Leticia Eva Garcia Agundiz
Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 37 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 28/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leticia Eva Garcia Agundiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa admitió el recurso de revisión, que se registró con el número 456/2023; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Incidental
Oficio
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de abril siguiente, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, dio inicio en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se aplicó la norma combatida a la parte quejosa. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la interpretación integral de la demanda de amparo, se precisa que los actos reclamados son: De las Cámaras de 1. Diputados y 2. Senadores del Congreso de la Unión, 3. Presidente de la República, 4. Secretario de Gobernación y 5. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (en su adecuada denominación) en el ámbito de sus competencias, la discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del: Artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Diario Oficial de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. De la 6. Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Los descuentos realizados en el mes de abril del año en curso a las pensiones que recibe la quejosa por jubilación y por viudez, derivados del oficio ********************de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en aplicación de los artículos 15 y 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de la República y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación, respectivamente en la esfera de su competencia, del artículo 51, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Diario Oficial de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; pues así lo indicaron al rendir sus informes justificados. No obstante que el Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación al rendir su informe justificado haya negado la existencia del acto que se le atribuye, en razón del principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2 de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de rubro: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Asimismo, es cierto el acto reclamado a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora de las constancias anexas al mismo, en las cuales obra el oficio reclamado. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con los que se acredita la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causa de improcedencia fundada. Previo al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En ese orden de ideas, la suscrita juzgadora considera, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, respecto al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y al Secretario de Gobernación. Lo anterior, dado que la parte quejosa no combate por vicios propios la publicación y refrendo del ordenamiento legal impugnado, porque no expuso conceptos de violación en el escrito de demanda. De conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la cual, la parte quejosa expresará los preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que estime violados, así como los conceptos de violación. En efecto, es fundada la causa de improcedencia invocada, pues de la lectura a la demanda de amparo, particularmente del apartado correspondiente a conceptos de violación, no se advierte que la parte quejosa haya formulado argumentos con relación a los actos legislativos de refrendo y publicación de la ley combatida, sin que en el caso exista queja deficiente que suplir. En consecuencia, se sobresee respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación consistentes en el refrendo y publicación del artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Diario Oficial de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, esto último a contrario imperio, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis del siguiente rubro:AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Son esencialmente fundados los conceptos de violación, hechos valer por la peticionaria respecto de la disposición combatida, esto es, el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Diario Oficial de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, por las razones que enseguida se expondrán. Al respecto, debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la inconstitucionalidad de la hipótesis normativa contenida en el artículo 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde se establece que la suma de las cuotas de pensión no podrá exceder de la cantidad fijada como cuota máxima (diez salarios mínimos), pues el derecho a recibir una pensión por viudez constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ampliamente regulado en los numerales 42, fracción II, y 73 a 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, conforme a los cuales la muerte de un trabajador pensionado, genera el derecho a recibir la pensión por viudez respectiva y su pago iniciará a partir del día siguiente al de la muerte de la persona que haya originado tal pensión. Por lo cual, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez y además esté disfrutando de una pensión por jubilación, o viceversa, vea limitado el monto total de ambas al tope máximo de diez veces el salario mínimo, pues tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, además, tienen autonomía financiera ya que las cuotas que las costean derivan de personas distintas. Dicho criterio se sostuvo en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)". Asimismo, se cuenta con el diverso criterio sustentado en la jurisprudencia 1a./J.66/2009, con el epígrafe: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)". De la lectura de la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, emitida en el amparo en revisión 509/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó de forma esencial, que constitucionalmente se estableció como derecho social reconocido el de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, cuya protección abarca a sus familiares y dependientes económicos, dejando libertad para la legislación secundaria para reglamentar los términos en que tales beneficios deban otorgarse, pero de ninguna forma tiene la potestad