Leticia Esmeralda Leal López
Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leticia Esmeralda Leal López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa y la agente del Ministerio Público adscrita, no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperar los documentos que haya exhibido y que obren en el expediente, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 843/2022, promovido por Leticia Esmeralda Leal López, por propio derecho, por alegada violación de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO EN UNA PARTE, Y EN OTRA, NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, representado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y, Del Secretario de Gobernación: La expedición, promulgación y orden de publicación de la Ley del Seguro Social, específicamente del artículo 84, por tildarlo de inconstitucional. Del Titular de la Subdelegación en Morelia, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad: El oficio 179101910110/602/VIG-1467/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual declaró improcedente la solicitud de la trabajadora -aquí quejosa-, para asegurar a su hermana al Instituto Mexicano del Seguro Social, virtud a que su pretensión y exigencia -dijo la responsable- no se ajusta a los supuestos que establece el artículo 84 de la Ley del Seguro Social. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Son inexistentes los actos atribuidos al Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, que se hicieron consistir en la promulgación y orden de publicación del artículo tildado de inconstitucional por la parte quejosa, dado que así lo manifestó el Director de General de Procedimientos Constitucionales, al rendir el informe justificado en su representación. Negativa que se corrobora al considerar que, es un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que aquéllos estuvieron a cargo del Presidente de la República, de manera que no se pueden tener por ciertos tales actos. Por tanto, lo procedente es sobreseer por los actos y la autoridad que han quedado precisados, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Subdirector de Amparos, así como representante Legal de la Cámara de Diputados, la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión y el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Certeza que esencialmente se robustece en virtud de que la quejosa les reclama su participación en el proceso legislativo que culminó con la promulgación y orden de publicación de la Ley del Seguro Social, específicamente del artículo 84, por tildarlo de inconstitucional, y que por tratarse de norma general, su existencia no está sujeta a prueba. Del mismo modo, debe tenerse como cierto el acto reclamado al Titular de la Subdelegación en Morelia, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, consistente en el oficio 179101910110/602/VIG-1467/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual declaró improcedente la solicitud de la trabajadora -aquí quejosa-, para asegurar a su hermana al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, de ahí que se tenga por existente. Oficio que si bien no fue exhibido por la autoridad, sí lo anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, el cual se aprecia firmado por dicha responsable; de ahí que esa aceptación permite tenerlo por existente. Constancia que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTA. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese sentido, el Titular de la Subdelegación en Morelia, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, esencialmente invoca la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción II -entendida a contrario sentido-, ambos de la Ley de Amparo, al señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene el carácter de autoridad cuando, en su carácter de órgano asegurador en subrogación del patrón, realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no constituyen actos de autoridad, para efectos del amparo. Dichos artículos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omisa el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Es infundada la anterior causal de improcedencia, ya que si bien es cierto la autoridad responsable actúa en su carácter de ente asegurador, también lo es que emite actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí que contrario a lo que sostiene sí se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 5º, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque como se ve, en dicho numeral, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y ahora atiende al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, ya que señala que se tendrá el carácter de autoridad responsable, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos cuyas funciones estén determinadas por una norma general como es el caso. Por tanto el presente juicio de amparo es procedente al reclamarse como acto la declaración de improcedente de la solicitud de la trabajadora -aquí quejosa-, para asegurar a su hermana al Instituto Mexicano del Seguro Social, virtud a que su pretensión y exigencia -dijo la responsable- no se ajusta a los supuestos que establece el artículo 84 de la Ley del Seguro Social; entonces, como se advierte, lo aplica con las características de autoridad, con independencia de su naturaleza formal. Por las razones que la informan, apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, que a letra dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO ACTÚA EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR Y NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN DE VIUDEZ CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, CONTRA ESA DETERMINACIÓN, EXCEPCIONALMENTE, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando actúa como ente asegurador emite actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y ahora atiende al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, ya que dicho artículo señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando se reclama como acto de aplicación el artículo 152, párrafo tercero, de la Ley del Seguro Social derogada (negativa a otorgar una pensión de viudez), pues en ese caso lo aplica con las características de autoridad, con independencia de su naturaleza formal." Por otra parte, el Titular de la Subdelegación en Morelia, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, invoca la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa. El precepto en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Dicha causal también es invocada por el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el argumento esencial de que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, pues en todo caso, si tales normas pudieran generar algún perjuicio lo sería a la hermana de la asegurada -aquí quejosa-, quien no promueve la demanda de amparo, de ahí sostiene su actualización. Finalmente, y en ese sentido, de manera esencial la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, también señala que no se causa afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo no deriva necesariamente en un perjuicio en la esfera de sus derechos, sino que el daño que reclama se atribuye a un acto de ejecución posterior. Lo anterior, es infundado. Como se indicó, la peticionaria de la protección federal promueve este juicio de amparo, contra el precepto 84 de la Ley del Seguro Social, con motivo del primer acto concreto de aplicación, virtud a la expedición del oficio 179101910110/602/VIG-1467/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual se declaró improcedente la solicitud de la trabajadora -aquí quejosa-, para asegurar a su hermana al Instituto Mexicano del Seguro Social, virtud a que su pretensión y exigencia -dijo la responsable- no se ajusta a los supuestos que establece dicho artículo. Luego, cabe precisar que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la parte quejosa. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte "a quien la norma, acto u omisión producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Entonces, para acreditar el extremo retenido, reviste importancia destacada el análisis del oficio 179101910110/602/VIG-1467/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del cual se declaró improcedente la solicitud de la trabajadora -aquí quejosa-, para asegurar a su hermana al Instituto Mexicano del Seguro Social, virtud a que su pretensión y exigencia -dijo la responsable- no se ajusta a los supuestos que establece el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, allegado por la peticionaria de la protección federal con el objeto de acreditar el primer acto de aplicación, por lo que resulta valido concluir que sí le fue aplicada la porción normativa que reclama. Documento que reviste el carácter de público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; además, es oportuno señalar que el acto de aplicación se verificó el día veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Por tanto, si a la parte quejosa se le aplicó la porción normativa en mención que considera violatoria del derecho a la seguridad social, y principios de no discriminación y protección a la salud, se concluye que demuestra su interés legítimo y jurídico para acudir a esta instancia, incluso, sin necesidad de agotar recurso alguno en contra de esa aplicación, puesto que de existir, es optativo para la quejosa agotarlo o no, según lo dispuesto en la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de no haberse promovido el juicio de amparo en representación de la hermana de la quejosa, sino directamente por quien aduce ser derechohabiente, pues basta con que se pudieran ver afectados los intereses de aquélla, por existir la posibilidad de encontrarse en el supuesto de una persona incapaz, lo que es suficiente para considerar que en el caso se pueden afectar sus intereses. En ese contexto, no se actualizan las causas de improcedencia hechas valer, y como no se invocó diversa causa de improcedencia por las autoridades responsables a las ya estudiadas, ni tampoco se advierte en forma oficiosa la actualización de alguna, procede entrar al examen de los conceptos de violación formulados por la quejosa. SEXTA. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su escrito inicial, sin necesidad de transcribirlos pues no existe disposición legal que imponga tal obligación. