Leticia Adame Gómez

Expediente 250/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
250/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Leticia Adame Gómez
  • LETICIA ADAME GÓMEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a dos de mayo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria; dejándose sin efectos la medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión que deriva este juicio. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Incidente. No se solicitó. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, a once de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de donde se advierte que mediante acuerdo de seis de enero de dos mil catorce, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa y se consideró que es susceptible de depuración. Sin embargo, se omitió el pronunciamiento respecto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio. Precisión. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace la precisión, que en términos del punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito (normativa aplicable virtud a la fecha en que se emitió el acuerdo de archivo correspondiente), el cuaderno original del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE, en tanto que se negó la suspensión provisional y definitiva en el incidente de suspensión. Lo que significa la desintegración material de las constancias que obran en el mencionado expediente; proceso que se llevará a cabo en el siguiente de evento de depuración y destrucción. Sin que lo anterior implique que este tribunal revoque sus propias determinaciones, sino solo subsanar la irregularidad advertida. Esta determinación se deberá hacer del conocimiento de las partes por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, en tanto que no cuenta con documentos originales. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Jorge Trejo Veloz, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Secretario del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. (Firmada electrónicamente) Licenciado Jorge Trejo Veloz.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Christian Eduardo Gaspar Fraire quien se ostenta como apoderado de Leticia Adame Gómez y María Concepción Lozano del Río, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, y se dio legal intervención la Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues, aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, se atribuye a autoridades con residencia en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención del impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, de los rubros y datos de identificación siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.)" "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: i. La omisión por parte de la autoridad responsable de emitir el auto de radicación relativo al juicio laboral promovido por el actor (aquí quejoso). Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al momento de rendir su informe justificado Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada fueron remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 1795/2021, de su índice, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que en su rubro dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. El quejoso reclama en esencia la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir el auto de radicación relativo al juicio laboral promovido por el actor (aquí quejoso). Este juzgador advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir el auto de radicación relativo al juicio laboral 1795/2021 promovido por el actor (aquí quejoso). Sin embargo, de las constancias allegadas por la propia autoridad responsable la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que el uno de abril de dos mil veintidós, emitió un auto mediante el cual radicó la demanda promovida por el actor (aquí quejoso), dentro del juicio laboral 1795/2021, y la admitió a trámite señalando como fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, las once horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, y ordenó notificar a las partes de forma personal. Lo anterior se advierte de la constancia del contenido siguiente: Como se precisó anteriormente las mencionadas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de copia certificada expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Atendiendo lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre el acto reclamado por la quejosa y la actuación de la responsable, se desprende: 1. Que se presentó un escrito ante la autoridad responsable. 2. Que al momento de presentar la demanda, no se había acordado dicha promoción. 3. Que después de la presentación de la demanda, se admitió a trámite el juicio laboral. En efecto, como se adelantó, el uno de abril de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo mediante el cual radicó la demanda promovida por el actor (aquí quejoso), y la admitió a trámite, asimismo señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, las once horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, y ordenó notificar a las partes de forma personal. En consecuencia, es incuestionable que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, ya que lo determinado por la autoridad responsable destruyó los efectos del acto reclamado, al pronunciarse sobre la solicitud realizada por la parte quejosa en el juicio laboral de origen. En efecto, se insiste, la autoridad responsable el uno de abril de dos mil veintidós, radicó la demanda promovida por el actor (aquí quejoso), asimismo la admitió a trámite y señaló como fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, las once horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, y ordenó notificar a las partes de forma personal en el juicio laboral de origen como si se le hubiera concedido el amparo a la parte quejosa, resultando por ende ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos; lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, y ocasiona el sobreseimiento del presente juicio de amparo en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. En ese sentido, se estima que se cumplió con el objeto por el cual la quejosa instó la acción constitucional, y los efectos del acto reclamado cesaron en su totalidad con el auto de radicación de uno de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 1795/2021 de origen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a cinco de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable. Pruebas. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las probanzas que adjuntó. Vista. Por tanto, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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