Leopoldo Herrera Leyva

Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Leopoldo Herrera Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 30 DE MARZO DE 2023, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL ORGANO DE MI ADSCRIPCIÓN, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL 31 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Leopoldo Herrera Leyva, contra actos del Magistrado (a) de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 484/2023-I. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: -El proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio administrativo 585/2021, del índice de la autoridad responsable, emitido en ejecución de la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Tan es así que en los hechos que narra en el apartado de antecedentes que hace valer, van encaminados a reclamar el acto descrito. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII de la citada ley, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Asimismo, el artículo 107, fracción IV primer párrafo de la mencionada ley, establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". La fracción IV, primer párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar que los juicios de amparo se multipliquen innecesariamente y, por lo mismo se han sentado las bases para que la única resolución combatible en amparo sea la última, la que en definitiva ponga fin al asunto, ya sea que se le impugne por vicios propios, es decir, que radiquen en su texto, o bien por violaciones cometidas en el procedimiento que le preceda y en que descanse; salvo, naturalmente, que los actos afecten a un extraño al procedimiento, porque entonces el agraviado está aptitud de reclamarlos en amparo tan pronto como se tenga conocimiento de ellos. Establecido lo anterior, es preciso destacar que la parte quejosa en la presente instancia constitucional reclama el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio administrativo 585/2021, del índice de la autoridad responsable, emitido en la ejecución de la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Puntualizado lo anterior, se obtiene que el auto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento respectivo. Así las cosas, es menester precisar, que por última resolución debe entenderse aquella que pone fin a la etapa de ejecución del juicio, o sea, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia que condena. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, por lo que hace a la última determinación en el proceso de ejecución de sentencias, que previamente se encontraba contenida en el artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, y que fue rescatada en la fracción IV primer párrafo del artículo 107 de la Ley vigente aplicable a la materia, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no es la última, pues los actos dictados en ejecución de sentencia, tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que, mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, para evitar los abusos del juicio de amparo a fin de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya la verdad legal. En el caso en estudio, el acto reclamado es un acto emitido en el desarrollo del procedimiento de cumplimiento de la resolución que rige en los autos del juicio de primer grado. Así, como ya se dijo, el reclamo en vía de amparo en contra de actos "en" o "para" ejecución de sentencias debe hacerse hasta que culmine el periodo de ejecución y en el caso particular el conflicto civil del cual emana el acto que en esta instancia inconstitucional se pretende impugnar, se encuentra en vías de cumplimiento, pues el procedimiento de ejecución se encuentra en trámite. Sentado lo anterior, es evidente que procede desechar de plano la demanda de amparo que se atiende, por su manifiesta e indudable improcedencia, al encontrarse el procedimiento generador del acto reclamado juicio administrativo 585/2021 en vías de ejecución; pues como se precisó, la intención del legislador, contenida en la fracción IV, primer párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución de la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional, pudiendo reclamar en los actos que impugna en el escrito de demanda que se atiende, como una violación cometida durante el desarrollo del procedimiento, para el caso de que la emisión del mismo, hubiera dejado sin defensa a la quejosa, en la etapa en que se encuentra el conflicto de origen. Es decir, el juicio de amparo únicamente será procedente en contra de la determinación que declare definitivamente que se ha cumplido la sentencia, o bien, que determine la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, y no, las determinaciones intermedias que para tal efecto se dicten, las cuales de igual forma podrá impugnar al momento de hacer valer el amparo en contra de la última determinación; asimismo, no se desatiende que la parte quejosa indique que el acto reclamado constituye uno de imposible reparación; sin embargo, tal sería el efecto de una sentencia concesoria de amparo, retrotraer las cosas a la forma en que se encontraban previo a la violación reclamada, es decir, restituir al quejoso en el goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Jurisprudencial Número P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, por analogía la tesis I.8o.C.21 K, visible en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio físico que proporciona, y se toma conocimiento de los correos electrónicos leoleyva@outlook.es, j.cesargc@hotmail.com y casca111@hotmail.com, como medios de contacto. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************en virtud de que cuentan con el registro de su cédula profesional en el sistema respectivo, tocante a las restantes personas, se autorizan para los efectos del párrafo segundo, del artículo 24 de dicha legislación, limitación que subsiste hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Cédulas Profesionales del Consejo de la Judicatura Federal, hecho lo cual se deberán informar a este órgano federal mediante nueva promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En diverso orden, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa Nora Toral Baños, solicita copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, de la foja trescientos cuarenta y uno a la fecha. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, de la codificación invocada en el párrafo precedente, expídanse a su costa las copias que solicita, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal.

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