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMA. Análisis de los conceptos de violación. En principio, se establece que la quejosa promueve el presente juicio de amparo, por estimar ilegal el oficio 179101910110/602/VIG-1467/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Titular de la Subdelegación en Morelia, Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, porque derivado de su emisión, se aplicó en su perjuicio el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, mismo que estima inconstitucional al no contemplar la posibilidad de que pueda asegurar a su hermana, vulnerando su derecho a la seguridad social, ya que se trata de una norma discriminatoria al no contemplar los derechos de las personas sin hijos, pero que se encargan de una persona dependiente. Que es asegurada del Instituto Mexicano del Seguro Social y que especialmente el artículo 84 limita el ejercicio del acceso a la protección de la salud y viola su derecho de igualdad y a la seguridad social al impedirle inscribir en el régimen de seguridad social a su hermana con discapacidad y dependiente económica. Señala que debe reconocerse la especial situación de su hermana quien es una persona con discapacidad y su dependiente económico. Que la norma resulta discriminatoria porque afecta el derecho de las personas que están -como ella- en una situación que no ampara la norma; es decir, de una persona soltera sin hijos y que no los tendrá; que además se encarga de la manutención completa de su hermana con discapacidad. Refiere que la norma privilegia el concepto de hijo y discrimina el concepto de dependiente; asimismo, al favorecer el concepto de padre o madre y discriminar el de persona soltera sin hijos con dependientes económicos derivado de una discapacidad. Que la norma también es discriminatoria porque solo garantiza que la familia tradicional goce de seguridad social, pasando por alto los distintos tipos de conformación familiar que existen, como en su caso, que en una misma casa viven dos mujeres solteras (la quejosa y otra hermana), un adulto mayor (su madre que también requiere de cuidados especiales); y, una persona con discapacidad (que depende totalmente de ella); por ello pide se considere que las distintas formas de familia también tienen derecho a la protección por parte del IMSS. Sostiene que su hermana con discapacidad no puede ser asegurada por su padre porque ya falleció, ni por su madre al ser una persona adulta mayor que no puede hacerse cargo de su hermana con discapacidad, sino todo lo contrario requiere de cuidados y vigilancia las veinticuatro horas del día, quien además no es titular de derechos ante el IMSS, pues es asegurada por diversa hermana. Que su caso podría equipararse a lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 84, ya que su hermana es como su hija. Sentado lo anterior, se tiene que al estar en presencia de un amparo contra leyes, promovido con motivo de su primer acto de aplicación, el que no se aprecia reclamado por vicios propios, pues de los conceptos de violación -antes sintetizados- se advierte que su impugnación está relacionada con la inconstitucionalidad que considera de la norma reclamada, procede entonces, examinar los argumentos concernientes a la referida norma y la determinación a que se arribe derivado de ese análisis, será la misma respecto al acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". Así, la parte quejosa reclama el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, que le prohíbe asegurar a su hermana como su beneficiaria legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuya constitucionalidad se reclama, por transgredir el contenido de los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. Lo anterior, al ser discriminatorio por violar su derecho de igualdad y a la seguridad social, limitando el ejercicio del acceso a la protección de la salud. Tales planteamientos son infundados en unas partes, e inoperante en otra. En primer término a fin de justificar la calificativa atribuida a los conceptos de violación expuestos, es menester reproducir el contenido de los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal: Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.". "Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución (.)". Luego, en el ámbito Internacional, del cual el Estado Mexicano es parte, el Derecho a la Salud se encuentra en los ordenamientos siguientes: Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales: "Artículo 12. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". Declaración Universal de Derechos Humanos. "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Sobre la regulación internacional, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud ha precisado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de afecciones o de enfermedades. Asimismo, el goce del máximo grado de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud involucra entonces actividades de prevención, promoción y protección, e implica un enfoque integral en donde se incluyen los entornos físico y social, y los demás factores relacionados con la existencia. En el amparo en revisión 173/2008, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, determinó que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Este derecho tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. En este orden el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles; entendiendo calidad como: que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. En este sentido, el artículo 84 de la Ley del Seguro Social (vigente en la época de emisión del acto reclamado), invocado por la autoridad responsable para sustentar el sentido del oficio combatido, dispone: "Artículo 84. Quedan amparados por este seguro: I. El asegurado; II. El pensionado por: Incapacidad permanente total o parcial; b) Invalidez; c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y d) Viudez, orfandad o ascendencia; III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección. Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior; IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III. Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III; V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores; VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional; VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136; VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII. Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes: a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta Ley". El precepto en cita regula el "SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD", previsto en la Ley del Seguro Social. Así, el marco normativo aplicado al caso, pone de manifiesto que no existe la posibilidad de que los directamente asegurados (trabajadores) designen a sus hermanos como beneficiarios para ser afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta aquí, y contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el contenido expreso del aludido numeral 84 de la Ley del Seguro Social, que le prohíbe inscribir a su colateral como su beneficiaria legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no transgrede las normas invocadas por la parte quejosa, al haberse actuado con estricto apego a la legislación que regula el actuar de la autoridad responsable, observando el contenido del precepto que regula expresamente lo concerniente a la solicitud que le fue formulada. Es menester precisar, además, que si bien, como se vio todo mexicano goza del derecho a la salud y a la seguridad social, estos deben ser ejercidos, protegidos, garantizados y observados en términos de las disposiciones legales que regulen el ejercicio y disfrute de tal derecho, y no a la libre voluntad del gobernado, sin que ello trasgreda tales derechos, sino que implica su regulación en aras del interés social. De modo tal, que si la Ley del Seguro Social regula expresa y detalladamente los sujetos que tienen derecho a ser afiliados como beneficiarios, y en dicha regulación no se contempla a los hermanos de los asegurados, no puede considerarse como una transgresión a los derechos a la salud y seguridad social la prohibición de inscribir a su colateral como su beneficiaria legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se insiste, el ejercicio de estos derechos debe efectuarse en los términos que determinen las leyes aplicables, pues tal goce no es irrestricto al encontrarse regulado por una legislación específica. De ahí lo infundado de los conceptos de violación hechos valer. Más aún, en el caso, cabe destacar que la quejosa parte de una premisa incorrecta al considerar que la norma reclamada es discriminatoria por no contemplar esencialmente una situación familiar como la de ella; es decir, la de una persona soltera sin hijos, que se encarga de la manutención completa de su hermana con discapacidad, reiterando ser su dependiente económica; y, que por ello su caso podría equipararse a lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 84, ya que su hermana es como su hija; lo cual amerita ser calificado de inoperante, pues la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener determinados atributos. Dicho de otra manera, los argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de violación en contra de disposiciones generales y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad, que no es otra que demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos. Ahora, si bien es verdad que el párrafo quinto del artículo 1 Constitucional prohíbe cualquier trato discriminatorio motivado, entre otros, por discapacidades o por las condiciones de salud, lo cierto es que el numeral 84 de la Ley del Seguro Social no distingue entre sus destinatarios por esas razones; de ahí que en el caso concreto no se aprecie que atente en los términos que alega la quejosa y que por ello sea inconstitucional. En todo caso, el tratamiento diferenciado que alega la quejosa deriva de la identidad de los beneficiarios susceptibles de afiliarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque lo que ocurre en el caso estriba en la inscripción de su colateral -quien cuenta con una discapacidad- como su beneficiaria. Y, en ese sentido, este órgano de control constitucional partiendo del hecho de que el presente asunto es estudiado supliendo la deficiencia de la queja de conformidad con lo previsto por el artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo, por existir la posibilidad de que el acto reclamado trascienda a una persona incapaz que la lleva a encontrarse en una condición de vulnerabilidad respecto al resto de la población, lo cual merece atención especial jurídica, lo que procede es analizar si dicho trato diferenciado encuentra justificación constitucionalmente válida o, si bien, es violatoria del principio de igualdad jurídica. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este principio no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad; sino que sean tratados acorde con su situación jurídica. Esto último genera que el trato sea igual a los iguales y desigual a los desiguales. El artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé de manera esencial, como base del derecho humano a la seguridad social, que: "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.". Esta prerrogativa de rango constitucional descansa sobre la interpretación auténtica del legislador, en la exposición de motivos de veinticuatro de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, que dio origen al actual dispositivo; de la cual destaca: "[.] La Fundamental norma sobre igualdad jurídica entre el hombre y la mujer posee además implicaciones de la mayor importancia en el ámbito del Derecho Laboral. De ahí que también se solicite la reforma del artículo 123 en sus apartados A y B. El proceso histórico que ha vivido la nación a partir del establecimiento de la paz