Leticia Bravo Torres

Expediente 680/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
680/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
05/10/2020

Partes del expediente

  • Leticia Bravo Torres
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito A la Fiscalia de Delitos Diversos de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación-, se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2° del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. PROMOCIÓN RECIBIDA. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 680/2019, así como el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de tres de julio de dos mil veinte, en autos del recurso de revisión RA.- 536/2019, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se niega el amparo y protección de la justicia federal a LETICIA BRAVO TORRES, por las razones jurídicas expuestas en la sentencia recurrida." En mérito de lo anterior, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos procesales a los que haya lugar y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea necesario acusar de recibo correspondiente en razón de lo manifestado por el Tribunal de Alzada en el oficio de cuenta. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año que transcurre; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b) y, por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión, mismo que quedó registrado con el número 536/2019; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.AVMM

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 680/2019-IV, promovido por LETICIA BRAVO TORRES, por derecho propio, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día ante este Juzgado LETICIA BRAVO TORRES, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos, el que hizo consistir en: "La negativa del C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE DELITOS DIVERSOS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO DE MORELOS de permitirme tener acceso a la carpeta de investigación número SC01/1756/2018 y en su caso ofrecer pruebas y alegatos de descargo a mi favor en dicha indagatoria" SEGUNDO. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo, inconforme la quejosa interpuso recurso de queja del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien por resolución emitida en la queja 176/2019, en sesión de nueve de agosto del año en curso, declaró fundado dicho recurso y ordenó que se dejara insubsistente el auto recurrido y se emitiera otro en el que en caso de no advertir motivo diverso de improcedencia o de no existir irregularidad alguna en el escrito de demanda, se admitiera. TERCERO- En acatamiento a lo ordenado por el referido Tribunal Colegiado, por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: El acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta de investigación SC01/1756/2018, a través del cual la Agente del Ministerio Público responsable le negó a la quejosa el acceso a la citada carpeta de investigación y en su caso ofrecer pruebas y alegatos de descargo. TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos, no rindió el informe justificado solicitado por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, que le fue notificado mediante oficio 25960, el veintiocho de agosto siguiente. Apoya a la anterior consideración por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 1ª./J. 8/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 194401, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia: Común, página 26 del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO)." CUARTO. Al no haberse hecho valer por las partes ni advertirse de oficio alguna causal de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación. Establecido lo anterior, se aprecia que los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, son infundados y no se advierte deficiencia qué suplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que en seguida se exponen: El artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, y queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de dicha esta Ley. En ese orden de ideas, debe precisarse que el acto que reclama la quejosa consistente en el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta de investigación SC01/1756/2018, a través del cual la Agente del Ministerio Público responsable le negó el acceso a la citada carpeta de investigación y en su caso ofrecer pruebas y alegatos de descargo, en sí mismo no es violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo, pues su inconstitucionalidad depende de que la quejosa acredite tener el derecho a acceder a la carpeta de investigación y ofrecer pruebas y alegatos, por lo que corresponde a impetrante demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Precisado lo anterior, argumenta la quejosa que el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta de investigación SC01/1756/2018, a través del cual la Agente del Ministerio Público responsable le negó el acceso a la citada carpeta de investigación, es violatorio de sus derechos humanos porque de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando sea sujeto de un acto de molestia, hipótesis que en el caso considera acontece ya que a su juicio existen diversos actos de molestia, siendo los siguientes: a) Haber solicitado copias certificadas al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos del expediente 202/2017, y sin haber judicializado aun la carpeta de investigación, ya le está dando el trato de imputada, pues en el oficio que remitió a dicho juzgador, señaló la posible comisión de un delito "USURPACION DE PROFESION"; sin embargo, aún no la ha judicializado. b) En la carpeta de investigación se le está atribuyendo el carácter de imputada, sin que la quejosa se encuentre enterada de lo que se le acusa y sin que se haya judicializado la carpeta de investigación. c) Asimismo, la autoridad responsable le ordenó, previo a tener derecho al acceso a la carpeta de investigación su individualización, hecho que solo se realiza a quien presuntamente es atribuible un hecho con apariencia de delito d) Que lo anterior no solo daña su prestigio como persona honorable, sino que viola la presunción de inocencia. e) Asimismo por oficio de fecha tres de mayo del año en curso, la facilitadora de justicia alternativa adscrita al Centro de Justicia Alternativa Del Estado De Morelos, la citó en las instalaciones de dicha institución el quince de mayo del presente año, toda vez que le fue remitida para su atención y seguimiento el conflicto relativo a la carpeta de investigación, es decir, por lógica legal, considera que solo se cita a una conciliación a quien se supone tiene un conflicto, para buscar una método alterno de solución a quien se presume cometió un hecho con apariencia de delito. Por lo anterior, considera la quejosa que no solo se le trata como la posible generadora de un hecho con apariencia de delito, sino que en diversos documentos se le trata como imputada, actos que por sí solos le generan un acto de molestia que atenta contra su dignidad profesional, contra su persona, sin que se le permita tener acceso a la carpeta de investigación. Como se adelantó al inicio de este considerando son infundados