Leticia Rubio García
Expediente 321/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Leticia Rubio García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, al que anexa testimonio autorizado de la resolución emitida el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del recurso de queja en materia civil 307/2019, relativo al medio de impugnación interpuesto por la quejosa Leticia Rubio García, en contra el proveído que desechó la demanda de amparo, en el que determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja y, en consecuencia, se confirma el auto recurrido." En tales condiciones, acúsese recibo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió copia certificada del juicio de amparo 321/2019-II, así como el escrito de agravios materia del recurso de queja interpuesto por la solicitante de amparo Leticia Rubio García. Asimismo, se toma nota de que dicho recurso se admitió y quedó registrado con el número de queja civil 307/2019. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por la promovente Leticia Rubio García, mediante el cual presenta recurso de queja en contra del proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101 del referido ordenamiento legal, ríndase el informe sobre la materia de la queja que refiere el citado precepto legal, manifestando la certeza del acto reclamado y sosteniéndose la legalidad del mismo; por lo tanto, en apoyo al citado informe remítase copia certificada del presente sumario constitucional, además, por separado el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, en turno, a afecto de que provea lo conducente respecto del recurso que se hace valer. Resulta aplicable la jurisprudencia número XXVII.3o. J/8 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1646, Libro 14 Enero de 2015 Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008228, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. SI EL RECURRENTE OMITIÓ EXHIBIR LAS COPIAS DE TRASLADO, ES INNECESARIO REQUERIRLO PARA QUE LAS EXHIBA Y NOTIFICAR A LAS PARTES LA INTERPOSICIÓN DE AQUÉL. De los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo se colige que cuando el recurso de queja se promueva mediante escrito impreso (no por vía electrónica) su tramitación exige, entre otros aspectos que: a) el recurrente exhiba sendas copias del recurso para su traslado a las demás partes; y, b) el a quo notifique a las demás partes la interposición del recurso con las copias (incluyendo al Ministerio Público de la Federación), para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para integrar el testimonio de la queja; por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito en turno advierte que el Juez de Distrito no realizó alguna de las anteriores obligaciones, deberá ordenar la regularización del procedimiento a fin de que aquél integre correctamente el expediente para estar en aptitud de resolver. Sin embargo, conforme al principio de economía procesal y la pronta impartición de justicia derivados del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la queja se interpone contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de amparo, no amerita dicha regularización, porque aún no se ha dado intervención a parte diversa a la promovente de la demanda y porque sólo a ésta afecta la determinación recurrida; por ello, es innecesario requerir las copias de la queja, pues éstas son para notificar a las demás partes y tal notificación es irrelevante porque el fin de tal conocimiento es que aquéllas señalen las constancias que consideren deben ser remitidas al ad quem, las cuales no podrían ser otras que las relativas a la demanda de amparo, sus anexos, el auto recurrido y su constancia de notificación, las que, invariablemente, deben ser remitidas por el Juez Federal, ya que constituyen la materia sobre la que versa la queja y, al menos para ese momento, no hay actuaciones diversas para resolver." De ahí que, conforme al principio de economía procesal y de pronta impartición de justicia previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal resulta innecesario requerir a la promovente para que dentro del término de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad de instancia a fin de que resuelva el recurso que se hace valer conforme lo dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo; ello en virtud, dado que estos no podrían ser diversas a la demanda que promovió el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, así como el acuerdo que desechó la misma del veinte siguiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Leticia Rubio García, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Primero del Ramo Civil del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 321/2019-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo, como cita, sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia, pues, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior, se advierte que en el caso los actos reclamados se hacen consistir en: "La omisión de llamar a la suscrita a la audiencia de remate celebrada el día 31 de Mayo de 2019 a las 8:30 horas así como la sentencia de REMATE de fecha 04 de Julio de 2019 emitida por la autoridad responsable; actos emitidos en los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 682/2016 promovido por FELIPE VILLEGAS GÓMEZ en contra de la suscrita LETICIA RUBIO GARCÍA Y MARIO FLORES TREJO. Agrego que la resolución de fecha 04 de Julio de 2019, declaró aprobado y fincado el remate del inmueble ubicado en calle QUETZAL NÚMERO 203, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS DE ÉSTA CIUDAD, celebrado a las 8:30 horas del día 31 de mayo de 2019, y declaró como adjudicatario del mismo al C. GUSTAVO SAUCEDO HUMARA. Aclaro que la suscrita ha comparecido como parte demandada en el juicio del cual brotan los actos reclamados por conducto de mi APODERADO ESPECIAL, RAMÓN SALAZAR ÁÑVAREZ, cuyas facultades se limitan a representarme en el aludido procedimiento. Sin embargo, la razón por la que promuevo el presente juicio de garantías, estriba en que tanto la suscrita como mis hijos SOMOS ACREEDORES ALIMENTARIOS DEL DIVERSO DEMANDADO MARIO FLORES TREJO Y POR ESA RAZÓN DEBÍ HABER SIDO NOTIFICADA DE LA AUDIENCIA DE REMATE CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2019, A FIN DE HACER VALER LOS DERECHOS DE PRELACIÓN QUE ME CORRESPONDEN