social, condujo a los Constituyentes a incorporar en la Carta Fundamental los derechos reivindicados de las clases populares, cuya fuerza de trabajo constituía su único sostén personal o familiar. Las aspiraciones nacionales de justicia que aglutinó la Revolución, condujeron al legislador de 1917 a contemplar en la Constitución Política las normas fundamentales de protección a los trabajadores, hombres y mujeres. Estableció, asimismo, los lineamientos básicos para garantizar un equilibrio armónico entre las relaciones del capital y el trabajo dentro de un marco de equidad social. Mérito del mayor valor histórico del Constituyente de Querétaro, fue el de haber incorporado entre las garantías sociales que definen el perfil democrático y progresista de la República, aquellas que habrían de preservar a las clases mayoritarias de la explotación o el abuso en el desempeño de su trabajo. La naciente industria nacional planteaba, en la época, requerimientos de abundante mano de obra que rindiese óptimos frutos. Como consecuencia de las condiciones más justas en que empezó a desenvolverse la vida de los mexicanos a la conclusión del movimiento revolucionario, se generó en el país un importante crecimiento de nuestro potencial humano. El aumento de la producción y la expansión de la industria y los servicios encontraron, de esta manera, mayores posibilidades de realización. La correlativa ampliación del mercado interno y el incremento del consumo de las mayorías, aceleraron el proceso del desarrollo económico. Este, a su vez, enfrentó la necesidad de solventar los requerimientos de satisfactores de una población cada vez mayor, y de orientarse hacia la elevación de los niveles de bienestar que son inherentes a un esquema de progreso de eminente carácter social. La mujer trabajadora mexicana empezaba a desempeñar un incipiente papel en la vida económica del país. Fue necesario entonces protegerla de los abusos y de los excesos de que la expansión industrial había ya dado pruebas en los países donde el crecimiento económico coexistía con una intolerable injusticia social. Los preceptos constitucionales de 1917, y las normas protectoras del trabajo de la mujer que de ellos se derivaron, fueron congruentes con las circunstancias que informaban la vida del país, en las que el trabajo femenino rendía, casi exclusivamente, sus mejores frutos en el seno del hogar. A la luz de los nuevos desarrollos, en cambio, varias de estas medidas tutelares carecen de razón de ser, como ya se dijo. En la actualidad, con una vasta población juvenil, que mantiene fuertes vínculos de dependencia económica con la población trabajadora, representa para la nación un imperativo prioritario, expandir aceleradamente las oportunidades de empleo y sustentar los esfuerzos para el desarrollo en la mayor participación de sus recursos humanos en aptitud de aportar el concurso de su trabajo a la tarea común de la elevación del bienestar. Líneas arriba se indicó que la mitad o más de nuestro potencial humano está constituido por mujeres que, independientemente de las trascendentales funciones que desde siempre han desempeñado en la conducción de los asuntos domésticos, el cuidado y la educación de los hijos, desean y pueden concurrir con su capacidad y aptitudes, de manera más directa, mediante una participación más efectiva, en la organización y enriquecimiento de la vida económica, social, cultural y política del país, y en su propia superación personal, profesional y ciudadana. A casi cincuenta años del establecimiento de las garantías sociales contenidas en el artículo 123, apartado A, la evolución del país ha dado un nuevo contenido al concepto del bienestar y la dinámica propia del derecho social nos invita, en consecuencia, a remodelar en nuestra ley suprema determinados preceptos fundamentales que orientan la legislación reglamentaria del trabajo. Los principios y las disposiciones de la ley deben adecuarse a las nuevas circunstancias y requerimientos del desarrollo, particularmente ahora, en relación con la equiparación jurídica entre el varón y la mujer, y con la incorporación de ésta a las grandes tareas nacionales. El incremento de la participación de todos los ciudadanos en el trabajo fortalece la unidad nacional. A todos por igual, hombres y mujeres, nos hace corresponsables de los destinos nacionales. El sentido de nuestro desarrollo y la evolución de nuestro régimen político señala, como hemos visto, una actitud creciente de participación que se ha expresado en el cada vez más amplio concurso de la juventud y de la mujer, que reclama una expresión consecuente en el marco constitucional y jurídico que nos rige. Ahora bien, el trabajo constituye una de las expresiones más nobles y efectivas de la participación dentro de la sociedad: promueve el perfeccionamiento de las instituciones, fortalece las perspectivas de desenvolvimiento personal de todos los miembros de la sociedad y asegura el logro del bienestar colectivo en condiciones de equidad social. En México nuestra mayor riqueza la constituye el trabajo humano. La meta fundamental de nuestro desarrollo es lograr que la realización de las propias capacidades de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, sea el motor que impulse al país hacia estadios superiores de justicia y de progreso. Habrá de preverse, en consecuencia, la necesidad de promover también, las reformas conducentes que permitan elevar a la categoría constitucional, el derecho irrestricto de los trabajadores, hombres y mujeres, a la educación y a la capacitación profesional, puesto que es