Leticia Reyes Guevara
Expediente 1031/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Leticia Reyes Guevara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la parte quejosa Leticia Reyes Guevara, el auto de nueve de noviembre del año en curso, en virtud que al constituirse en el domicilio indicado en autos, y cerciorado de ser el correcto por tener a la vista una placa con el nombre de la calle y el número en la entrada del edificio, al acudir tocó la reja y tras esperar un lapso de diez minutos, nadie acudió a su llamado, sin que haya dejado aviso de notificación, pues no pudo entrar al inmueble y no tiene la certeza de que al dejarlo en la entrada del lugar la notificación llegara a su destinatario. Atento a lo anterior, y en virtud que de la razón de cuenta se colige que el fedatario judicial se constituyó en el citado domicilio en una sola ocasión y ante la situación en que se encuentra el inmueble y que no se entrevistó con nadie; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya nuevamente en la referida morada en días y horarios distintos hábiles e inhábiles, con la finalidad de localizar a la persona buscada; y, en su caso, practique la notificación en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como el presente proveído, en los términos precisados en el mismo...
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(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a la parte quejosa Leticia Reyes Guevara, el auto de nueve de noviembre del año en curso, en virtud que al constituirse en el domicilio indicado en autos, y cerciorado de ser el correcto por tener a la vista una placa con el nombre de la calle y el número en la entrada del edificio, al acudir tocó la reja y tras esperar un lapso de diez minutos, nadie acudió a su llamado, sin que haya dejado aviso de notificación, pues no pudo entrar al inmueble y no tiene la certeza de que al dejarlo en la entrada del lugar la notificación llegara a su destinatario. Atento a lo anterior, y en virtud que de la razón de cuenta se colige que el fedatario judicial se constituyó en el citado domicilio en una sola ocasión y ante la situación en que se encuentra el inmueble y que no se entrevistó con nadie; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya nuevamente en la referida morada en días y horarios distintos hábiles e inhábiles, con la finalidad de localizar a la persona buscada; y, en su caso, practique la notificación en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como el presente proveído, en los términos precisados en el mismo...
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San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la promovente Leticia Reyes Guevara, a través del cual, desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que indicara si lo que pretendía reclamarle al Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, era la omisión de citar a la parte imputada a la audiencia de formulación de imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN; asimismo, para que manifestara si la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN, ya se judicializó ante el juez de control correspondiente; y, de ser el caso, indicara la fecha en que ello aconteció; de igual forma, para que precisara qué actos son los que reclama a las diversas autoridades señaladas como responsables, esto es, al Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado; y al Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; y, por último, manifestara bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama. Al respecto, téngase a la parte quejosa indicando que el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, esto es, al Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, al Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado; y al Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, lo es la omisión de citar a la parte imputada a la audiencia de formulación de imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN. En mérito de lo anterior, al efecto se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. I. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de prevención, se advierte que la quejosa Leticia Reyes Guevara, acude a esta instancia constitucional a inconformarse, respecto del acto consistente en la omisión de citar a la parte imputada a la audiencia de formulación de imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN, por una parte, al Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, y al Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla. Lo que se traduce como omisión por parte de las responsables de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de inicial de imputación, en los autos de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN. Respecto del citado acto reclamado tanto al Juez de Control, como al Notificador adscrito a dicho juzgado de oralidad, es factible advertir que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia inicial de imputación, en los autos de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez de Control por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión de señalar día y hora para la audiencia inicial de imputación, y así se pueda resolver la situación jurídica del quejoso; y, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la resolución que en su caso se realice, se limitará al acto omitido por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tal omisión. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente la omisión indicada y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." II. Por otra parte, respecto de dicho acto reclamado consistente en la omisión de citar a la parte imputada a la audiencia de formulación de imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN, reclamada al Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, debe decirse que respecto del citado acto reclamado, se advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [...]" Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resultando aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sin embargo, debe decirse que al Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues no cumple con el extremo que se necesita para ser considerado como tal. Esto es así, puesto que de la demanda de amparo se desprende que la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN, de la cual deriva el acto que ahora se reclama, ha sido judicializada; ya que la quejosa refirió, bajo protesta de decir verdad, que la fecha en la que se judicializó la referida carpeta judicial administrativa, ante el Juez de control correspondiente, por los delitos de uso de documento falso y despojo en grado de tentativa fue el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, y esta misma se volvió a ratificar por medio de la petición de la representación social el quince de julio de dos mil veintiuno. Por tanto, quien esto suscribe advierte la actualización de la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, ya que el acto que se pretende combatir no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que a quien se lo reclama, esto es, al Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como tal, dado que su actuación no es de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 Constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; sin