Leticia Garduño Cruz
Expediente 739/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leticia Garduño Cruz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda amparo promovida por ------- y ----------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese personalmente por medio de listas a las promoventes, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ---------- y ----------, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 739/2020-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre esas bases, se precisa que las quejosas señalaron como acto reclamado: El auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 1160/2019, en el cual se ordenó al ejecutor adscrito poner en posesión de los bienes embargados en la diligencia de tres de marzo de dos mil veinte, a la depositaria judicial, en el domicilio de la parte demandada. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que las quejosas no agotaron el principio de definitivita, el cual establece como elemento sine qua non para la procedencia del juicio de amparo, que deben agotarse antes de interponer el procedimiento constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame, y que puedan modificarlo, confirmarlo o revocarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; en efecto este es un medio extraordinario de defensa, sui generis, que tiene por objeto invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recurrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad, salvo los casos que establece el propio numeral. Además, los medios de defensa ordinario deben agotarse con independencia de si el acto reclamado es susceptible de causar una afectación irreparable o no, tal como lo dispone la jurisprudencia, I.3o.C. J/39, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1214, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Ahora bien, de la fracción en estudio también se advierte que existen ciertas excepciones a la obligación de acatar el principio de definitivitad. El primer supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. El segundo, a actos que puedan dar lugar a una privación de la libertad, como las ordenes de aprehensión o el auto de vinculación. El tercer supuesto de excepción, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la ley también establece que no hay necesidad de agotar el principio de definitividad si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Establecido lo anterior, se estima actualizada, en el caso en concreto, de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia, ya que el acto reclamado se trata de un acuerdo dictado dentro de un juicio ejecutivo mercantil, respecto del cual procede el recurso de revocación, conforme al artículo 1334 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." De la anterior transcripción se evidencia, que en contra del proveído aquí combatido, el cual deriva de un juicio ejecutivo mercantil, las quejosas debieron interponer recurso de revocación. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia PC.XXII. J/22 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, Página 1884, de rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER PROVEÍDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL CUAL EL JUZGADOR, DE OFICIO, SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA, ORDENA SU ARCHIVO Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece los casos de excepción al principio de definitividad, entre ellos, el relativo a que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal correspondiente se sujete a una interpretación adicional o su fundamento jurídico sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponerlo o de acudir directamente al juicio constitucional. Ahora, el primer proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el cual el juzgador, de oficio, se declara incompetente por razón de la materia para conocer de la demanda, ordena su archivo y deja a salvo los derechos del actor en términos de los artículos 1114, fracción V, y 1115, primer párrafo, segunda parte, del Código de Comercio, que por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque dicha actuación constituye un auto definitivo emitido de oficio y de plano por el juzgador que impide la prosecución del juicio, es decir, no se trata de una sentencia interlocutoria, pues no resuelve una incompetencia por inhibitoria o declinatoria, a instancia de parte, la cual deriva de la tramitación de un procedimiento o incidente en términos de los artículos 1116 y 1117, respectivamente, del citado ordenamiento legal; lo que no implica una interpretación adicional, pues al respecto las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2010, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponen que los autos (sin distinguir entre provisionales, preparatorios o definitivos) recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el de apelación; por ende, contra el mencionado auto debe agotarse el recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo directo." En efecto, conforme al artículo referido, las quejosas (terceras opositoras en el juicio natural) podrán recurrir las determinaciones ante la propia autoridad que las emitió, siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación, como es el caso; además de que a través de ese medio de defensa legal, se puede lograr la modificación, revocación o anulación del acuerdos que tacha de inconstitucional en este momento. Ahora bien, no pasa desapercibido para este juzgador el hecho de que las quejosas se ostentan como terceras extrañas al juicio, al referir que el trece de octubre de dos mil veinte acudieron al juzgado responsable a indicarle que ellas eran las propietarias de los bienes embargados y que ya se encontraban en trámite las tercerías excluyentes de dominio, a pesar de lo cual, según refieren en su demanda de amparo, el secretario de acuerdos les manifestó que las tercerías se llevan por cuerda separada y que ellas no eran parte en el juicio principal. Sin embargo, contrario a lo expuesto en la demanda de amparo, si bien es cierto que las terceristas son partes directas únicamente en el proceso incidental (tercería excluyente de dominio), lo cierto es que al promover ese incidente, a la vez se constituye en una persona vinculada en la secuencia procedimental del proceso o procedimiento principal, respecto de las actuaciones de éste que puedan afectar de cualquier manera al bien o derecho que persigue en la