Leticia González Antonio

Expediente 1043/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1043/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Leticia González Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos, de la que se advierte que ***************, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, tal como se ordenó en proveído de veinticuatro de abril del año en curso; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, para que haga las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por *********************, autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos cuya devolución gestiona; previa identificación, certificación de desglose y razón que de su entrega se deje en autos. Se autoriza para que los reciba a la persona que señala. Hágase del conocimiento del gestionante que los documentos que solicita le serán devueltos únicamente de las trece a las quince horas en cualquier día hábil.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de febrero del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de once de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (primer resolutivo) y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *********** (segundo resolutivo), en contra de los artículos 4°, fracción I, inciso a), así como el 5º último párrafo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y su correspondiente aplicación, concretamente el cobro del impuesto predial. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistió en que, se aplique para el cobro del tributo la tasa menor respecto de la que corresponda al inmueble de la quejosa, para ello, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo protector, debería: Calcular la tarifa más baja que corresponda, en función del valor fiscal asignado al inmueble, por la zona en la que se encuentra ubicado. Tomando en cuenta que la suma que pagó la solicitante del amparo se encuentra actualizada al ser extemporánea y, por tanto, la tarifa que se calcule debería ser actualizada hasta la fecha de pago (********************); y, Si el monto a pagar por el impuesto predial es inferior al ya liquidado por la parte quejosa, debería devolverle el excedente debidamente actualizado. 2. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió el oficio DIIC-510/2023 de siete de febrero de dos mil veintitrés, así como el avaluó catastral de la cuenta predial ************ e informó que dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $1,535.47 (mil quinientos treinta y cinco pesos cuarenta y siete centavos), como excedente del importe ya liquidado. 3. Con motivo de lo anterior, el veinte de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Calculó la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado; y, Dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $1, 535.47 (mil quinientos treinta y cinco pesos cuarenta y siete centavos), como excedente del importe ya liquidado. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la determinación contenida en el oficio DIIC-510/2023 de siete de febrero de dos mil veintitrés, así como el avaluó catastral de la cuenta predial UL005004001, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del Municipio de Celaya, dió cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa manifestó su oposición a que se difundan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 118 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene oponiéndose a la publicación de los mismos. Notifíquese; y vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante el secretario Jesús Antonio Azuara Reyes, que autoriza y da fe.-

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de febrero del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de once de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (primer resolutivo) y se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *********** (segundo resolutivo), en contra de los artículos 4°, fracción I, inciso a), así como el 5º último párrafo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y su correspondiente aplicación, concretamente el cobro del impuesto predial. El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistió en que, se aplique para el cobro del tributo la tasa menor respecto de la que corresponda al inmueble de la quejosa, para ello, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del municipio de Celaya, en su defecto, la autoridad a la que corresponda cumplir el fallo protector, debería: Calcular la tarifa más baja que corresponda, en función del valor fiscal asignado al inmueble, por la zona en la que se encuentra ubicado. Tomando en cuenta que la suma que pagó la solicitante del amparo se encuentra actualizada al ser extemporánea y, por tanto, la tarifa que se calcule debería ser actualizada hasta la fecha de pago (********************); y, Si el monto a pagar por el impuesto predial es inferior al ya liquidado por la parte quejosa, debería devolverle el excedente debidamente actualizado. 2. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió el oficio DIIC-510/2023 de siete de febrero de dos mil veintitrés, así como el avaluó catastral de la cuenta predial ************ e informó que dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $1,535.47 (mil quinientos treinta y cinco pesos cuarenta y siete centavos), como excedente del importe ya liquidado. 3. Con motivo de lo anterior, el veinte de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Calculó la tarifa más baja que correspondiera, en función del valor fiscal asignado al inmueble de la quejosa, por la zona en la que se encuentre ubicado; y, Dejó a disposición de la parte quejosa la cantidad de $1, 535.47 (mil quinientos treinta y cinco pesos cuarenta y siete centavos), como excedente del importe ya liquidado. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con la determinación contenida en el oficio DIIC-510/2023 de siete de febrero de dos mil veintitrés, así como el avaluó catastral de la cuenta predial UL005004001, el Director de Impuesto Inmobiliario de la Tesorería del Municipio de Celaya, dió cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b), del artículo 18, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al presente asunto, el acuerdo mediante el cual la causó ejecutoria, así como el presente acuerdo que ordena su archivo como asunto concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa manifestó su oposición a que se difundan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 118 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene oponiéndose a la publicación de los mismos. Notifíquese; y vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante el secretario Jesús Antonio Azuara Reyes, que autoriza y da fe.-

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