Lesslie Emeline Salinas López
Expediente 2004/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2004/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Lesslie Emeline Salinas López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se da cuenta con los alegatos de la parte tercero interesada. El Juez acuerda: De conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidos los alegatos de las partes que los formularon. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable Segundo Tribunal Distrital, con sede en esta ciudad, Lesslie Emeline Salinas López, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES 1) Tribunal Distrital de Justicia del Estado, . IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad responsable reclamo el acuerdo pronunciado dentro de los autos del toca civil, número 291/2022 ya que la misma viola las formalidades esenciales del procedimiento." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, quien por auto de presidencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal por razón de vía y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna. Por razón de turno la misma fue remitida a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 2004/2022-VIII, se admitió a trámite, se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio legal intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna; es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto dictado por un juez residente en el lugar en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: i. El auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Segundo Tribunal Distrital, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 291/2022, en el que desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, contra la sentencia interlocutoria de seis de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el incidente de nulidad de notificaciones y actuaciones en el emplazamiento, realizado dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así expresamente lo manifestó al rendir el informe justificado; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que en su rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual manera, cabe invocar por analogía, la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto atacado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de la procedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, el tercero interesado sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo se presentó fuera del término legal para ello. Es fundada la causa de improcedencia formulada por la parte tercero interesada, ya que la demanda de amparo se presentó fuera del término de quince días que tenía para hacerlo. El citado marco normativo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos;". Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Como se advierte, conforme a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la demanda de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, conforme a las reglas instituidas en los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Asimismo, del contenido de los mencionados preceptos, se advierte que para el cómputo del plazo de quince días, el legislador previó tres supuestos excluyentes entre sí, a saber: a) Un primer supuesto que se refiere al de la notificación formal del acto reclamado, en cuyo caso el plazo se computará a partir del día siguiente de aquél al en que surta efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, para lo cual se atenderá a la ley que rigió el procedimiento del juicio natural y que se encontraba vigente al momento de la notificación; b) Un segundo supuesto relativo a que la parte quejosa hubiere tenido conocimiento completo de la resolución o acuerdo que reclame por un diverso medio al de su notificación formal, para lo cual el plazo referido se contará a partir del día siguiente al en que ello ocurra; o bien, c) Un tercer supuesto que podrá actualizarse cuando el quejoso se ostente sabedor de la resolución o acuerdo reclamados, o de su ejecución, en cuyo caso, el plazo mencionado comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquél al en que manifieste haber conocido el acto reclamado. De igual forma, del último de los preceptos citados, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, la ley que rige el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles, del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual, en su artículo 218 establece lo siguiente: "ARTÍCULO 218. Notificación por lista de acuerdos. Si las partes o sus procuradores, patronos o autorizados no concurren al tribunal a notificarse en los días señalados en el artículo 215, las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos a partir de las catorce horas del tercer día al en que se haya fijado la lista en el tablero de avisos del tribunal o juzgado." El citado numeral, dispone que las notificaciones por lista, surtirán efectos al tercer día al en que se hayan fijado en la lista en el tablero de avisos del tribunal o juzgado. En la especie, el acto reclamado se notificó por lista el catorce de septiembre de dos mil veintidós, tal y como aparece en las constancias que remitió la autoridad responsable, así como de la certificación que calza al pie de la demanda de amparo. En efecto, la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, dado que fue presentada ante la autoridad responsable hasta el doce de diciembre de dos mil veintidós; esto es, la notificación de catorce de septiembre de dos mil veintidós, surtió efectos legales al tercer día hábil siguiente, a saber el veintidós de septiembre del año pasado, por lo que dicho computo (15 días) transcurrió del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós al catorce de octubre de ese mismo año, descontando los sábados y domingos que mediaron así como el periodo comprendido del quince y dieciséis de septiembre del año anterior y el doce de octubre de dos mil veintidós, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se concluye que la peticionaria de amparo consintió tácitamente los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la citada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Tiene aplicación la tesis aislada visible en la página 235, tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". De ahí entonces, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo cual se procede a decretar el sobreseimiento de la demanda de amparo. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Y la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, siete de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que aún está transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado agregado en el presente juicio. Diferimiento. Atento a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las doce horas con cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación y anexo, remitidos por la autoridad responsable, y agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el cual y la constancia anexa, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la documental que adjuntó y por ofrecidas las diversas probanzas menciona en su informe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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