Leticia Diaz Hernandez

Expediente 406/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
406/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Leticia Diaz Hernandez
  • LETICIA DIAZ HERNANDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintiséis de febrero del año en curso, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 406/2020-V, promovido por Leticia Díaz Hernández y Juan Alberto Díaz Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Leticia Díaz Hernández y Juan Alberto Díaz Hernández, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ORDENADORAS Y EJECUTORAS: C. JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DSITRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO con domicilio bien conocido el ubicado en Avenida, Calle Dr. Nicolás San Juan 104, Ex Rancho Cuauhtémoc, 50010 Toluca de Lerdo, Méx.:" "4.- ACTOS RECLAMADOS. La infundada, inmotivada, inconstitucional y anticonstitucional, PROCESO INDEVIDO DE NO ESTAR EMPLAZADOS A JUICIO COMO SE DESPRENDE DE ACTUACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE 51/2020 RADICADO ANTE EL JUZGADO CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." Actos reclamados que los promoventes del amparo señalaron violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por acuerdo de tres de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse una omisión de una autoridad jurisdiccional del orden civil cuya residencia se localiza dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 51/2020 del índice del Juez responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, a pesar de lo manifestado en tal sentido por la responsable, se estima que la omisión reclamada es inexistente, por los motivos que a continuación se expondrán. El Juez responsable, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado únicamente en cuanto a la existencia del procedimiento de origen, es decir, el juicio ordinario civil 51/2020; más no así por cuanto hace a la falta de emplazamiento de los ahora quejosos, pues al respecto manifestó que, en los autos de origen, obran las respectivas constancias de emplazamiento de los hoy solicitantes del amparo. Esto se encuentra debidamente corroborado con las constancias que, como complemento a su informe justificado, remitió el Juez responsable, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 51/2020, así como de sus cuadernillos de pruebas y documentos; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Y es que, de las referidas constancias, se aprecia que el hoy tercero interesado Faustino García Astudillo, demandó, entre otro, a los aquí solicitantes del amparo Leticia Díaz Hernández y Juan Alberto Díaz Hernández, las prestaciones expresadas en el escrito inicial de demanda recibido el veintisiete de enero de dos mil veinte, al cual recayó el auto admisorio de veintiocho siguiente; determinación de la que derivaron las diligencias de cuatro y cinco de febrero de dos mil veinte, las primeras de cuatro de febrero, referentes a las razones de entrega de los citatorios realizadas en el domicilio señalado como de los demandados (citatorios que de igual forma se anexaron a sus respectivas diligencias), y las segundas del cinco siguiente, atinentes a las razones de emplazamiento correspondientes a los aquí quejosos. Con lo cual, como ya se dijo, se encuentra acreditada la inexistencia de la omisión aquí reclamada por los accionantes del amparo, porque, contrario a lo que reclaman, de las constancias del juicio de origen se aprecia que sí fueron emplazados al juicio primigenio. Lo anterior no implica prejuzgar sobre la legalidad del referido emplazamiento, pues tal diligencia no constituyó el acto reclamado en el presente sumario constitucional, sino la falta de la misma, por lo que este Juzgador se encuentra ante la imposibilidad de analizar la legalidad de un acto que no fue designado como destacado por los solicitantes del amparo. Máxime que las diligencias de emplazamiento se realizaron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, e incluso antes de la fecha en que los quejosos manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento de la existencia del procedimiento de origen, así como de que formaban parte del mismo; por lo que sí se encontraban en aptitud de formular su demanda de amparo en contra de dichas diligencias, si a sus intereses así conviniere. En razón de lo anterior, se concluye que el acto tal como fue reclamado por los impetrantes del amparo es inexistente; sobre manera que los impetrantes del amparo, no ofrecieron medio de convicción con los que se acreditara la existencia del acto que aquí reclamaron. En las relatadas condiciones, al acreditarse la inexistencia del acto reclamado por los ahora quejosos, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que lo anterior no implica una denegación de la justicia o una afectación a los derechos humanos de los impetrantes del amparo, pues no es la obligación de este órgano de amparo tramitar y resolver en el fondo el asunto sometido a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a que a su demanda debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento, a las cuales deben apegarse los accionantes de amparo y entre las que se encuentran las causas de sobreseimiento advertidas en el presente fallo. Es aplicable sobre el tema, la jurisprudencia VII.2o.C.J/23, publicada en la página 921, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2006, Novena Época, con número de registro 174737, que establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Y en lo conducente la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Finalmente, dado el sentido de la presente resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por los accionantes del amparo; lo que encuentra apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia 509, publicada en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. QUINTO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior en atención al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Díaz Hernández y Juan Alberto Díaz Hernández, contra el acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por lo motivos expuestos en el último de los Considerandos citados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en que las labores de este Juzgado de Distrito permitieron su engrose, asistido de Rafael Becerra Lozano, secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual la Ejecutora del Juzgado de Ejecución Penal de Tenango del Valle, Estado de México, remite la constancia de emplazamiento de Faustino García Astudillo, señalado como tercero interesado en el presente juicio de amparo; circunstancia de la que se toma conocimiento. De lo anterior no se hace mayor pronunciamiento toda vez que mediante auto de nueve de diciembre se acordó similar información. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que el plazo de tres días que se confirió al tercero interesado Faustino García Astudillo, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que emitiera pronunciamiento al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento que le fue decretado en auto de diez de noviembre pasado, esto es, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les realizaran por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual la Ejecutora en funciones de Secretario del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remite las constancias de emplazamiento de Faustino García Astudillo, señalado como tercero interesado en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se le tiene al tercero interesado emplazado en el presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar y una vez que transcurra el término concedido para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, se proveerá lo que en derecho corresponda.

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