Leticia Martínez De Santiago

Expediente 511/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
511/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Leticia Martínez De Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que SÍ existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Recaudador de Rentas del Estado, con residencia en esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *** la cual causo ejecutoria el uno de agosto del actual y se requirió a las autoridades responsables para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala para que la autoridad responsable, Recaudador de Rentas del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, deje sin efecto el embargo trabado en los bienes inmuebles identificados como *** Lo anterior, únicamente por lo que se refiere al 50% (cincuenta por ciento) perteneciente a la quejosa ***. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos impugnados a las autoridades ejecutoras, por no haber sido reclamados por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora, respecto de la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. El diecisiete de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas del Estado, con residencia en esta ciudad, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, ordenó dejar sin efectos el embargo recaído sobre los bienes inmuebles embargados únicamente por lo que respecta a la parte alícuota correspondiente al 50% perteneciente a Leticia Martínez de Santiago; aunado a que obra oficio del Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa reporte de rechazo derivado del acta de embargo e informa que el embargo reclamado nunca fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad; lo que se acredita con las copias certificadas que anexaron las responsables. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables, dentro de su respectiva competencia, dejaran sin efecto el embargo trabado en los bienes inmuebles, lo cual así sucedió dado que el embargo ordenado por la responsable sobre los bienes descritos en los folios reales 708040 y 582216, no fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el reporte de rechazo con número de volante 3-16-17690; por tanto, aunado a que el mismo fue dejado sin efectos por la autoridad ordenadora, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    personalmente

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