Leticia Betanzos Sánchez
Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fiscal Federal Adscrita
- Leticia Betanzos Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de ocho de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Leticia Betanzos Sánchez, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible por haberse desechado la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ya que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por la quejosa Leticia Betanzos Sánchez, por propio derecho; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de catorce de febrero del año en curso, así acuérdese lo que en derecho corresponda: Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/202 En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen:DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 ??????A???????? Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. De la lectura integral del artículo transcrito se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley, sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o si el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el artículo transcrito, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, la transcrita fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla -que en su caso- prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ahora, en la especie la quejosa, reclama de la autoridad ministerial, la omisión de la cancelación del reporte de robo del vehículo materia de la litis, la orden de que ponga a disposición de la autoridad responsable el vehículo en cuestión y, que se presente ante la responsable a fin de que continúe con la investigación, otorgando una firma para desahogar un dato de prueba, para los cuales debe comparecer la quejosa a la carpeta de investigación de origen. Así, contra dichas determinaciones, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la quejosa debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado a su vez con el 109, fracción XXI, del citado código, que establecen lo siguiente: Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de Control declarará sin materia la impugnación. - - - La resolución que el juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 ??????A???????? "Artículo 109. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:. XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;.." De la interpretación del primer artículo se desprende que contra las determinaciones del ministerio público sobre i) la abstención de investigar, ii) el archivo temporal, iii) la aplicación de un criterio de oportunidad y iv) el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a las víctimas, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que les sean notificadas; asimismo, el diverso numeral establece que la víctima tendrá, entre otros aspectos, derecho a impugnar las omisiones o negligencia que cometa el fiscal en el desempeño de sus funciones de investigación; por tanto, es dable concluir que las determinaciones del ministerio público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial con la finalidad que sea el juez de control quien revise su legalidad. Dicha circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (la omisión de la cancelación del reporte de robo del vehículo materia de la litis, la orden de que ponga a disposición de la autoridad responsable el vehículo en cuestión y que se presente ante la responsable a fin de que continúe con la investigación, para los cuales debe comparecer la quejosa a la carpeta de investigación de origen), sino que, en general, se tratan de actuaciones del fiscal que tengan como efecto integrar una investigación. En este sentido, las determinaciones emitidas por el ministerio público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la omisión de la cancelación del reporte de robo del vehículo materia de la litis, la orden de que ponga a disposición de la autoridad responsable el vehículo en cuestión y los actos de investigación, para los cuales debe comparecer la quejosa a la OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 carpeta de investigación de origen, lo que implica una omisión y por otro lado una negligencia de ordenar actuaciones que le corresponden. Además, la finalidad sobre que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que realice las actuaciones correspondientes y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, como consecuencia, que el fiscal continúe realizando la investigación correspondiente en el ámbito de su competencia. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Sustentan lo anterior, las tesis de jurisprudencia siguientes1: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas 1 Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Página: 945. Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) Página: 943 OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 ??????A???????? de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Leticia Betanzos Sánchez, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos con sede en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, Licenciado Alejandro Arellano Castañeda. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 194/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención. El numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I.Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De la transcripción anterior se desprende que, el citado numeral no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda solo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Ahora, a efecto de proveer sobre su admisión, requiérase a la promovente, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad; con fundamento en lo previsto por los artículos 108, fracción V, en relación al diverso 114, fracción I, de la Ley de Amparo, desahogue los siguientes requerimientos: 1. Precise el acto que por esta vía tilda de inconstitucional, toda vez que en el apartado correspondiente de su escrito de demanda aduce que reclama de la autoridad señalada como responsable la negativa de cancelar el reporte de robo, con el cual cuenta su vehículo de la marca AUDI, Modelo 2016, con número de motor CZC2411181, con número de serie WAUAYABX1GB000055, y placas de circulación NWB2417, dentro de la carpeta de investigación ECA/FRO/VEC/034/243434/20/10; de igual forma, reclama la orden de que la quejosa ponga a disposición de la responsable, el vehículo de la marca AUDI, Modelo 2016, con número de motor CZC2411181, con número de serie WAUAYABX1GB000055, y placas de circulación NWB2417, en la carpeta de investigación ECA/FRO/VEC/034/243434/20/10, sin embargo, también reclama la orden de que se presente a las oficinas de la responsable con la finalidad de que presente Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 escrito de su puño y letra a efecto de llevar a cabo la investigación respecto de las documentales en las que se encuentra estampada su letra para enviar solicitud a periciales en el área de caligrafía y grafoscopía; deposados que crean incertidumbre a este órgano jurisdiccional y es necesaria su precisión a fin de conocer de manera preliminar el acto y estar en aptitud de proveer sobre su procedencia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XX.57 K, visible en la página 87, tomo III, marzo de 1996, Novena época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." 2. Manifieste, de forma clara, sucinta y cronológica cuáles son los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado donde tuvo intervención la autoridad que señala como responsable o en su caso advierta la existencia de las diversas autoridades atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. 3. Deberá narrar de manera pormenorizada y cronológica la totalidad de los actos procesales que se han llevado a cabo en la carpeta de investigación ECA/FRO/VEC/034/243434/20/10, del que deriva el acto reclamado. Siendo necesario que aclare lo anterior, para fijar de manera correcta la litis constitucional en este asunto y en caso de ser procedente su admisión, la autoridad señalada como responsable esté en aptitud de rendir su informe de ley sobre un acto concreto de autoridad que se le atribuya, aunado a que dichos datos son necesarios por ser parte esencial de los antecedentes de los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. 4. Finalmente, deberá exhibir tantas copias como sean necesarias de su escrito aclaratorio y anexos que lo acompañen para Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 el completo de los traslados aludidos a las partes que intervienen en el presente juicio. Lo antepuesto, resulta necesario para conocer la verdad legal, incluyendo los aspectos que influyan en la procedencia de la demanda que se pretende, con la finalidad de fijar la litis constitucional, en términos de la carga procesal señalada en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que rige el juicio de amparo indirecto, en relación con el diverso 7 fracción I del citado ordenamiento legal, lo que incluso resulta favorable a los intereses de la quejosa, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos y por ello se estima procedente prevenirla para que aclare por completo su escrito demanda. Apercibimiento a la parte quejosa. Apercíbase al promovente Leticia Betanzos Sánchez, que de no cumplir a cabalidad con el presente requerimiento en la forma y plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 Por ello, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya por única ocasión en el domicilio ubicado en Avenida Juárez, Número 111, Interior 1, Colonia Centro, Cuautitlán, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que, si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado; asimismo, téngase por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas mencionadas. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos tramites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) Promociones ya acordadas en autos; b) Duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) Acuses de recibo. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 Sustenta dicha orden lo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte relativa a la Descripción del Puesto de Actuario Judicial, apartado II.2 relativo a las funciones, el cual en el punto 5., señala: Registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), la práctica y constancia de notificaciones. Enrique Camacho Flores 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.7b 21/07/22 14:58:29 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 194/2022 comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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