Leticia Cuellar Cansino
Expediente 455/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/09/2023
Partes del expediente
- Leticia Cuellar Cansino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: 1.- El expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General. 2.- Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 17 del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables Director de Pensiones y Jubilaciones; y, Jefe de Departamento de Gestión, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajador del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de julio del año en curso, informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Esto es, informa que el veintisiete de julio del año en curso, se dictaminó por parte del Departamento de Pensiones y Jubilaciones la solicitud de Pensión de la aquí quejosa, llevándose a cabo en la misma fecha la sesión de Junta Directiva, por medio de la cual se sometió a consideración la pensión por jubilación de la parte quejosa, determinándose procedente, misma que puede ser consultada en la liga https://wwwyoutube.com/live/igWF5WCtaEA?feature=share; asimismo, solicita una prórroga, a efecto de poder remitir dicho acuerdo, así como la notificación del mismo, realizad a la quejosa. En atención a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se concede a la referida autoridad, una prórroga de cuatro días, plazo que se considera suficiente para el efecto de que se realicen las gestiones necesarias, para remitir el acuerdo y notificación de la determinación en mención. En el entendido de que la prórroga antes referida comenzará a computarse una vez que sea recibido el oficio que derive del presente acuerdo. Resulta aplicable, la jurisprudencia, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se informa a la autoridad responsable que le subsiste el apercibimiento decretado en proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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