Leticia del Rosario Maldonado Salgado

Expediente 385/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
385/2017
Año
2017
Actuaciones
33
Última actuación
25/07/2018

Partes del expediente

  • Leticia del Rosario Maldonado Salgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por la Juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, sin que hubiese hecho manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y de conformidad con lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se tiene que mediante resolución de quince de junio de dos mil dieciocho, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Capital, en el recurso de inconformidad número 1/2018, resolvió: ÚNICO. Es fundado el presente recurso de inconformidad. En tal razón, la superioridad estableció que no estaba cumplida la ejecutoria de amparo y estimó que no se restituyó a la quejosa el goce de sus derechos violados por lo que la autoridad responsable Juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, debería ordenar al notario público 1 de Comonfort, Guanajuato, devolviera el expediente de origen, lo que implicaría que no se siguiera el trámite de escrituración hasta que se resolviera el recurso de revocación, pues éste precisamente se interpuso en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete que ordenó la escrituración del inmueble materia del remate en el juicio de origen; de ahí que si en el caso se habían verificado las diversas actuaciones derivadas de la no admisión de ese medio ordinario de defensa, consistentes en la protocolización de la escritura pública del inmueble en controversia de siete de marzo de dos mil diecisiete y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; el auto de veintinueve de mayo de esa anualidad, en que se ordenó poner en posesión del bien a la tercera interesada ***; la diligencia de posesión material del veinticuatro de mayo siguiente y el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en que se dejó a disposición de la actora en el juicio de origen la cantidad de ***; entonces, todos esos actos resultaban indebidos porque rebasaban el contenido del referido recurso de revisión instado en contra de la orden de escrituración del predio rematado. Motivo por el cual se requirió a la Juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, a fin de que diera cumplimiento a la misma; en atención a lo anterior, previo oficio para acreditar que se encontraba en vía de cumplimiento, remitió los oficios registrados bajo los números 5259, 5612 y 5658, en los que manifestó lo siguiente: Admitió el recurso de revocación promovido en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y dejó insubsistentes y sin efecto: la protocolización realizada por el notario público número 1 de Comonfort, Guanajuato, respecto de la escritura pública número ***, y la cancelación del registro número ***, del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, relativo a la casa habitación ubicada en calle ***, girando los oficios correspondientes, y ordenó restituir a *** la posesión del referido inmueble. Adjuntó constancia de notificación al Encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en esta ciudad y constancia de diligencia de posesión material de un bien inmueble, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito; y, de igual forma. Adjuntó copia certificada de cancelación del registro número *** del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que dichas determinaciones le fueron notificadas a la parte quejosa a través de este Órgano de Control Constitucional el cuatro y diecisiete de julio del año en curso. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª./J.36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, de rubro y texto siguientes: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8º. Constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contesto por escrito la petición que le formulo el quejoso e intento notificarle sin éxito, o aun cuando este haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encantándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga en su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimiento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. Por tanto, toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable dio respuesta a la petición de la parte quejosa, el cual se le notificó por conducto de este Tribunal Federal, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria decretada en el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena ARCHIVAR el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Asimismo, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Y, dado que quedó insubsistente el auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto, se reitera el glose del original del incidente de suspensión respectivo; de igual forma, el mismo será susceptible de DESTRUCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue negada la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento en sus términos a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías, esto es, admitió el recurso de revocación promovido en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete y dejó insubsistentes y sin efecto: la protocolización realizada por el notario público número 1 de Comonfort, Guanajuato, respecto de la escritura pública número ***, y la la cancelación del registro número *** (folio real **, del Registro Público de la Propiedad y esta ciudad, relativo a la casa habitación ubicada en calle Ingeniero ***, girando los oficios correspondientes, y ordenó restituir a Leticia del *** la posesión del referido inmueble.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, con el que remite testimonio de la resolución pronunciada por ese tribunal, en el recurso de inconformidad número 1/2018 relativo al juicio de amparo número 385/2017 interpuesto por ***; y envía los autos del juicio de amparo número 385/2017-VII 1; cuyos único punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO. Es fundado el presente recurso de inconformidad. En razón de lo anterior, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, glósese el cuadernillo de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora bien, la superioridad establece que no está cumplida la ejecutoria de amparo, dado que en el juicio constitucional del que deriva la inconformidad, el acto reclamado lo constituyó, entre otros, el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete, siendo que la tutela federal se otorgó para que el mismo se dejara sin efecto y, en su lugar, se dictara uno nuevo en el cual, en aras de resolver sobre la admisión del recurso de revocación interpuesto en contra de la orden de escrituración del inmueble materia del remate efectuado en el juicio especial civil C-219/2015, sin mayor dilación, realizara todas las gestiones necesarias para que el titular de la Notaría Pública número 1 en Comonfort, Guanajuato, devolviera los autos y hecho que fuera, proveyera lo que en derecho corresponda sobre la procedencia de la revocación, para lo cual quedaba con plenitud de jurisdicción. Sin embargo, la superioridad estima que no se restituyó a la quejosa el goce de sus derechos violados, por lo que la autoridad responsable Juez Primero Civil de esta ciudad, debe ordenar que se solicite al notario público 1 de Comonfort, Guanajuato, devuelva el expediente de origen, lo que implica que no se siguiera el trámite de escrituración hasta que se resolviera el recurso de revocación, pues éste precisamente se interpuso en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete que ordenó la escrituración del inmueble materia del remate en el juicio de origen; de ahí que si en el caso se han verificado las diversas actuaciones derivadas de la no admisión de ese medio ordinario de defensa, consistentes en la protocolización de la escritura pública del inmueble en controversia de siete de marzo de dos mil diecisiete y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; el auto de veintinueve de mayo de esa anualidad, en que se ordenó poner en posesión del bien a la tercera interesada ***; la diligencia de posesión material del veinticuatro de mayo siguiente y el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en que se dejó a disposición de la actora en el juicio de origen la cantidad de ***; entonces, todos esos actos resultan indebidos porque rebasan el contenido del referido recurso de revisión instado en contra de la orden de escrituración del predio rematado. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero Civil de Partido en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, de la cual se le remite copia y que deberá constreñirse a la misma, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. Por otra parte, tomando en consideración que dicha responsable goza de autonomía e independencia en su actuar, no es el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico, atendiendo lo plasmado de manera específica en la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito en Guanajuato, Capital, al resolver el amparo en revisión administrativo número 6/2016, interpuesto en los autos del juicio de amparo número 931/2015, del índice de este Juzgado Federal, quien refirió que toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194 de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia de rubro: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.

  4. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual acusa recibo del oficio número 1492/2018, de la numeración de este juzgado, con el que se le comunica la resolución dictada en el incidente de nulidad de notificaciones.

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