Leticia Galvez Vivas
Expediente 289/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leticia Galvez Vivas
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 58/2022, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que el Tribunal Colegiado confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Devolución documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado acusa recibo y admite recurso de queja. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso comunicado 8173/2022; asimismo, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Luis Roberto Guillén López, autorizado de la parte quejosa, contra el auto de quince de marzo de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo en el presente juicio, dando origen al expediente 58/2022 de su índice; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Se vincula expediente y se comisiona analista SISE. Por otra parte, en atención a su solicitud, mediante oficio que al efecto se libre, hágase del conocimiento del Tribunal de Alzada que a efecto de tener acceso y eficientar recursos materiales y humanos, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico en que se actúa para efectos de su vinculación con el expediente 58/2022 de su índice. Asimismo, para un mejor entendimiento, se hace saber al Tribunal de Alzada solicitante, que puede comunicarse vía telefónica a la extensión 1184, en un horario de 7:45 a 13:45 horas, correspondiente al Analista Jurídico SISE, a fin de que si se requiere, se haga posible la vinculación del expediente electrónico en los términos antes señalados. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por Luis Roberto Guillén López, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer por el autorizado de la parte quejosa, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por el recurrente y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Por otra parte, sin que haya lugar a tener al citado apoderado señalando el domicilio que refiere para oír y recibir notificaciones en esta instancia constitucional, toda vez que en auto de quince de marzo del presente año se le tuvo proporcionando dicho domicilio y se acordó lo conducente al respecto; asimismo se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones en esta instancia a Mauro Gabriel Reyes, Alejandra Ferrer Rangel y Amayrani Guzmán Ortiz, por así haberlo solicitado expresamente; no así a los diversos Víctor Manuel Morales Pérez, Martín García Moreno y José Antonio Sánchez de León, en razón de que en el proveído de quince de marzo antes referido, se proveyó lo conducente respecto de la autorización de esas personas. Finalmente, respecto de la solicitud que realiza en el sentido de que se le autorice para continuar el juicio de amparo en esta instancia constitucional, para lo cual proporciona el nombre de usuario "abogadoguillen" y el correo electrónico guillen.despacholaboral.104@gmail.com; en atención a dicha solicitud se le hace saber que en proveído de quince de marzo pasado se le tuvo proporcionando ese nombre de usuario y correo electrónico, por lo que ya se acordó lo conducente. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 289/2022. De conformidad con el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado DESECHAMIENTO POR FALTA DE FIRMA. Visto el escrito de demanda del que se advierte que carece de firma del quejoso Erick Hurtado López En ese tenor, es menester establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda En ese sentido, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". Del primer artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que ocasione una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Concatenado a ello, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por tanto, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe declararse la improcedencia del juicio. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo de cuenta se advierte que no calza firma autógrafa de Erick Hurtado López, lo que se puede corroborar de lo asentado en el sello de recibido por la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado quien asentó como observación lo siguiente: "Nota: La demanda de amparo no cuenta con una firma de los suscriptores.". Al respecto, se considera aplicable por analogía la jurisprudencia 2a. /J. 32/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 4, tomo 4, enero de 2012, página 3632, la cual establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Del criterio invocado, se desprende que los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a revisar, entre otros elementos, si las promociones fueron recibidas en original y con firma autógrafa, debiendo relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente; y, en caso de no hacer lo anterior, se presumirá que se exhibió en original y con la signatura referida. En este orden de ideas, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito, el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho, es por ello que, ante la falta de firma original o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta o dudosa, no hay forma de saber si es voluntad del peticionario del amparo, promover el juicio constitucional, lo que convierte a la promoción de que se trate en un documento privado de autenticidad, con lo que queda evidenciado que la carencia de firma autógrafa se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su ausencia de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, si la demanda carece de firma autógrafa de Erick Hurtado López, no se aprecia la voluntad de éste de presentarla, por no contener su firma y dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención, pues no se trata de una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni una de las irregularidades a que se refiere el numeral 114 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 80, segunda parte, página 29, que establece: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata.". De ahí, la falta de firma de la demanda de amparo, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, se desecha la demanda de amparo por falta de firma de Erick Hurtado López. SE DESECHA LA DEMANDA POR LOS DIVERSOS QUEJOSOS AL NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD. Como cuestión inicial, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda promovida por 1) Leticia Gálvez Vivas; 2) Ana María Ceja Rodríguez; 3) Ana Rosa Carriedo Valadez; 4) J. Jesús Cabezas Gudiño; 5) Gloria Martha Carmona Jiménez; 6) María Teresa Torres López; 7) Josefina Díaz González; 8) Ángela Artemiza Loza Domínguez; 9) Hilda Susana Torres Ceja; 10) Lidia Ramírez Hernández; 11) Ma. Ángeles Cárdenas Sánchez; 12) Graciela Frutos Martínez; 13) Maribel Guadalupe Lúa Arteaga; y 14) Brisa Nava Ramírez, por propio derecho, en su calidad de trabajadores en activo del Hospital General de Sahuayo, Michoacán, dependiente de la Secretaria de Salud en Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, afiliados al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, "General Lázaro Cárdenas", (S.T.D.S.S.M.), se precisa que el acto reclamado por los citados quejosos consiste en: ".respecto del escrito de fecha 21 de Febrero del año 2022, dos mil veintidós, en virtud de que realiza una discriminación de igualdad al no otorgar a los ahora quejosos el Vale de productividad en virtud de que en el Reglamento de productividad, dichas reglas fueron creadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y actualizada por el Comité Ejecutivo Nacional y que únicamente se entregan a los que se encuentren afiliados a dicha organización sindical nacional, violando con ello lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su reglamentaria supletoria Ley Federal del Trabajo y el Convenio número 87 relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical, de la Organización Internacional del Trabajo. en sus artículos 2. 