Leticia Reyes Chavira

Expediente 604/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
604/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Leticia Reyes Chavira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    El seis de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciocho al treinta y uno de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este Juzgado, el once del mismo mes año, dentro del juicio de amparo 604/2017; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que si existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión; sin embargo, no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el once de agosto de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, como lo prevé el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificado y en horas hábiles a recoger los documentos en original que anexó a su escrito de demanda; lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 604/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Leticia Reyes Chavira, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: -Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas. -Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Zacatecas, Zacatecas. Acto reclamado: ".De la autoridad señalada como responsable reclamo el ilegal acuerdo emitido el 20 de junio del año 2017, oficio PMZ/SFTYM/-CAI-0202/2017, girado por el Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal, en donde me hacen saber: que conforme al Reglamento de Plazas y Mercados del Municipio de Zacatecas, y con el debido respeto, me permito informar a usted que a partir de la recepción del presente, deberá abstenerse de ejercer comercio en el lugar que hasta la fecha lo ha venido haciendo, en la Plaza de Vinateros de la colonia Tres Cruces.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 5, 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó el mismo día para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 23 a la 26), la titular de este juzgado ordenó registrar la demanda en referencia con el expediente 604/2017 y previno al quejoso para que señalara el acto que reclama al Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas. Mediante escrito aclaratorio presentado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 27), la quejosa manifestó que el acto reclamado de la autoridad aludida era: ".lo es las órdenes emitidas que de manera verbal señaló a la persona que aventó el oficio señalado, para que nos retirar (sic) del lugar en el cual se nos reubicó en la plazuela vinateros de la Colonia Infonavit Tres Cruces de esta Ciudad de Zacatecas.". El veintinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 28 a la 30) se tuvo a la quejosa cumpliendo el anterior requerimiento, por lo que se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que legamente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el oficio reclamado se atribuye a autoridades administrativas que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas: La orden verbal al funcionario respectivo para que entregara el oficio por el que se indicó a la quejosa que retirara su puesto comercial ubicado de la Plaza de Vinateros, en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas. Del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Zacatecas, Zacatecas: El oficio PMZ/SFTYM/-CAI-0202/2017 el que se ordenó a la quejosa que se retirara su puesto comercial ubicado de la Plaza de Vinateros, en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado consistente en el inciso a), consistente en la orden verbal al funcionario respectivo para que entregara el oficio por el que se indicó a la quejosa que retirara su puesto comercial ubicado de la Plaza de Vinateros, en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas. Al rendir su informe justificado (foja 54 a la 566), la responsable Presidente Municipal de Zacatecas, Zacateas negó el acto reclamado que le fue reclamado; lo anterior sin que la quejosa aportara algún medio de prueba que desvirtuara esa negativa. En esos términos, lo conducente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial número 284, publicada en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en el oficio PMZ/SFTYM/-CAI-0202/2017 el que se ordenó a la quejosa que se retirara su puesto comercial ubicado de la Plaza de Vinateros, en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas. Es cierto el acto reclamado del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Zacatecas, Zacatecas, pues lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 54 a la 56). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advertirse de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente plantados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son en parte infundados y en parte inoperantes, como se argumentará enseguida. En parte de ellos, la quejosa aduce que el acto reclamado transgrede las garantías previstas en el artículo 16 constitucional, ya que carece de fundamentación y motivación. Lo anterior es infundado. En efecto, el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Por tanto, todas las resoluciones dictadas por cualquier autoridad deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Es ilustrativo de lo argumentado, por las razones que informa, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Novena Época, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, el acto reclamado por la quejosa es el oficio PMZ/SFTYM/-CAI-0202/2017, suscrito por