imprescindible para los objetivos de nuestro desarrollo, aprovechar no sólo la fuerza laboral del mayor número, sino que ésta se aplique y desenvuelva en las mejores condiciones posibles de aptitud, de eficiencia y de justicia. El país requiere de empleo realmente productivo cuyo desempeño promueva, en verdad, el progreso. general y asegure el mayor bienestar personal y familiar de los trabajadores. Es llegado entonces el momento en que, tanto por merecimiento propio, como por un loable sentido de solidaridad social que la mujer mexicana ha manifestado reiteradamente, su acceso y libertad de empleo deban considerarse, en todos los casos, en un plano equiparable al del varón. Tal equiparación, constituye, por lo demás, una de las más trascendentes aplicaciones del gran principio general contenido en el nuevo artículo 4o. que en esta iniciativa he propuesto a vuestra soberanía. En las circunstancias actuales de nuestro avance social, la única diferencia que puede establecerse válidamente entre los derechos de la mujer y del varón, será aquella que se derive de la protección social a la maternidad, preservando la salud de la mujer y del producto en los períodos de gestación y la lactancia. El derecho al trabajo que las disposiciones constitucionales reconocen a todos los ciudadanos sin distinción de sexo, debe ser, especialmente para la mujer, un factor de promoción y desenvolvimiento de todas sus capacidades creativas. Ha de fungir como un aliciente para su superación constante y ahora, sobre todo, tendrá que constituirse en la garantía de su justa participación en las tareas y en los beneficios del desarrollo. En virtud de las consideraciones anteriores, la presente iniciativa plantea sendas reformas a los apartados A y B del artículo 123 Constitucional, guiadas por el propósito de abrir a la mujer, con máxima amplitud, el acceso al trabajo, así como por el objetivo de proteger al producto de la concepción y establecer, en suma, condiciones mejores para el feliz desarrollo de la unidad familiar. Bajo el auspicio de las reformas constitucionales que propongo a vuestra soberanía, el Ejecutivo Federal a mi cargo seguirá promoviendo otras, como ya se ha indicado, confiado en que el Derecho es generador de cambios y promotor de las condiciones sociales que requieren el progreso y la justicia [...]". La transcripción orienta a que la actual redacción del artículo 123 contemplara de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social, en la cual se comprenden diversos seguros, entre ellos de enfermedades, y de cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores -entre otros- y sus familiares. La convencionalidad de la validez de este objetivo constitucional se evidencia al traer a cuenta el contenido de la observación E/C.12/GC/19, de cuatro de febrero de dos mil ocho, del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas, que en la parte relativa expresa: "2. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.". En atención a lo expuesto, el derecho humano a la seguridad social, tiene como finalidad proteger a las personas en su vida productiva y a las que dependan económicamente de ellas, en particular para los hijos y los familiares a cargo, en el entendido de que éstos no cuentan con los ingresos procedentes del trabajo. Si bien, esta prerrogativa constitucional no puede ser sometida a distinciones arbitrarias o poco razonables, lo cierto es que las necesidades sociales no son iguales, por lo que, precisamente conforme al principio de igualdad jurídica, la cobertura de la seguridad social abarca a cada caso o condición en que se encuentren las personas, por ello, existen diferentes rubros de atenciones para el cuidado de la salud. Lo cual se entiende aplica igualmente a los familiares beneficiarios, respecto de quienes la cobertura de seguridad social no es absoluta, sino que, de acuerdo con lo antes citado, se aprecia podrían acceder a tal servicio, siempre y cuando dichos familiares dependan económicamente del trabajador. Bajo este contexto, es dable concluir que, para que el caso a estudio pudiera analizarse desde esa perspectiva, resultaba necesario la acreditación documental de que la hermana de la trabajadora asegurada -aquí quejosa- depende económicamente de ella; lo que incluso ella afirma y reitera en sus conceptos de violación, sin haberlo demostrado. Lo anterior, para que de esa manera la norma tildada de inconstitucional pudiera ser analizada bajo la óptica e interpretación invocada; esto es, que su caso es equiparable al de un hijo, que sí prevé el artículo 84 en sus fracciones VI y VII. Sin embargo, ese aspecto no se aprecia demostrado; lo anterior, al margen de que la quejosa refiera que en el acto reclamado no se puso en duda ninguno de sus dichos, entre ellos, la calidad de su hermana como dependiente económica, y que al ser de esta manera deba tenerse por reconocido; pues en el caso se estima que para estar en condiciones de analizar la norma tildada de inconstitucional en la interpretación pretendida por la amparista; es decir, en sentido amplio y armonizada con los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos, sí resultaba necesario ese acreditamiento, para validar que en ese núcleo familiar del que forma parte la quejosa y su hermana de quien refiere cuenta con discapacidad, es generador de derechos. Esa hipótesis de demostración resulta válida si se considera que en la interpretación que pretende la quejosa, los sujetos obligados son los padres respecto de los hijos; de ahí que, conforme a lo intentado tendría que estar acreditada dicha