COMO PRIMERA ACREEDORA." En tales condiciones, por lo que ve a los actos descritos con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. El precepto invocado de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia que se analiza, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Ahora, en términos de lo preceptuado por el numeral antes transcrito, el juicio de garantías es improcedente, cuando se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese orden de ideas, resulta pertinente en primer término, dejar asentado que para un Juez de Distrito, constituyen hechos notorios, los diversos juicios de amparo que ante él se tramitan; lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, el cual señala: "Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." En ese orden de ideas, cabe destacar que el juicio de amparo número 281/2019-II, del índice de este órgano jurisdiccional fue promovido por Leticia Rubio García, por conducto de su apoderado Ramón Salazar Álvarez, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del instrumento notarial treinta y siete mil quinientos cincuenta y dos, volumen novecientos tres, pasado ante la fe del Notario Público número tres, con ejercicio en Ciudad Valles; expediente que se tiene a la vista, y del que se observa que la referida quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados, lo siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: EL C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, S.L.P. Y DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESA LOCALIDAD. IV.- ACTO RECLAMADO: La sentencia de REMATE de fecha 04 de Julio de 2019 emitida por la autoridad responsable en los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 682/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil 682/2018 promovido por FELIPE VILLEGAS GÓMEZ en contra de mi poderdante LETICIA RUBIO GARCIA Y MARIO FLORES TREJO. Dicha resolución declaro aprobado y fincado el remate del inmueble propiedad de mi representada ubicado en calle QUETZAL NÚMERO 203, FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS DE ÉSTA CIUDAD, celebrado a las 8:30 horas del día 31 de Mayo de 2019 y declaro adjudicatario al C. GUSTAVO SAUCEDO HUMARA." Asimismo, se observa que en los apartados denominados "antecedentes" y "conceptos de impugnación" del escrito de demanda que dio origen al juicio de referencia, la quejosa, precisó en lo que interesa: "6.- Es de la mayor importancia destacar que en el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes que respecto del predio objeto de remate corre glosado a los autos Se (sic) desprende la existencia de un embargo derivado de un juicio de alimentos promovido por mi PODERDANTE, LETICIA RUBIO GARCÍA EN NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS en contra del diverso demandado MARIO FLORES TREJO. Por la razón arriba expuesta considero que el juez responsable debió haber llamado a la audiencia de remate a la C. LETICIA RUBIO GARCÍA por las siguientes razones:" a) Porque si bien es cierto el suscrito es apoderado de la persona referida, el poder que me fue otorgado es de carácter ESPECIAL EXCLUSIVAMENTE PARA REPRESENTARLA EN CUALQUIER ACTO RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN CALLE QUETZAL 203 FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS, DE ESTA CIUDAD, SIN QUE DICHO DOCUMENTO SEA SUFICIENTE PARA COMPARECER EN SU NOMBRE EN CUALQUIER OTRO ASUNTO, MUCHO MENOS EN UN TEMA POR ALIMENTOS. (.) CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN (.) De la misma forma me agravia que no se haya llamado al acreedor preferente en tiempo y materia dejando en estado de indefensión a los acreedores alimentarios cuyo embargo se inscribió antes de registrar al que ampara a la actora en juicio." Conforme a lo expuesto, se puede válidamente arribar a la conclusión de que en la demanda de amparo de cuenta, la quejosa combate los mismos actos que hizo valer en el diverso juicio de amparo 281/2019-II. Apuntado lo anterior, es pertinente destacar que la demanda de amparo interpuesta en primer término por la peticionaria de amparo, por conducto de su apoderado legal, fue desechada mediante proveído de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en contra del cual interpuso recurso de queja, que a la fecha se encuentra radicado con número de queja civil 269/2019, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual fue admitido con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, estando pendiente su resolución. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo existía un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de la misma autoridad y por los mismos actos reclamados, y que este último se encuentre en trámite, en razón de que está subjudice la determinación asumida en el diverso medio de control constitucional. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual promovente, misma autoridad responsable y actos reclamados; además de que en el juicio de amparo 281/2019-II, fue interpuesto el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda relativa, respecto del que necesariamente existirá un pronunciamiento; este órgano de control constitucional se encuentra impedido para admitir la presente demanda de amparo. Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que, en el caso de que sea procedente el recurso que hizo valer dentro del juicio de amparo 281/2019-II, tendrá oportunidad de defenderse de los actos de autoridad que hizo valer a través de su primera demanda presentada, que como ya se mencionó es coincidente con la de cuenta. En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causa de improcedencia en estudio prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Damián Carmona número 117, zona Centro, de esta ciudad. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Alfredo Juárez Sanjuán, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Ahora, por lo que hace a Guillermo Sánchez Alvarado, se autoriza en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del ordenamiento legal citado, toda vez que no cuenta con el requisito descrito en el párrafo que antecede. Por otro lado, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de sus facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, le hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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