el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal el veinte de junio de dos mil diecisiete, el cual fue allegado en original por la quejosa. Dicho documento cuenta con valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En dicho documento la autoridad informó a la quejosa que, con fundamento en el artículo 13, fracciones II, VII y VIII del Reglamento de Plazas y Mercados del Municipio de Zacatecas, a partir de la recepción de ese documento, debía abstenerse de seguir ejerciendo comercio en el lugar en que lo venía haciendo, por no contar con el permiso respectivo para hacerlo, como lo establece el artículo 18 del referido reglamento. Asimismo, la autoridad agregó que en cinco de junio de dos mil diecisiete recibió un escrito de inconformidad suscritos por los habitantes de la colonia Tres Cruces, en el que manifestaron que se reubicara el puesto de la quejosa. Por último, la autoridad responsable señaló que la quejosa debía abstenerse de seguir practicando comercio en el lugar en cuestión, de lo contrario, procedería a su retiro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 128 en relación con el 144 del Bando de Policía y Gobierno Municipal de Zacatecas. De lo anterior se sigue que en la determinación contenida en el oficio reclamado, la autoridad expuso los motivos por los que ordenó que la quejosa debía abstenerse de seguir ejerciendo comercio en el lugar donde lo hacía, esto es, porque no contaba con el permiso respectivo y por solicitud de los colonos del lugar; además, la apercibió que, en caso se seguir haciéndolo, procedería a su retiro. Asimismo, se observa que dicha autoridad citó los fundamentos legales en que sustentó su decisión. Por tanto, contrariamente a lo que alega la quejosa en su concepto de violación, la determinación contendida en el oficio reclamado se encuentra fundada y motivada. En otra parte de sus conceptos de violación, la quejosa aduce esencialmente que la orden contenida en el oficio PMZ/SFTYM/-CAI-0202/2017 el que se requirió a la quejosa que se retirara de la Plaza de Vinateros de la colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas, donde ésta realizaba actividades comerciales, contraviene la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, ya que se le deja en estado de indefensión, al no ser previamente oída y vencida en juicio. El concepto de violación es infundado. De manera previa, debemos precisar que el artículo 14 Constitucional dispone: "Artículo 14. A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...". De la interpretación del dispositivo constitucional transcrito se desprende que contiene cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica, a saber: 1) la de irretroactividad de la ley; 2) la de audiencia; 3) la de legalidad en materia penal; y, 4) la de legalidad en el campo civil. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se protege a los gobernados en el goce de la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, y los demás derechos sustantivos, frente a los posibles actos de privación provenientes de las autoridades, mediante un conjunto de garantías. Una de estas garantías es la de audiencia previa, que consiste en la concesión de una amplia y adecuada oportunidad de defensa, antes de emitir el acto privativo, y se integra esencialmente por cuatro principios jurídicos, que a su vez comprende cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, necesariamente concurrentes, y que son: a) el juicio previo al acto de privación; b) que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; c) el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y d) la decisión jurisdiccional y/o administrativa ajustada a leyes vigentes con antelación a la causa que origina el juicio. Conformándose la garantía de audiencia, mediante la concurrencia indispensable de las cuatro garantías específicas, es evidente que aquélla es susceptible de contravenirse al violarse una sola, de manera tal, que la íntima articulación que existe entre ellas impone la necesidad, por propio mandato constitucional, de reparar la esfera jurídica que así hubiere sido vulnerada, en protección a los derechos públicos subjetivos del gobernado. Ahora bien, como se estableció, de acuerdo con el precepto constitucional citado, la validez de un acto privativo de derechos se encuentra supeditada a que previamente se agote un procedimiento en el que se al gobernado la oportunidad de ejercer una defensa adecuada. Al respecto, es oportuno precisar que, para estar en posibilidad de determinar que se está ante la presencia de un acto privativo de derechos, primero debe estar acreditada la existencia de éstos últimos. Lo anterior, porque para hacer válida la garantía de procedimiento previo al acto de privación, es necesario acreditar, en primer término, la existencia de un derecho legalmente reconocido y vigente, porque sólo partir de su certeza puede válidamente resolverse que el acto de autoridad, efectivamente, lo desposeyó de esa prerrogativa sin mediar procedimiento previo en el que se otorgara al gobernado la posibilidad de defenderse. Por tanto, para hacer valida la prerrogativa de procedimiento previo al acto de privación, es necesario acreditar que dicho acto recae sobre un derecho legalmente reconocido y, además, que éste se encuentre vigente. En el caso, la quejosa reclama que, mediante la orden emitida en el oficio reclamado, la responsable pretende retirarla del establecimiento comercial en el que se encuentra establecida, ubicado en la Plaza de