obligación de dependencia económica. Sólo de esta manera, y con las documentales que acreditan el parentesco, así como la condición de discapacidad se estaría en condiciones de analizar el caso desde una perspectiva diversa. Por ende, al no estar demostrado lo anterior; es decir, que la necesidad de la seguridad social solicitada es porque su hermana depende económicamente de ella como trabajadora asegurada, entonces, el artículo 84 de la Ley del Seguro Social no es inconstitucional, pues su interpretación y análisis en el caso, es conforme a su redacción -se insiste- por no existir el elemento destacado que permita una interpretación conforme en sentido amplio armonizada con los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos que han venido marcando una línea de protección especial a las personas con discapacidad. Abona a lo anterior, su manifestación relativa a que su caso podría equipararse a lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 84 de la Ley del Seguro Social, ya que su hermana es como su hija; pues para ser considerado de esa manera, tal circunstancia tendría que acreditarse, como por ejemplo a través de la figura jurídica de la tutela que es relativa a la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos. Es decir, dicha figura cuida preferentemente de la persona de los incapacitados, lo que tampoco acontece en el caso, pues no existe declaratoria en ese sentido, que permita considerar a la quejosa como tutora definitiva de su hermana, para así poder razonar que es su única familiar responsable de su manutención, atenciones y cuidados incluyendo su salud; y, que por no contar con seguridad ni asistencia social, el caso deba ser considerado en esa interpretación pretendida por parte de este órgano jurisdiccional. Entonces, al no demostrar esa dependencia económica de la cual se estima pende su derecho o no a ser afiliada ante ese Instituto de Salud en su calidad de colateral, como su beneficiaria, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la inconstitucionalidad del artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Esta determinación no implica un desconocimiento de lo establecido en diversos criterios relacionados con personas con discapacidad, en ciertos casos, para cumplir con el principio de igualdad, pues en la especie, se resuelve en el sentido señalado, al estar en presencia de una falta de acreditación de las propias circunstancias que invoca la quejosa y que como se aprecia sí resultan necesarias para justificar de manera legal la seguridad social a la que aspira la impetrante de amparo; lo anterior, a fin de no resolver de manera arbitraria, pues en este momento es acorde al beneficio que se obtiene para mejorar la sostenibilidad de la prestación del servicio en el plan de seguro social de que se trata, a favor de todos los asegurados presentes y futuros. Tampoco se está negando la posibilidad de ser inscrita al régimen de seguridad social con motivo de la relación filial que guarda la quejosa con su hermana; sin embargo, ello dependerá de la acreditación correspondiente. No resta mencionar, que la seguridad social en los términos pretendidos, carece de la fuerza para estimar que se pone en riesgo la vida, salud e integridad física de la candidata a beneficiaria del servicio médico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque adicionalmente las personas cuentan con el respaldo del Estado aun en diverso ámbito de responsabilidad social, como prestador de los servicios de salud públicos incluso gratuitos, para la atención medica correspondiente. En ese contexto, se tiene que al no haberse impugnado por vicios propios el oficio 179101910110/602/VIG-1467/2022 de veintitrés de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto de aplicación, procede negar también por este mismo, el amparo de la Justicia de la Unión. RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Esmeralda Leal López, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisada en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justica de la Unión no ampara ni protege a Leticia Esmeralda Leal López, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los considerandos primero y cuarto; y, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, rindiendo su informe justificado, con el cual se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1. Delegados y domicilio. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que refiere; así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto alude. 1.2. Correo electrónico y número telefónico. De igual forma, proporciona correos electrónicos y número telefónico. 2. Diferimiento anticipado. Ahora bien, a fin de que transcurra el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación del informe rendido por la autoridad responsable y la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; y, tomando en consideración dicha audiencia constitucional se encuentra señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés, de manera anticipada se difiere el desahogo de la audiencia constitucional, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese mediante lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. 1. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual, insiste en rendir informe justificados; lo anterior, sin que haya lugar a mayor acuerdo, toda vez que en proveído de veinte de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por recibido su informe con justificación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
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