tercería y hacer difícil o imposible la satisfacción de las pretensiones perseguidas con dicho procedimiento incidental, en consecuencia, resulta evidente que si las partes promovieron tercerías excluyentes de dominio en el juicio natural, no les reviste el carácter de terceras extrañas a juicio, sino el de terceras opositoras. Es decir, desde el momento en que promovieron la citada tercería, perdieron su calidad de terceras extrañas a juicio y se convirtieron en terceras opositoras; ello es así pues, la finalidad de dicha tercería, es que se nulifique, revoque o modifique el embargo dentro del juicio de origen; por tanto, desde el momento en que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño y, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda. Al respecto resulta ilustrativa la tesis I.4o.C.239 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Pag. 2163, de rubro y teto: "NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO PRINCIPAL. TAMBIÉN SURTEN EFECTOS AL TERCERISTA. Las notificaciones hechas por medio del Boletín Judicial, de los actos procesales del procedimiento principal dentro del cual se promovió una tercería, surten efectos de notificación también respecto al actor de la tercería y, en consecuencia, dan lugar al inicio de los plazos establecidos para hacer valer los recursos o medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, previstos por las leyes, sobre la base de la naturaleza jurídica de las tercerías y de su estrecha e inescindible vinculación con el objeto del procedimiento principal en que se insertan. Esto se debe a que el procedimiento que adquiere la calidad de principal en esa correlación, es la contienda suscitada entre partes en vía de conocimiento o de ejecución, en la cual se ve involucrado el bien o derecho, cuyo dominio se reclama o cuya preferencia por el pago se quiere hacer prevalecer en la tercería. Por su parte, la tercería tiene un carácter de juicio incidental, lo que implica que es un litigio con objeto propio pero estrechamente vinculado con la controversia ventilada en otro juicio, por lo cual no se promueve autónomamente ni marginalmente al juicio de la relación, sino dentro de éste, y su instrucción sigue la forma adoptada generalmente para los incidentes. Lo anterior pone en evidencia que quien promueve la tercería es parte directa únicamente en el proceso incidental que se abre con ella, pero a la vez se constituye en una persona vinculada en la secuencia procedimental del proceso o procedimiento principal, respecto de las actuaciones de éste que puedan afectar de cualquier manera al bien o derecho que persigue en la tercería y hacer difícil o imposible la satisfacción de las pretensiones perseguidas con dicho procedimiento incidental. Por tanto, las notificaciones que el Juez de la causa ordene por medio del Boletín Judicial de los actos procesales surgidos en el procedimiento principal, deben entenderse dirigidas no sólo a las partes formales, actor y demandado, sino también a los terceros no extraños a dicha causa, sino vinculados en los términos explicados anteriormente." Lo anterior, de igual forma encuentra sustento en la tesis: XXI.2o.C.T.12 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pag. 2898, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR IMPROCEDENTE, LA INSTADA POR EL TERCERO OPOSITOR QUE CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS MEDIOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; consecuentemente, interpretado en sentido contrario, cuando se promueve juicio biinstancial en contra del embargo de determinado bien, por aquella persona que con anterioridad hizo valer tercería excluyente de dominio en un juicio ejecutivo mercantil y que, incluso, agotó los medios ordinarios a su alcance, dicho juicio resulta improcedente ya que, desde el momento en que promovió la citada tercería, perdió su calidad de tercero extraño a juicio y se convirtió en tercero opositor; ello es así pues, la finalidad de dicha tercería, es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde el momento en que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño y, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente y debe desecharse la demanda." Sobre esas bases, se concluye que a las aquí quejosas no les reviste el carácter de terceras extrañas en el juicio de origen, en el cual ya promovieron las respectivas tercerías excluyentes de dominio, en consecuencia, si el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en el auto de treinta de septiembre del año en curso, derivado del juicio ordinario mercantil 1160/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el que se ordenó poner los bienes embargados en posesión de la depositaria judicial, es manifiesto para el suscrito que las aquí quejosas, debieron promover el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, dado que, a través de ese medio de defensa legal pueden lograr la modificación, revocación o nulificación del auto que combaten. Por tanto, es indudable que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, por lo que, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por ---------- y ----------, por propio derecho; máxime que en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones antes referidas, ya que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; tampoco actos que puedan dar lugar a la privación de la libertad; como se explicó anteriormente, las quejosas tampoco revisten el carácter de terceras extrañas; y la procedencia del medio ordinario de defensa no está sujeta a una interpretación adicional. No es inadvertido para este juzgador, que las causales de improcedencia en las que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. ----------- Ahora bien, como lo solicitan las quejosas, téngase como domicilio a efecto de oír y recibir notificaciones, la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional; y a las personas que designan, como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos y para imponerse en autos, toda vez que así lo solicitaron en su demanda de amparo.----------- Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario para que realice las notificaciones que derivan del presente asunto, aún en días y horas inhábiles; y que deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente, por medio de la lista a las promoventes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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