Leticia Gomez Cruz
Expediente 311/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leticia Gomez Cruz
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo1, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. ? Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. **** Archivo y Documentación.***? Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Congreso de la Unión; y, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Residentes en la ciudad de México. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 311/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto el siguiente: Decreto de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, particularmente los ordinales 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 Quater y 125 Septies; así como los Transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo primero, Décimo segundo, Décimo tercero, Décimo cuarto, Décimo quinto, Décimo sexto, Décimo séptimo, Décimo octavo, Décimo noveno, Vigésimo, Vigésimo primero, Vigésimo segundo, Vigésimo tercero, Vigésimo cuarto, Vigésimo quinto, Vigésimo sexto, Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Improcedencia por ser actos de autoridades en materia electoral. Esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61. El precepto de la Ley de Amparo establece la improcedencia de la acción contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Esta causal no se surte solamente por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Posteriormente, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la tesis: 2a./J. 61/2011 dispuso que el sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados. Siguió que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos, y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal. Análisis del caso concreto. Sentadas las premisas anteriores, es pertinente establecer lo dispuesto por la Carta Magna sobre el acto reclamado por la aquí quejosa. Así, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Dicho Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. ***** De los preceptos mencionados se advierte que la reforma electoral implica una modificación orgánica, estructural y de funcionamiento en el Instituto Nacional Electoral, y el Consejo General es la institución encargada de su ejecución, en donde uno de los fines es el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Ahora, la parte quejosa acude a la instancia constitucional por derecho propio, ostentando el cargo operadora de equipo tecnológico en Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, donde exhibe diversas constancias con las que acredita la relación laboral, y arguye que con motivo del decreto, se verá afectada su situación laboral adquirida, ya que la relación será normada por disposiciones distintas a las contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional; que será separada de su empleo que desarrolla como personal calificado; y que desaparecerá el área en la que prestaba sus servicios, con prestaciones distintas a las que recibe. En ese sentido, la reforma electoral tiene por efecto una modificación en la estabilidad del empleo del promovente, pues se modifican las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta; modificación laboral que deriva de la reforma electoral reclamada no solo a autoridades legislativas, sino también a diversas dependencias del propio Instituto Nacional Electoral. Esto es, la reforma electoral menciona que a más tardar el uno de mayo de dos mil veintitrés, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Por lo que se concluye que la causa de pedir, versa sobre las modificaciones a las condiciones de trabajo del peticionario del amparo que serán ejecutadas por el Instituto Nacional Electoral a través del Consejo General. Es decir, las modificaciones a las condiciones de trabajo de la parte quejosa en su carácter de operadora de equipo tecnológico del Instituto Nacional Electoral, tiene como finalidad modificar las remuneraciones y otras prestaciones al empleo o cargo que ostenta la promovente, diversas a las que ahora tiene. Modificaciones salariales y de funciones que constituyen conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y la promovente del amparo. Por ello, tal diferencia laboral debe ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio respectivo que se rige por disposiciones en esa materia; ello, con base en el ordinal 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues tiene que ver con la aplicación del Decreto reformatoria de leyes electorales. Por ende, en esos supuestos, el acto o resolución están sujetos al control constitucional a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Lo expuesto, ya que como lo mencionó el Pleno del Máximo Tribunal del país, la causal en comento no se surte solamente por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos. Aunado a que las violaciones a las que alude puede hacerlas valer ante la autoridad electoral competente, quien, en su caso, vigilará el cumplimiento de los derechos humanos contemplados constitucional y convencionalmente. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. **** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV, del artículo 61, en relación con el numeral 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. ** Instrucción a la Oficial Judicial «A». Correo electrónico y número telefónico para contacto.
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