Vinateros, en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas. Se advierte que para acreditar la existencia del derecho del que se le pretende privar, la quejosa exhibió el oficio 823/2014 (foja 12), suscrito el ocho de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Tesorera Municipal de Zacatecas, Zacatecas. De dicho documento se observa que, en efecto, en esa fecha a la quejosa le fue otorgada una autorización por parte del municipio de Zacatecas para que ejerciera actividades comerciales en el lugar indicado. Sin embargo, dicho documento también señala que ese permiso era de carácter provisional, vigente del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. De manera que al momento en que la autoridad responsable formuló el requerimiento contenido en el oficio PMZ/SFTYM/-CAI-0202/2017 de veinte de junio de dos mil diecisiete -acto reclamado-, la quejosa ya no contaba con el derecho legamente reconocido de realizar actividades comerciales en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, Zacatecas, Zacatecas, ya que el permiso respectivo feneció desde el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. En esos términos, contrariamente a lo que argumenta la quejosa, la responsable no la privó de sus derechos sin seguir procedimiento en el que se le otorgara oportunidad de defenderse, pues como se explicó, en la fecha en que la autoridad emitió la orden reclamada, la quejosa no era titular del derecho que refiere y, consecuentemente, tampoco tenía que mediar procedimiento previo, porque no existía un derecho del cual la quejosa pudiera ser privada; de ahí lo infundado de su argumento. Además, con los demás pruebas que exhibió la quejosa tampoco demuestra contar con permiso para tener el establecimiento comercial en el lugar que indica. En efecto, conjuntamente con su demanda de amparo, la quejosa allegó trece recibos de pago (fojas 8 a la 11), expedidos por la Secretaria de Finanzas y Tesorería del Estado de Zacatecas en favor de la hoy quejosa Leticia Reyes Chavira, que realizó por concepto de "Pago para uso de suelo para venta de tostadas en av. México"; se advierte además que los pagos cubrían ese concepto por un periodo determinado en cada uno de los recibos en los términos siguientes: Recibo número 1207152, por la cantidad de dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos, que cubre el periodo de enero y febrero de dos mil dieciséis. Recibo número 225522, por la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesos, que cubre el periodo de mayo de dos mil dieciséis. Recibo número 233311, por la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesos, que cubre el periodo de junio de dos mil dieciséis. Recibo número 244395, por la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesos, que cubre el periodo de septiembre de dos mil dieciséis. Recibo número 329406, por la cantidad de tres mil trescientos pesos, que cubre el periodo de abril de dos mil diecisiete. Recibo número 321287, por la cantidad de tres mil trescientos pesos, que cubre el periodo de marzo de dos mil diecisiete. Recibo número 1196966, por la cantidad de mil novecientos noventa y dos pesos, que cubre el periodo de diciembre de dos mil quince. Recibo número 1238080, por la cantidad de seis mil trescientos pesos, que cubre el periodo de julio y agosto de dos mil dieciséis. Recibo número 1268166, por la cantidad de novecientos noventa y dos pesos, que cubre el periodo de enero de dos mil diecisiete. Recibo 1308161, por la cantidad de dos mil novecientos setenta pesos, que cubre el periodo de febrero de dos mil diecisiete. Recibo 1248374, por la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesos, que cubre el periodo de noviembre de dos mil dieciséis. Recibo 1248121, por la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesos, que cubre el periodo de octubre de dos mil dieciséis. Recibo 1149067, por la cantidad de dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos, que cubre el periodo de octubre y noviembre de dos mil quince. Cabe destacar que tales documentos merecen valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante, con tales documentos lo único que se demuestra en que la quejosa realizó el "Pago para uso de suelo para venta de tostadas en av. México" respecto de los periodos consignados en los recibos, pero no demuestra que en el momento en que se emitió la orden de desocupación (veinte de junio de dos mil diecisiete) la quejosa contara con el permiso vigente. Además, en ninguno de esos recibos aparece que hubiere realizado un pago por uso de suelo por el periodo del mes de junio de dos mil diecisiete, lo cual daría sí lugar a estimar que en la fecha en que se emitió la orden de desalojo, la quejosa ostentaba un derecho del que se le pretendía privar. Por otro lado, se advierten las reproducciones fotográficas (fojas 15 a la 22) allegadas por la quejosa, las cuales cuentan con valor probatorio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, de las imágenes ahí plasmadas únicamente se observa la existencia de un establecimiento comercial semifijo, pero no que la quejosa contara con el derecho recocido por la autoridad de establecerse en ese lugar, el cual se encontrara vigente al momento en que la autoridad le requirió que se retirara. Máxime que lo ahí visto no se encuentra corroborado con algún otro medio de prueba, como pudiera ser la testimonial o inspección ocular, en el que se apreciara la instalación de un puesto semifijo con un giro de venta