Leticia Elvira Gutiérrez Torres
Expediente 858/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leticia Elvira Gutiérrez Torres
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 06 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: "Se tiene por recibido el informe justificado que rinde el Juez Familiar de Primera Instancia del Centro Auxiliar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al que anexa la sentencia dictada el dos de diciembre del año en curso en el expediente 1138/2018 de su índice y su notificación, realizada por lista al día siguiente. En ese sentido, vistos los autos que integran el presente expediente se advierte que Leticia Elvira Gutiérrez Torres ocurrió a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra un acto de la autoridad referida en el párrafo precedente, de quien reclamó lo siguiente: "La omisión injustificada, ilegal, discrecional y arbitraria del C. JUEZ FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL CENTRO AUXILIAR DEL SISTEMA TRADICIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CHIH, de dictar sentencia definitiva en la Controversia del Orden Familiar, promovida por la suscrita LETICIA ELVIRA GUTIÉRREZ TORRES en contra del SR. FRANCISCO OROZCO HERNÁNDEZ, expediente número 1138/2018, no obstante estar citadas las partes para ese efecto por auto de 3 de mayo de 2019." De lo anterior, se destaca que el acto reclamado consiste en la omisión de dictar sentencia en el juicio de controversias del orden familiar 1138/2018, del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Centro Auxiliar del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta urbe, promovido por la aquí quejosa, contra Francisco Orozco Hernández. Luego, del informe justificado rendido por la responsable, se observa que aceptó la existencia de tal acto, refiriendo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había sido emitida la sentencia definitiva en el mencionado expediente, en el entendido de que el dos de diciembre en curso se dictó la misma, anexando copia certificada de dicha resolución; medio de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedido por una autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones. Ahora, el numeral 62 de la ley de la materia, establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; en tal orden de ideas, este juzgador advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXI, de dicha ley, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Como se vio, el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, es decir, cuando son destruidos en forma total esos efectos, de tal modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional que se aduce. Siendo así, sin lugar a dudas en el caso se actualiza la hipótesis que prevé el citado artículo 61, en su fracción XXI, pues si bien es cierto que cuando la amparista presentó su demanda de derechos fundamentales (veintisiete de noviembre del año en curso), la responsable no había dictado la sentencia, cuya omisión se reclamó, de las documentales que remitió aquélla al rendir su informe de ley, se advierte que el dos de diciembre actual emitió tal resolución en el expediente 1138/2018 de su índice, por lo que se concluye que el acto reclamado cesó en sus efectos. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional.
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: "se admite la demanda. Se señalan las diez horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la ley en aplicación, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe; De acuerdo con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 9, 12, 16, 68, 71, fracción I, y Transitorios Primero y Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Gral. Rivas Guillen, número 488 norte, en esta ciudad; como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado José Luis Cano Sánchez Primo, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, aparece cédula profesional registrada a su nombre y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Silvia de León Torres, José Guadalupe Carrasco González y Edgar Alejandro Pulido Hidalgo, por así solicitarlo la promovente. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercero interesado".
- Principal
se admite la demanda. Se señalan las diez horas del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve para que tenga lugar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la ley en aplicación, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe; De acuerdo con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 9, 12, 16, 68, 71, fracción I, y Transitorios Primero y Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Gral. Rivas Guillen, número 488 norte, en esta ciudad; como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado José Luis Cano Sánchez Primo, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, aparece cédula profesional registrada a su nombre y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Silvia de León Torres, José Guadalupe Carrasco González y Edgar Alejandro Pulido Hidalgo, por así solicitarlo la promovente. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercero interesado.
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