139." "ART. 1139.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos o de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de los hijos, oposición de maridos, padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial. Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de la pérdida de la patria potestad. Tratándose de violencia familiar prevista en el artículo 12 del Código Familiar para el Estado, la autoridad judicial exhortará a las o los involucrados, en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hiciere, en la misma audiencia la autoridad judicial del conocimiento, determinará las medidas procedentes para la protección de las o los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público." Así pues, el citado precepto revela un medio de impugnación capaz de nulificar el acto impugnado, como en el caso, la medida cautelar decretada por el Juez responsable que ordenó la separación de cónyuges dentro del procedimiento de origen. En ese sentido, es claro que el peticionario al ser parte dentro del juicio de origen, tal como lo manifiesta en su escrito de demanda, pues al efecto refiere ". me van a emplazar a un juicio y me enseñan unas hojas tamaño oficio pero antes de este emplazamiento."; estuvo obligado a interponer el citado medio de impugnación antes de ocurrir al amparo, y al no hacerlo así, la acción constitucional es improcedente al no cumplirse con el referido principio de definitividad, el cual establece que el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 1ª./J 44/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Asimismo, robustece lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Asimismo, por las razones que la informan, la tesis V.3o.C.T.5 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro 2016339, materia común, publicada el 02 de marzo de 2018, cuyo texto es el siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. SU FALTA DE PREVISIÓN Y DE REGULACIÓN ESPECIAL EN LA LEY LOCAL NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA DEJAR DE INTERPONER EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA SEPARACIÓN DE LOS CÓNYUGES, COMO MEDIDA PROVISIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La falta de previsión y regulación del juicio de divorcio sin expresión de causa, en cuanto al procedimiento y recursos, en la legislación del Estado de Sonora, queda suplida con los respectivos Códigos de Familia y de Procedimientos Civiles, ordenamientos que prevén el dictado de medidas provisionales al inicio del juicio de divorcio, como es la separación de los cónyuges. Conforme a las reglas generales para la procedencia de los recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, los autos serán apelables sólo cuando la ley lo disponga expresamente y, además, lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten, atento al artículo 374 del código procesal citado, lo que conlleva determinar que, al no existir disposición expresa en la ley que establezca la procedencia de la apelación ni una de carácter especial que prohíba la interposición de algún recurso contra el auto que decretó la separación de los cónyuges dentro del juicio de divorcio incausado, medida de protección prevista por el numeral 140, fracción I, del Código de Familia para el Estado de Sonora, deviene improcedente aquel recurso (apelación), por lo cual en aplicación del artículo 367 de aquella legislación procesal civil, dicha determinación es impugnable mediante el recurso de revocación en cuanto dispone que los autos y proveídos pueden ser revocados cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. Derivado de lo anterior, no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la procedencia del recurso no requiere interpretación adicional ni puede estimarse que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, toda vez que su interpretación es literal y sistemática, de forma clara y concreta. Además de que la norma especial que regula la separación de los cónyuges es el artículo 140 señalado que se ubica en las disposiciones generales del divorcio, lo que de ninguna manera contraviene la naturaleza del juicio de divorcio incausado, pues se trata de una medida acorde con la petición de la actora en el sentido de que el demandado abandone el domicilio conyugal con motivo de haberse iniciado el juicio de divorcio; de ahí que la falta de regulación del divorcio incausado en la legislación del Estado de Sonora no constituye una excepción al principio de definitividad para dejar de interponer el recurso procedente contra el auto que ordena la separación de los cónyuges, como medida provisional". No es inadvertido para esta juzgadora, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Por consiguiente, al quedar actualizada la causal de improcedencia ya mencionada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Leví Hernández Padrón. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Ahora, tomando en consideración que el quejoso Leví Hernández Padrón, ubica su domicilio en callejón Justo Sierra Méndez, número 20, Barrio San Miguel, en Tamazunchale, San Luis Potosí. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena girar atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al funcionario de su adscripción para que se constituya en el domicilio señalado y le notifique el presente proveído a la parte quejosa. Asimismo, deberá requerirlo a fin de que en el momento de realizar la diligencia o dentro del término de tres días siguientes a la misma señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de Juzgado Federal, de conformidad con lo establecido en el precepto legal citado. Del mismo modo, se le concede al funcionario que sea designado, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio en cita. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abelardo Limbano Ventura Vázquez, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito; por su parte, se tiene como autorizado en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral a Abelardo David Ventura Mares, por no contar con la misma. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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