de tostadas. Se observa también el oficio 811/2014 (foja 13), signado por el director de Inspección y Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal de esta capital, en el que se advierte, se hace del conocimiento de Neri Stephanie Riva Reyes, a partir del uno de enero de dos mil catorce, se dio de baja el puesto ubicado en avenida México esquina con calle Joyeros, colonia Tres Cruces, con venta de tostadas y cueros. Asimismo, se advierte el recibo de pago signado por mismo funcionario el veintidós de noviembre de dos mil catorce (foja 14), por el que constato que Neri Stephanie Riva Reyes le entregó la cantidad de trece mil pesos. No obstante, ninguno de estos dos documentos mencionados tiene el alcance de acreditar la existencia de un derecho consignado en favor de la quejosa poner un establecimiento comercial en la ubicación adujo que se encontrara vigente en la fecha en que la respobabnle le requirió su retiro. Por otro lado, la instrumental de actuaciones que refiere la quejosa tampoco le favorece, pues como se precisó en líneas precedentes, le correspondía a la parte quejosa justificar que contaba con un derecho legalmente reconocido de realizar actividades comerciales en avenida México, esquina calle Joyeros, colonia Tres Cruces, de esta ciudad y, al no haberlo hecho, no existía necesidad de otorgarle derecho de audiencia, conforme lo dispone el artículo 14 constitucional. De ahí que se reitera lo infundado del argumento de la quejosa. En otro más de sus argumentos, la quejosa expone que el oficio reclamado no le fue debidamente notificado, ya que únicamente "se lo aventaron". Dicho argumento resulta inoperante. En efecto, es evidente que la quejosa conoció con toda oportunidad el contenido del oficio reclamado contenido, tan es así, que ese documento está fechado el veinte de junio de dos mil diecisiete y ese mismo día la impetrante promovió demanda de derechos. Luego, ningún fin práctico tendría analizar lo alegado por la quejosa, pues con independencia de la forma en le fue notificado el oficio reclamado, lo cierto es que tuvo pleno conocimiento él y de su contenido e, incluso, promovió juicio de amparo; de ahí que resulta inoperante. En esos términos, al ser en parte infundados y en otra inoperantes los conceptos de violación y, al no existir queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo conducente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Leticia Reyes Chavira respecto del acto reclamó del Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, por las razones precisadas en el tercer considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leticia Reyes Chavira, contra el acto que reclamó del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Zacatecas, Zacatecas, por las razones precisadas en el quinto considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy once de agosto de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos del día de hoy veinticinco de julio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; con la circunstancia que aún no ha transcurrido el plazo previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo, a efecto de las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables Presidenta y Secretario de Finanzas y Tesorero, ambos del municipio de Zacatecas, residentes en esta ciudad el cual se tuvo por recibido mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso y notificado el diecinueve del mes y año que transcurre. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Conste. Lic. Juan García Trejo El veinticinco de julio de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el pedimento registrado bajo el folio 10134, así como con la certificación secretarial que antecede y. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional; asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, una vez que se dicte la resolución respectiva, expídase la copia que solicita, lo anterior previa toma de razón y recibo que se deje en autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de julio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de las autoridades responsables Presidenta y Secretario de Finanzas y Tesorero, ambos del municipio de Zacatecas, residentes en esta ciudad por lo que se ordenó dar vista con éste a las partes; auto que fue notificado por lista publicada el diecinueve del mes y año en curso; por tanto, atendiendo a que actualmente se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el numeral 117 de la Ley de Amparo, con el que cuentan las partes para imponerse del contenido de dicho comunicado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE para su desahogo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, quien actúa legalmente asistida con el Secretario licenciado Juan García Trejo que autoriza y da fe. AleM.

  4. Principal

    El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 9813. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables Presidenta y Secretario de Finanzas y Tesorero, ambos del municipio de Zacatecas, residentes en esta ciudad; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga; asimismo, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de la materia en consulta, ténganse como delegados de las citadas autoridades a los profesionistas que mencionan; y como domicilio para recibir notificaciones el que indican en su comunicado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. DOY FE. Ángeles

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