Leticia Román Rodríguez

Expediente 712/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
712/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
23/10/2017

Partes del expediente

  • Leticia Román Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno, en sesión celebrada por el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil diecisiete. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre del año en curso, transcurrió del tres al dieciocho del mes y año actuales; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. No se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa y, por tanto, la parte quejosa no exhibió billete de depósito. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintiocho de septiembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 712/2017, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Abierta la audiencia el Secretario hace constar que mediante auto de treinta de agosto del año en curso, se le otorgó el plazo de quince días a la quejosa para ampliar su demanda (fojas 20 y 21), lo cual se le notificó el treinta y uno siguiente, por lo que dicho lapso inició el cuatro de septiembre y concluyó el veintiséis del mes en cita, sin que se hubiera presentado ampliación alguna. A lo que la juez acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento realizado en el auto citado y únicamente se analizará la Litis constitucional respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. A continuación, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales remitidas por la Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas; luego, al no haber más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado el período probatorio, y se pasa a la etapa de alegatos. En el período de alegatos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la Materia, se da cuenta con los formulados por la Ministerio Público adscrita al Juzgado y registrados con folio 12969 presentados ante este Juzgado el día veintisiete de septiembre del presente año, los cuales se tiene por reproducidos; acto seguido, al no existir más alegatos se cierra la presente etapa. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 712/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, Leticia Román Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: El C. Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Zacatecas. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Le reclamo la omisión de acordar y resolver sobre mi escrito de solicitud de devolución de saldo de la Subcuenta de vivienda a favor de la promovente, que tengo en ese Instituto; presentado el día siete (07) de enero de dos mil dieciséis (2016)". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario encargado del despacho de este Juzgado de Distrito registró la demanda con el expediente 712/2017 y la admitió a trámite; solicitó el informe a la autoridad responsable; dio la intervención al agente del Ministerio Público y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado federal SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que la quejosa reclama de la Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la omisión de dar contestación a su solicitud presentada el siete de enero de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, detallado en el considerando previo, ya que si bien negó el acto reclamado, de su informe hace manifestaciones de certeza. Lo cual se corrobora con las constancias que obran en el presente sumario, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, dado que fueron certificadas por fedatario público. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia. En su informe justificado la Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores responsable aduce que respecto de la omisión de dar contestación a la petición de siete de enero de dos mil dieciséis, se actualiza la causal prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que indica no le causa afectación a la quejosa el acto reclamado, e indica: "MEDIANTE OFICIO D.R.XXIV.GRF.298/17 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2017, FUE NOTIFICADA AL HOY QUEJOSO EN FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2017, A TRAVÉS DEL CORREO POSTAL MEXICANO, LA RESPUESTA A SU OFICIO PRESENTADO ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES EN FECHA 07 DE ENERO DEL 2016, POR TANTO CARECE DE MATERIA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS PUESTO QUE NO EXISTE AFECTACIÓN ALGUNA A LA ESFERA DE DERECHOS DEL ACCIONANTE" Razón por la cual, la causal que se actualiza no es la propuesta por la autoridad responsable, sino la invocada por la Agente del Ministerio Público dentro de sus alegatos ministeriales presentados el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la cual se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicha causal de improcedencia es fundada. A fin de sustentarlo, se cita el contenido del artículo 61, fracción XXI, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del impetrante, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino también como la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado que se actualiza cuando, ante la inexistencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso concreto se estima actualizada la causal de improcedencia en comento, ya que mediante oficio número DR.XXIV.GRF.298/2017 de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable exhibió, la documental siguiente: Respuesta a la petición de siete de enero de dos mil dieciséis. "[.] C. LETICIA ROMÁN RODRÍGUEZ CALLE SAN JUAN IXTAPAYOPAN #29 COL FRANCISCO GOYTIA C.P. 99000 FRESNILLO, ZAC. En mi carácter de Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Zacatecas, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en ejercicio de las facultades que en materia fiscal me confieren los artículos 23 fracción I último párrafo de la Ley del Instituto que representó, 3° fracción XLV, 4° fracción XX y 24 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de como (sic) Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008 y de acuerdo con el artículo único del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de facultades como organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, en relación con el considerando Único, último párrafo, fracción XXXII del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las autoridades fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante resolución RCA- 3822/06/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2012. Me permito comunicarle, que derivado de su solicitud de devolución de saldo de subcuenta de vivienda del número de seguridad social 34725501463 iniciado a través de su Afores, mediante el folio 34725501463530 de fecha 7 de enero de 2016 por un importe de $54,842.26 (cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 26/100 M.N.) a través de la cual proporciona la cuenta bancaria 2947964080 de BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple con clave interbancaria 012933029479640807 de la que afirma ser titular, atendiendo a su derecho, se procedió a generar dos transferencias a la señalada cuenta, una en el año 2016 y otra en este 2017, siendo rechazados por el banco y desconociendo los motivos del rechazo. En tal circunstancia, lo que corresponde es que acuda al banco donde apertura la cuenta, a efecto de que le informen el motivo por el cual se han venido rechazando las trasferencias. No omito mencionar que esta Institución no tiene interés particular en retenerle la devolución de lo que por derecho le corresponde sino por el contrario es de nuestro interés resolver su problemática lo más pronto posible, por lo que se estará atento a la información que tenga a bien proporcionarnos. [.]". Dicha respuesta fue notificada a la quejosa el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete por correo certificado. Lo que se apoya en la tesis de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. PRUEBA DE LA NOTIFICACIÓN. Si para satisfacerse el derecho de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, es menester que se dé a conocer al quejoso el acuerdo que recaiga a su solicitud, o sea que debe serle notificado, es la autoridad la que afronta la carga de probar el hecho positivo de tal notificación ya que no podría exigirse al particular que probara el hecho negativo contrario. En consecuencia, si la notificación no se hace en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, deberá hacerse de modo que pueda probarse fehacientemente en el juicio, sin que la violación del precepto pueda considerarse purgada por la simple afirmación de la autoridad de haber enviado la respuesta por correo ordinario". Con ello sin duda se subsanó la falta de respuesta a la petición de siete de enero de dos mil dieciséis, de modo que los efectos del acto omisivo atribuido a la responsable han desaparecido o se han destruido en forma total e incondicional, de manera que ha vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo. Resultan aplicables a los razonamientos que preceden los criterios jurisprudenciales siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de derechos de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, respecto de la omisión de dar contestación a la petición de siete de enero de dos mil dieciséis, atribuida a la Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En virtud de lo resuelto no es posible jurídicamente abordar el análisis de los motivos de inconformidad que plantea la peticionaria del amparo, de acuerdo con la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Leticia Román Rodríguez, contra la omisión de dar contestación a su solicitud presentada el siete de enero de dos mil dieciséis, atribuida a la Delegada en Zacatecas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en los términos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida del licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Alicia