los sintetizados conceptos de violación, dado que la quejosa en esencia señala que de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales al imputado le asiste el derecho de tener acceso a la carpeta de investigación porque fue sujeta a diversos actos de molestia, los cuales enunció. Ahora bien, el artículo 218, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: ".El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código." De la anterior transcripción se obtienen las siguientes hipótesis legales: El imputado y su defensor pueden tener acceso a los registros de la investigación cuando: a) Se encuentre detenido. b) Sea citado para comparecer como imputado o; c) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. En el caso, la quejosa argumenta esencialmente que se encuentra en la tercera de las hipótesis señalada, es decir, que fue sujeta a diversos actos de molestia, los cuales detalló en su escrito de demanda; sin embargo, para que se actualice dicha hipótesis es necesario que además de ello se pretenda recibir su entrevista; lo cual en el caso no acontece; pues incluso la quejosa no hizo manifestación tendiente a establecer que la Agente del Ministerio Público responsable pretenda entrevistarla, o que ésta acudiera a rendirla de manera voluntaria. Además el hecho de que la quejosa esté siendo investigada dentro de una carpeta de investigación es insuficiente para considerar que debe otorgársele acceso a los registros de la investigación en la etapa inicial del proceso penal acusatorio, pues para ello como lo refiere el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere que sea citada a comparecer o que le afecte un acto de molestia y además se pretenda recibir su entrevista, lo que en el particular no se acreditó. En torno a la fase inicial de investigación que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso a la carpeta de investigación pero bajo ciertas restricciones. La denuncia o querella con lo que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o participe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme el avance de la investigación, de ahí que el Agente del Ministerio Público, está obligado a realizar estos actos con el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Así, el Agente del Ministerio Público sólo puede recabar en esta fase de investigación actos de investigación que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, es por lo anterior que la propia ley procesal de aplicación nacional, contempla diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no lo exigen. Debe destacarse el contenido de la fracción XII, del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece: "Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control. No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: (.) XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial." Así, todos aquellos actos de investigación que no prevén control judicial expreso en la ley, son susceptibles de obtenerse sin la autorización judicial, lo que permite concluir que son aquellos donde no se ve riesgo alguno a la afectación de los derechos fundamentales de las personas investigadas. Lo anterior debe ser observado con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio."(.) Así, durante la fase inicial de investigación el Ministerio Público debe dirigir su actividad con el respeto de los derechos fundamentales de las personas y solo, cuando se comprometa alguna restricción de derechos de la persona que involucre el acto de investigación (no necesariamente indiciado) se requerirá la intervención judicial (juez de control) para garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Si esto es así, el Agente del Ministerio Público tiene la obligación de requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; actos de investigación, que no motivan la intervención del Juez de Control, en términos del dispositivo invocado, al ser así se obtiene que el legislador ordinario consideró innecesaria la intervención de la autoridad judicial por no involucrar la afectación de un derecho del indiciado, victima u ofendido. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos estos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, victima u ofendido, podría tener acceso a una investigación, donde como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Por lo expuesto, no es factible de considerar como acto de molestia, la actividad de investigación del ministerio público cuando realiza actos de investigación con la finalidad de integrar la carpeta de investigación iniciada en los términos que señala la quejosa, pues como se ha mencionado no se aprecia afectación o restricción alguna a sus derechos sustantivos, ello es así porque el legislador ordinario no consideró oportuna la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en este tipo de actos de investigación en su fase inicial. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al disponer de manera clara y específica las siguientes hipótesis: a) cuando el imputado se encuentre detenido; b) cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el juez de control. Y es a partir de entonces, esto es, de que se actualice cualquiera de esos supuestos, cuando los datos de prueba y demás información contenida en la carpeta de investigación deja de ser reservada, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses; salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria, para salvaguardar el éxito de la investigación. Por tanto, el hecho de estar siendo investigada dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, al margen que pudiera considerarse que es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada; dado que debe decirse que en el particular al no estar acreditado que la quejosa ha sido citada a entrevista por parte de la Fiscalía aunado a los actos de investigación que refiere existen en su contra, ello trae como consecuencia que no se actualice la hipótesis legal que garantiza su derecho a tener acceso a las constancias que integran la carpeta de investigación, pues éstos como se dijo en términos de los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ocurre cuando se encuentre detenida; pretenda recibirse su declaración o entrevistarla; y, antes de que comparezca por primera vez ante el juez de control; hipótesis que no se han actualizado en el caso concreto. Por lo anterior, son infundados los conceptos de violación y en virtud de que no se advierte deficiencia qué suplir lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis con número de registro 2020052 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, Materia: Penal, página: 5071 del rubro: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE." Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a LETICIA BRAVO TORRES, contra el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, emitido en la carpeta de investigación SC01/1756/2018, que reclamó del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Diversos de la Zona Metropolitana del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del este juzgado, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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