Leslie Yahaira Robles Loera
Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leslie Yahaira Robles Loera
Actuaciones
- Principal
se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DOS DICIEMBRE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Por recibida la demanda de cuenta, promovida por del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 430/2020-VI. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la peticionaria no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al amparista a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, la quejosa se duele determinación dictada el dieciséis de octubre del año en curso, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se declaró incompetente para conocer de la queja intentada por la misma. Sin embargo, previo a presentar juicio de amparo, la promovente no agoto el principio de definitividad, al no interponer el medio ordinario de defensa contra dicho reclamo, mismo que se encuentra regulado en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Estatal de Derechos Humanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 45. Las recomendaciones, acuerdos, resoluciones u omisiones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son impugnables ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la forma y términos que señala la ley de la materia." Al respecto, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos prevé lo siguiente: "Artículo 55.- Las inconformidades se substanciarán mediante los recursos de queja e impugnación, con base en lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Se aplicarán supletoriamente y en lo que resulte procedente, los preceptos del Título III, Capítulo I, de esta ley. (.)" "Artículo 61.- El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la Comisión Nacional y contra las resoluciones definitivas de los organismos estatales de derechos humanos o respecto de las informaciones también definitivas de las autoridades locales sobre el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por los citados organismos. Excepcionalmente podrán impugnarse los acuerdos de los propios organismos estatales cuando, a juicio de la Comisión Nacional, se violen ostensiblemente los derechos de los quejosos o denunciantes en los procedimientos seguidos ante los citados organismos y los derechos deban protegerse de inmediato." "Artículo 62.- El recurso de impugnación deberá contener una descripción concreta de los hechos y razonamientos en que se apoya, así como las pruebas documentales que se consideren necesarias. A su vez, el organismo estatal de derechos humanos deberá enviar con la instancia del recurrente un informe sobre la Recomendación que se impugna con los documentos justificativos que considere necesarios." De los anteriores preceptos se advierte que las resoluciones definitivas de los organismos estatales deberán ser impugnadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del recurso de impugnación, en los términos precisados en dicho ordenamiento. Ahora bien, el acuerdo impugnado es equiparable a una determinación definitiva, en razón de que, según lo manifestado por la impetrante de garantías, la autoridad señalada como responsable concluyó la queja antes de llevar a cabo la investigación. En ese contexto, la citada legislación prevé un procedimiento a seguir en caso de inconformarse con determinaciones definitivas de las comisiones estatales, en este caso el recurso de impugnación, el cual deberá contener una descripción concreta de los hechos y razonamientos en que se apoya, así como las pruebas que consideren necesarias. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que contempla la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en razón de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de impugnarse a través de los medios de defensa previstos en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio y de conformidad a lo establecido en el numeral 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Por otro parte, en términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que las resoluciones que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, podrán ser consultadas por el público en general, conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Gómez Pedraza 423, colonia El Colegio, en esta ciudad y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia al licenciado Carlos Gutiérrez Casas, por contar con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" y en términos restringidos a Aarón Elizardo González Ochoa por no contar con dicho requisito.
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