3 y 6 del Convenio número 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa para el desempeño rápido y eficaz de sus funciones, y los criterios orientadores de la Recomendación número 143 sobre los representantes de los trabajadores del referido organismo, los cuales no hacen distinción alguna respecto de los sindicatos titulares de los contratos y los minoritarios." Acto que reclaman a la Comisión de Productividad del Hospital General de Sahuayo, Michoacán, dependiente de la Secretaria de Salud en Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, a través del Director Sindical Sección XXI, Subdirectora Administrativa, Suplente Sindical, Jefe de Recursos Humanos y Secretaria Técnica de dicha Comisión. Para mejor comprensión de los actos reclamados se hace relación de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa. Los quejosos son trabajadores en activo del Hospital General de Sahuayo, Michoacán, dependiente de la Secretaría de Salud en Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, y se encuentran afiliados al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, "General Lázaro Cárdenas", (S.T.D.S.S.M.), que se encuentra registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, bajo el número de registro de sindicato 01/2007. El veintiocho de febrero del año en curso recibieron un escrito en el cual se hace de su conocimiento el diverso de fecha veintiuno del mes y año señalado, mismo que le fue entregado a su Delegada Sindical Leticia Gálvez Vivas, y en el cual refieren que "se realiza una discriminación de igualdad" al no otorgar a los ahora quejosos el vale de productividad, en virtud de que en el Reglamento de productividad, dichas reglas fueron creadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud y actualizada por el Comité Ejecutivo Nacional y que únicamente se entregan a los que se encuentren afiliados a dicha organización sindical nacional. Siendo esta determinación escrita de veintiuno de febrero del año en curso el acto aquí reclamado. Precisado lo anterior, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal . Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsables no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridades responsables a las señaladas, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que el acto reclamado dimana en forma directa de la relación laboral que existe entre los quejosos, como trabajadores sindicalizados y la Secretaría de Salud, de la que depende el Hospital General de Sahuayo, Michoacán. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar el acto reclamado, en su caso, actúan en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúa en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, se desprende que mantiene una relación laboral con el Hospital General de Sahuayo, Michoacán, dependiente de la Secretaría de Salud en Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, y se encuentran afiliados al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, "General Lázaro Cárdenas", (S.T.D.S.S.M.). La discriminación de que se duelen tiene su origen en los derechos sindicales que ostentan, razón por la cual tal acto emerge directamente de su calidad de trabajadores y por ello, su análisis corresponde a la instancia laboral competente. Ello es así, pues los quejosos pretenden a través del juicio es que se les haga entrega a los trabajadores del organismo público descentralizado, que pertenecen al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, "General Lázaro Cárdenas", (S.T.D.S.S.M.), registrado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, una prestación laboral obtenida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud; en ese tenor, el acto que pretenden los quejosos sea analizado en esta instancia constitucional es la revisión de las prestaciones derivadas del contrato colectivo del trabajo, lo cual, en todo caso debe ser analizado ante una instancia laboral, atendiendo a la relación laboral. Ante ello, resulta claro que nos encontramos frente una relación jurídica laboral entre la autoridad señalada como responsable y la parte quejosa de que se trata, es decir en una relación de coordinación en un plano de igualdad. De ahí que, el acto reclamado no deviene de autoridades para efectos del juicio de amparo, pues lo relativo a la negativa de otorgar el Vale de productividad que refieren los quejosos, y que únicamente se entregan a los que se encuentren afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, deriva de una relación de coordinación, esto es, de una relación laboral entre los trabajadores de la referida Secretaría de Salud, con la patronal, que en su caso, es motivo de dilucidar en la vía laboral ante el tribunal competente. Luego, como el acto reclamado por la parte quejosa no puede ser considerado como acto de autoridad, sino como una decisión derivada de una relación de naturaleza laboral entre la Secretaria de Salud en Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y los referidos quejosos; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial que determina su improcedencia, como lo es en el caso la jurisprudencia sustentada por esa misma Sala, misma que se invocó por analogía. Por tanto, al operar de manera notoria y manifiesta el motivo de improcedencia analizado, se impone desechar la demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Roberto Guillén López y Víctor Manuel Morales Pérez, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos Martin García Moreno y José Antonio Sánchez de León, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. ACCESO AL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza consultar vía internet el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "abogadoguillen". Consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. Hágase saber a la parte quejosa que para que pueda visualizar el expediente electrónico es necesario que ingrese con el perfil con el que lo dio de alta, ya que existen tres tipos de perfil: físico, representante jurídico público y representante jurídico privado; por lo que, si al ingresar a la consulta no señala el usuario o el perfil en forma correcta, no lo podrá visualizar. En caso de requerir asesoría para su ingreso, la página del Portal de Servicios en Línea, tiene a su disposición habilitado el ícono de soporte técnico para que pueda verificar si existe algún problema con su captura o se trata de una falla técnica no atribuible al órgano jurisdiccional. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico guillen.despacholaboral.104@gmail.com, únicamente para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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