LETICIA DAZA DAVILA y Otros.

Expediente 874/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
874/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Gobernador del Estado de Puebla
  • LETICIA DAZA DAVILA y Otros.
  • JORGE ALFONSO CORONA DAZA y Otros.
  • Leticia Daza Davila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil dieciocho. Intégrese a sus autos, únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el representante del Gobernador del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el veintiuno de septiembre pasado, se sobreseyó en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; y el once de octubre en curso quedó firme esa resolución. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para el suscrito Juez de Distrito que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 7. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, del referido auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues aquel no perjudica de alguna manera a esa autoridad, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Intégrese a sus autos el oficio signado por el representante del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación; a través del cual rinde su informe justificado; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se sobreseyó el presente asunto, fuera de la audiencia constitucional. Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Intégrese a sus autos el oficio signado por el representante del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; a través del cual -en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 17)- informa que acató la suspensión de plano concedida al quejoso Jorge Alfonso Corona Daza; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que mediante proveído de veintiuno de septiembre pasado, se sobreseyó el presente asunto, fuera de la audiencia constitucional. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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