Leticia Lara Hernández

Expediente 975/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
975/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Leticia Lara Hernández
  • Armando Velázquez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio del Director de Asuntos Contenciosos de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 4085/2020 del índice de este juzgado, al que se adjuntó el billete de depósito N811830, valioso por $2,000.00 dos mil pesos, para que su monto ingresara al erario federal. Comuníquese lo anterior al encargado de la caja de valores de este órgano jurisdiccional, para que haga las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de marzo pasado, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada dentro del presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia engrosada el quince de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, al haberse considerado que la autoridad responsable transgredió su derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la actuación judicial viciada y todos los actos posteriores, debiendo ordenar la reposición del procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen y atendiendo a las directrices plasmadas en esta sentencia. En el entendido que, como en el presente caso, el acto que resultó violatorio de derechos fundamentales, lo fue la falta de llamamiento a juicio, la reposición debiera efectuarse a partir del auto de la radicación de la demanda presentada, en el cual tendría que ordenar el emplazamiento a **********. 2. En auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que en esa fecha se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a dicha determinación. 3. Mediante auto de dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, remitiendo el oficio 501/2018, al que adjuntó copia certificada del auto dictado dentro del expediente 1127/2016/TCA/CA/IND; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. 4. Con motivo de lo anterior, el dieciséis de marzo pasado, se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El catorce de marzo de dos mil dieciocho, la responsable, dentro del expediente 1127/2016/TCA/CA/IND, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de radicación de demanda emitido por ese tribunal en fecha seis de mayo de dos mil dieciséis y todos los actos posteriores; asimismo, ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de emplazar a la tercera interesada **********, por lo que comisionó al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que lo hiciera en el domicilio de la aquí quejosa. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que se le restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, en virtud de que se dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de radicación de demanda emitido por ese tribunal en fecha seis de mayo de dos mil dieciséis y todos los actos posteriores, por lo cual ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de emplazar a la tercera interesada Leticia Lara Hernández, lo cual constituye el efecto para el que se concedió la protección constitucional; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Tomando en consideración que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del expediente y que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no se está en la hipótesis de los artículos 132 y 156 de la ley reglamentaria; por tanto, resulta innecesario conservar la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados en los autos incidentales, por lo que se deja a su disposición, en la secretaría de este órgano jurisdiccional el billete de depósito N811830, valioso por la cantidad de $2,000.00 dos mil pesos, el cual por razones de seguridad será endosado a favor del depositante y podrá recogerlo únicamente los días jueves de las nueve a las doce, en este órgano jurisdiccional. Se le hace de su conocimiento que una vez que transcurra el término de dos años que prevé el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir el mismo referido billete de depósito, prescribirá a favor del Fisco Federal.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de marzo pasado, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada dentro del presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia engrosada el quince de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, al haberse considerado que la autoridad responsable transgredió su derecho fundamental previsto en el artículo 14 constitucional. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la actuación judicial viciada y todos los actos posteriores, debiendo ordenar la reposición del procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen y atendiendo a las directrices plasmadas en esta sentencia. En el entendido que, como en el presente caso, el acto que resultó violatorio de derechos fundamentales, lo fue la falta de llamamiento a juicio, la reposición debiera efectuarse a partir del auto de la radicación de la demanda presentada, en el cual tendría que ordenar el emplazamiento a **********. 2. En auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que en esa fecha se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a dicha determinación. 3. Mediante auto de dieciséis de marzo del año en curso, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, remitiendo el oficio 501/2018, al que adjuntó copia certificada del auto dictado dentro del expediente 1127/2016/TCA/CA/IND; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. 4. Con motivo de lo anterior, el dieciséis de marzo pasado, se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El catorce de marzo de dos mil dieciocho, la responsable, dentro del expediente 1127/2016/TCA/CA/IND, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de radicación de demanda emitido por ese tribunal en fecha seis de mayo de dos mil dieciséis y todos los actos posteriores; asimismo, ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de emplazar a la tercera interesada **********, por lo que comisionó al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que lo hiciera en el domicilio de la aquí quejosa. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que se le restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, en virtud de que se dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de radicación de demanda emitido por ese tribunal en fecha seis de mayo de dos mil dieciséis y todos los actos posteriores, por lo cual ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de emplazar a la tercera interesada Leticia Lara Hernández, lo cual constituye el efecto para el que se concedió la protección constitucional; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo toda vez que se concedió la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Tomando en consideración que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del expediente y que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no se está en la hipótesis de los artículos 132 y 156 de la ley reglamentaria; por tanto, resulta innecesario conservar la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados en los autos incidentales, por lo que se deja a su disposición, en la secretaría de este órgano jurisdiccional el billete de depósito N811830, valioso por la cantidad de $2,000.00 dos mil pesos, el cual por razones de seguridad será endosado a favor del depositante y podrá recogerlo únicamente los días jueves de las nueve a las doce, en este órgano jurisdiccional. Se le hace de su conocimiento que una vez que transcurra el término de dos años que prevé el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir el mismo referido billete de depósito, prescribirá a favor del Fisco Federal.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos, con su anexo, el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

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