Leticia Betanzos Sánchrz

Expediente 325/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
325/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Leticia Betanzos Sánchrz

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Leticia Betanzos Sánchez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de Marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos. En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Recepción y registro de demanda. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por Leticia Betanzos Sánchez, por propio derecho, contra actos que reclama del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Delito de Robo de Vehículo, con sede en Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente electrónico y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 325/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideración previa. MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ".la negativa de darme acceso a la carpeta de investigación CA/FRO/VEC/034/243434/20/10, que se me sigue en calidad de imputada por el delito de encubrimiento..." En el caso, se desprende que la inconforme reclama el inacceso en la carpeta de investigación CA/FRO/VEC/034/243434/20/10, dentro de la cual, aduce tener el carácter de imputada, lo que en el caso, atañe al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, cabe destacar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la Materia. Dicho precepto legal prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que así lo establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo es, lo establecido en el numeral 20, apartado B, fracción VI, que establece los derechos y restricciones de toda persona imputada. Sobre la improcedencia destacada, existe una restricción directa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún a quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee -como lo pretende la quejosa-, incluso, sin necesidad de ser citada, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso inmediato a ella y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, la Constitución constriñe la posibilidad que lo anterior ocurra, hasta en tanto el Ministerio Público lo estime conveniente para el éxito de su investigación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), publicada en la página 202, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 mexicano." Como se anunció, dicha restricción se encuentra prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Carta Magna, que establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa." Del texto constitucional en cita, se advierte que es derecho fundamental que al imputado por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, la Carta Magna es específica en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Naturalmente, las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras que los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial. Empero, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en aludir a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, por las circunstancias particulares que del asunto se desprenden, únicamente se abordará el análisis del supuesto señalado en el número 2), pues de la demanda de amparo no se advierte que la quejosa se encuentre detenida, lo haya estado, o que alguna carpeta de investigación integrada en su contra se encuentre judicializada. En ese sentido, el supuesto 2) hace mención a que el imputado tendrá acceso a los registros de la investigación, cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, cuya redacción alude a una posición pasiva de aquél, en la medida que para que pueda tener acceso a tales registros, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo dichas diligencias - recibir declaración o entrevista- mismas que por antonomasia, son las que -de estimarlas necesarias- realiza el Ministerio Público durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 Por tanto, de lo anterior se sigue que por lo que hace en la etapa de investigación inicial, hay restricción de índole constitucional para que el imputado pueda tener acceso a la indagatoria y por ende, que sea citado para comparecer, hasta en tanto la representación social estime necesaria su presencia en la cual pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, con el fin de esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. En el tenor se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 216, que establece: "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." En otras palabras, en la etapa de investigación inicial el Ministerio Público tiene la potestad de darle o no acceso al imputado a los registros que obran en la carpeta de investigación -bajo los términos señalados-, y de ningún otro ordenamiento se prevé que el imputado tenga derecho a lo contrario, es decir, a que sea citado para comparecer a fin de que pueda tener acceso a los registros de investigación sin ninguna limitación o impedimento alguno. Sin que sea óbice a lo expuesto, que la única condición que tiene la autoridad con relación a lo anterior, es que una vez que al imputado se le dé el acceso condigno a los registros de la investigación, ya no se podrán tener bajo reserva los mismos, salvo excepciones MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? que se hallan previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno del imputado, a fin de no afectar su derecho de defensa. Esto guarda sentido, en virtud que tanto para el Constituyente Permanente como para el legislador ordinario la reserva de información es un principio que ciñe a las actuaciones relativas a la investigación del delito, la cual se resguarda al tenor de las premisas que se han argüido (respecto de los momentos en que el imputado puede tener acceso a los antecedentes de la indagatoria), tal como se advierte del artículo 218 de la legislación adjetiva invocada, que dice: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". De manera que, en el caso que la quejosa llegue a tener la calidad de imputada, tal restricción constitucional de ningún modo trunca su derecho al debido proceso y de adecuada defensa, pues si la autoridad ministerial no decidiera citarla durante la investigación inicial a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, la quejosa aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. En efecto, es cierto que las prerrogativas que alude la inconforme deben ser efectivas desde que se señalan a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, así como desde que se ha ordenado una investigación; sin embargo, en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio oral, debe recordarse que la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última comienza con la celebración de la audiencia inicial. Además que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo es el imputado y su defensor, tienen el derecho de acceder a todos los antecedentes que integran a la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y puedan hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente, tal y como lo señala el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales: MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". A mayor abundamiento, resultan aplicables las tesis cuyos rubros son los siguientes: ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO1. DEBIDO PROCESO Y DEFENSA ADECUADA. LA RESERVA DE INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO VIOLA DICHOS DERECHOS RECONOCIDOS A FAVOR DEL IMPUTADO2. DERECHO AL ACCESO A LOS REGISTROS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y A OBTENER COPIA DE ÉSTOS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE CONFIGURA A FAVOR DEL IMPUTADO, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE DETENIDO, SEA OBJETO DE UN ACTO DE MOLESTIA, O HAYA SIDO CITADO A ENTREVISTA POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO3. 1 Época: Décima Época Registro: 2016068 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: I.1o.P.89 P (10a.) Página: 2036 2 Época: Décima Época Registro: 2015960 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: I.1o.P.90 P (10a.) Página: 2104 3 Época: Décima Época Registro: 2016618 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h Materia(s): (Constitucional, Penal) Tesis: I.6o.P.102 P (10a.) MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO4. CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE5. En conclusión, al existir la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en contexto con la diversa VI, del apartado B, del numeral 20 de la Carta Magna, y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Leticia Betanzos Sánchez, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se 4 Época: Décima Época Registro: 2015566 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Penal Tesis: I.9o.P.172 P (10a.) Página: 1958 5 Época: Décima Época Registro: 2015501 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XXVII.3o.47 P (10a.) Página: 1959 MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Sin embargo, por única ocasión, se comisiona al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio ubicado en: Avenida Juárez número 111, interior uno, colonia Centro de Cuautitlán, Estado de México, y notifique la presente determinación a la parte quejosa. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Correo electrónico. Por otra parte, respecto al correo electrónico y que indica, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota de los mismos, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales y en el evento de MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenline a/Home/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 ??????????????? medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. MARIANA GABRIELA GONZALEZ CARRILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0e.77 01/03/23 19:38:03 16 JUZGADO OCTAVO EXP. 325/2022 Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.6 Notifíquese.

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