de reducir o restringir dichos beneficios, pues ello contravendría directamente al orden constitucional, pues si la norma fundamental señala que un grupo social y su familia tienen ciertos derechos, ello no puede ser proscrito por ninguna norma secundaria. En este contexto, se impone destacar que la restricción a percibir íntegramente las pensiones de viudez y jubilación, cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos, como lo aduce la parte quejosa, vulnera el derecho de seguridad social y el principio de previsión, instituidos en el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso A) de la Constitución Federal. Lo anterior, en razón de que: a) Ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión de viudez surge con motivo de la muerte de la persona trabajadora, ya sea que hubiere estado en activo o pensionada, es decir, es una prestación establecida a favor del esposo o la esposa y no del extinto trabajador o trabajadora; y la pensión de jubilación se va generando día a día, con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora, en determinado número de años y al llegar a una edad avanzada. b) La pensión por viudez tiende a proteger la seguridad y bienestar de la familia, ante al riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora, pensionado o pensionada; y la pensión por jubilación protege la dignidad del trabajador en la etapa del retiro. Así, el disfrute conjunto de ambos derechos coadyuva a hacer efectivo el derecho a la previsión social, orientada a otorgar tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador o pensionado muerto, mejorando el nivel de vida. c) La pensión de viudez no es una concesión gratuita o generosa, sino que constituye un seguro que se activa con la muerte del trabajador o pensionado y deriva directamente de las aportaciones que éste haya hecho por determinado número de años de trabajo productivo y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida la muerte, entre los cuales se encuentra la persona cónyuge supérstite o bien la persona concubina. En cambio, la jubilación se sostiene con las aportaciones que el pensionado o pensionada realizó con motivo de los servicios laborales prestados en determinado número de años. d) Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. De esta manera, se estableció que la restricción para gozar en su integridad de la pensión por viudez, con base en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, viola el derecho social previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque ese derecho de seguridad social no resulta contrario o antagónico con el ocasionado a virtud de la jubilación ya que ésta se genera con motivo de los servicios prestados como trabajador por la persona que disfruta de ella. Por esa razón, una persona trabajadora que se encuentra bajo esa condición tiene derecho a recibir su pensión por jubilación y al mismo tiempo la pensión por viudez generada por el fallecimiento de su esposo o esposa, concubino o concubina, pues esta última persona fue quien hizo las aportaciones durante el tiempo laborado. En consecuencia, no existe justificación para que una persona con derecho a recibir una pensión por viudez y además esté disfrutando de una pensión por jubilación, vea limitado el monto total al llegar a cierto tope máximo, ya que ese proceder es inconstitucional, porque esas pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, además, tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas, la pensión por viudez de las que aportó la trabajadora o pensionada fallecida y la pensión por jubilación se sustenta en las cuotas del trabajador o pensionado viudo; motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. Así, dado lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es procedente declarar la inconstitucionalidad del artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Diario Oficial de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete por violar el artículo 123 del Pacto Federal. En consonancia con lo anterior, la norma inconstitucional se materializó en perjuicio de la parte quejosa a través de los descuentos aplicados en el mes de abril del año en curso a sus pensiones, por ser compatibles y éstas se limitarían al equivalente a diez veces el salario mínimo, pues la suma de ambas cuotas rebasan la cantidad fijada como límite (diez salarios mínimos) en términos de lo previsto en los artículos 15 y 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete. Por tal motivo, procede declarar la inconstitucionalidad del acto de aplicación del citado precepto normativo, atribuido a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por transgredir el derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 123 de la Constitución General de la República, como lo estableció el Máximo Tribunal del país. Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que: Se desincorpore de la esfera jurídica de la solicitante de amparo el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en el Diario Oficial de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. La Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deje insubsistentes los descuentos realizados en el mes de abril del año en curso a las pensiones que recibe la quejosa por jubilación y por viudez y todos los actos por los cuales pretende limitar los montos de las pensiones de la quejosa, incluso el oficio ********************de trece de febrero de dos mil veintitrés. Realice el ajuste respectivo y pague a la parte quejosa las cantidades correspondientes que le fueron descontadas por los conceptos de "48.- compatibilidad de pensión"; montos que deberán cubrirse debidamente actualizados en términos del artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia, con el rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." También resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10ª), de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo contra los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación por los argumentos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en la consideración quinta y para los efectos plasmados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, el día de hoy tres de agosto de dos mil veintitrés en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Audiencia
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