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo y con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa por auto de treinta de agosto del año en curso, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable en contestación a la petición cuya omisión reclamó. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Lic. Jorge Martín Zamora González En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos del presente asunto. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejoso por auto de treinta de agosto del año en curso, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable en contestación a la petición cuya omisión reclamó; por tanto, a fin de dar oportunidad a que transcurra dicho término, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública ciento ocho mil setecientos seis, del libro dos mil seiscientos treinta y dos, pasada ante la Fe del Notario Público Treinta y Siete de esta ciudad); con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga hasta entes de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que exhibe junto con su informe de ley, mismas que dada su propia y especial naturaleza, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el diverso numeral 9 de la ley en consulta, se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que al efecto designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su comunicado. De igual forma, como lo solicita previo cotejo y copia certificada que obre en autos, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, devuélvansele la copia certificada instrumento notarial que exhibe. Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, se reclama la violación al artículo 8° constitucional, lo procedente es dar vista al quejoso con la constancia relativa a la contestación de su solicitud, a efecto de que dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, con dos copias de su escrito de ampliación de demanda, por corresponder una para la autoridad responsable, y otra más para correr traslado al agente del Ministerio Público de la adscripción, cumpla con lo siguiente: Único: manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión reclama. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012, Decima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Así como la Jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apercibido de que en caso de no hacer manifestación alguna se continuará con el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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