Leticia Micaela Ortiz Sánchez
Expediente 518/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leticia Micaela Ortiz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, en el juicio de amparo 518/2021-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO. EXPEDIENTES DEPURABLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.) En atención a lo anterior, se estima que este expediente es destruible, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con la promoción registrada con el folio 6601, correspondiente al juicio de amparo 518/2021-V. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la quejosa ----------, por medio de la cual, desahoga la prevención formulada en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, manifestando bajo protesta de decir verdad que dentro del juicio ordinario civil, y específicamente del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que a la brevedad posible proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión de ----------- , no le decretaron apercibimiento alguno. Asimismo, aclara que la autoridad que emitió el auto es el Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y no así el Juez de Cuantía Menor de esa misma jurisdicción. Atento a lo anterior, téngase a la parte quejosa desahogando en los términos precisados y provéase lo conducente. En ese orden de ideas, vista de nueva cuenta el escrito de demanda y escrito aclaratorio suscritos por ------------ , contra actos del Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Precisado lo anterior, y a fin de mejor comprensión del asunto, en primer término se analiza la procedencia del amparo respecto del acto consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que a la brevedad posible proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión de la demandada ------------, a fin de llevar a cabo su emplazamiento al procedimiento civil sobre recisión de contrato, de la estadística del Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. La cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. En el caso, se actualiza la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto del auto reclamado, pues tal determinación fue recurrida a través del recurso de revocación, y ello permitió, conforme al sistema recursivo, pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó la determinación cuestionada. En este sentido, si el acto analizado consiste en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que a la brevedad posible proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión de la demandada --------------, a fin de llevar a cabo su emplazamiento al procedimiento civil sobre recisión de contrato, de la estadística del Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es claro que dicha determinación quedó sustituida procesalmente por la diversa resolución interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de revocación que interpuso la propia quejosa en la que se confirmó el auto indicado en primer término. Esto es, la resolución interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, es la que actualmente prevalece y sustituyó procesalmente los efectos generados por el auto analizado y, por tanto, el juicio de amparo promovido, resulta improcedente. Resulta aplicable, la tesis I.2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA." Por otra parte, respecto del diverso acto consistente en la interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que a la brevedad posible proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión de la demandada ----------, a fin de llevar a cabo su emplazamiento al procedimiento civil sobre recisión de contrato, de la estadística del Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se estima que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Por su parte, el ordinal 107, fracción III, inciso b), Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." En este punto, es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales de la parte quejosa, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de los llamados derechos humanos, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo Luego entonces, si la quejosa reclama en este asunto la interlocutoria de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación que interpuso contra el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que a la brevedad posible proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión de la demandada -----------, a fin de llevar a cabo su emplazamiento al procedimiento civil sobre recisión de contrato, de la estadística del Juez Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En ese sentido, dicho acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así, pues actuación reclamada, no quebranta en perjuicio de la quejosa, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. En ese sentido, el acto reclamado analizado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación. En efecto, el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos de la justiciable, ya que sólo pueden considerarse como violaciones al procedimiento, encuadrables en el artículo 172, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al resultar actualizadas las causas de improcedencia previstas en las fracción XXI y XXIII, ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo, y esta última relacionada con artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional, procede desechar la demanda de amparo promovida por -------------, por su propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por ----------, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 518/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir al quejoso cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y,} Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En consecuencia, precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ------------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, si dentro del Juicio Ordinario Civil del índice del Juez de Cuantía Menor de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, específicamente del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que a la brevedad posible proporcionara el nombre y domicilio del representante legal de la sucesión de Isabel Meléndez de Camacho, le decretaron algún apercibimiento, y en caso de ser así, manifieste en qué consiste el mismo. Lo anterior es así, ya que de la demanda que ahora se analiza, únicamente hace referencia que la autoridad responsable le requirió el nombre y domicilio de la sucesión de Isabel Meléndez de Camacho, sin especificar si tuvo alguna medida de apremio en caso de ser omisa o cuál sería la consecuencia a lo anterior. En efecto, precisamente dicho antecedente constituye la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por este, la relación concisa de las actuaciones previas al acto reclamado; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial; ello, a fin de fijar correctamente la litis. Por tal motivo, es indispensable que realice dichos antecedentes de manera completa para la procedencia del juicio de amparo indirecto, siendo necesario satisfacer dicho requisito, para tener certeza de que la parte agraviada narró los antecedentes del acto reclamado conduciéndose con verdad. Asimismo, deberá exhibir dos copias de su escrito de desahogo, a fin de correr traslado a cada una de las partes en el presente asunto. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento a los puntos en prevención, dentro del término señalado para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo designado. En ese sentido, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21, de la Ley de la materia. También, se hace del conocimiento al Actuario Judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados de la quejosa a las personas que señala en su ocurso, quienes sólo podrán oír y recibir notificaciones, y documentos e imponerse de autos, hasta en tanto acrediten tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro orden de ideas, en términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, asimismo, proporcione un correo electrónico y un número telefónico para establecer contacto en caso de ser necesario. Se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto German Jaén León, siendo el número 55 53870500, extensión 1384, para la atención del presente asunto, así también se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Igualmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto, se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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