embargo, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, debe indicarse que la institución del Ministerio Público, se rige, entre otros principios, por el de unidad, que implica que dicho ente es en quien recae la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos, con independencia de los agentes que sea designados y resulten necesarios para llevar a cabo los actos tendentes a la consecución de sus fines. Así, se advierte que en la especie, el Ministerio Público, visto como un ente de procuración de justicia, ha pasado a formar parte del procedimiento judicial y ha dejado de tener la calidad de autoridad, por lo cual, las determinaciones que pudiera emitir u omisiones en que pudiera incurrir no pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, dado que sus actos ahora se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico; esto es así, ya que al judicializarse la carpeta de investigación, este ha cambiado de calidad a ser un sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. De ahí que la omisión que reclama del Ministerio Público responsable, no puede concebirse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues se trata de la actuación de una de las partes que intervienen en el proceso judicial y que, en su caso, puede ser objeto de control judicial por parte del órgano jurisdiccional que conoce de la carpeta judicial administrativa, a quien corresponde regular los actos procesales que desarrollen las partes. Resulta orientadora la tesis aislada II.3o.P.75 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 75, febrero de 2020, tomo III, página 2278, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia." Así como la tesis aislada I.8o.P.23 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de 2019, tomo VI, página 5285, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA A CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO EL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En consecuencia, el acto que reclama la promovente a la representación social no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de la autoridad que lo emite, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 22 DE octubre DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021. Que el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. También se aprecia que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1031/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones IV y V, 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente Leticia Reyes Guevara, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente bajo protesta de decir verdad: PRIMERO. Indique bajo protesta de decir verdad, si lo que pretende reclamarle al Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, la omisión de citar a la parte imputada a la audiencia de formulación de imputación, dentro de la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN. SEGUNDO. Manifieste si la carpeta judicial administrativa CJA90/2019/ACATLAN, ya se judicializó ante el juez de control correspondiente; y, de ser el caso, indique la fecha en que ello aconteció. TERCERO. Precise qué actos son los que reclama a las diversas autoridades señaladas como responsables, esto es, al Agente del Ministerio Público Investigador, con sede en Acatlán de Osorio, Puebla, perteneciente a la Fiscalía General del Estado; y al Notificador adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución, de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla. Lo anterior, en virtud de que del capítulo respectivo a los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa únicamente refiere lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: Bajo Protesta de decir verdad, de la autoridad señalada como Responsable, reclamo el hecho de no darle tramite de manera oportuna, pronta y expedita a las acciones que por oficio deberían tomar para la debida conducción del procedimiento, y CITACIÓN a audiencia de IMPUTACIÓN a los señalados como responsables del delito, dentro del la CJA90/2019/ACATLAN radicado en el juzgado De Oralidad Penal y ejecución, Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla, en específico el hecho de no darle tramite de manera oportuna a mi carpeta judicial administrativa, aun cuando es una acción que se maneja por esta autoridad como URGENTE, contraviniendo a lo establecido en el. (.)". Sin que esta potestad Federal, pueda advertir qué es lo que reclama en específico a dichas autoridades señaladas como responsables. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; aunado a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Pues de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales y, en la especie, resulta necesario para este órgano jurisdiccional a efecto de mejor proveer en relación a la medida cautelar solicitada. CUARTO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama. Ello es así, pues de un estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa fue omisa en señalar en un capítulo exclusivo los antecedentes de los actos que reclama por esta vía constitucional, y por tanto, fue omisa en manifestarlos. Lo anterior implica que la demanda de amparo sea obscura en ese sentido y no se pueda plantear la litis de manera correcta en el presente juicio de derechos fundamentales. Además, la omisión en que incurrió la promovente resulta relevante a efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación del inconforme narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Luego, para dar cumplimiento al anterior requerimiento la promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados citados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.127/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página treinta y dos, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y nueve cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la ley de amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Hágase del conocimiento de la promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese a la promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Téngase como domicilio convencional de la parte quejosa, el que proporciona en su escrito de demanda. De igual forma, por cuanto hace a la cuenta de correo electrónico proporcionado, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con el diverso 5 de su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase este únicamente para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentarse promociones a través del mismo ni realizarse notificaciones por ese medio, al no estar contemplado para dichos fines en la ley de la materia. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edgar Torres Ramírez, ya que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y, téngase como autorizado en los términos restringidos del citado numeral a Sergio Alonso Patrón León, pues no obstante que la parte quejosa pretende autorizarlo en los términos amplios previstos en el citado numeral, no proporcionó los datos necesarios a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tiene inscrita su cédula de licenciado en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. Sin perjuicio de que una vez que acredite dicha circunstancia, podrán ser autorizado en los términos planteados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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