Leticia Acevedo Solís
Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Ciudad.
- Leticia Acevedo Solís
Actuaciones
- Principal
Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado federal, de la que se aprecia que no pudo notificar a la quejosa Leticia Acevedo Solís, el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, debido a que dicha quejosa, no tiene señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de mérito y las subsecuentes hágansele por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, por medio del cual remite copia debidamente certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial penal 10/2021, suscitado entre este juzgado federal y el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre los Juzgados Tercero y Séptimo, ambos de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco y en Chilpancingo de los Bravo, respectivamente. SEGUNDO. Es legalmente competente, para continuar conociendo del juicio de .amparo promovido por Leticia Acevedo Salís, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y puerto de Acapulco." Hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes. En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos, y dado que se trata de un cuaderno de antecedentes, el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Sin que sea necesario enviar el acuse de recibo correspondiente, por así solicitarlo la autoridad en cuestión. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el Conflicto Competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede la Acapulco, Guerrero, al que correspondió el número 10/2021, de su índice; de lo anterior, queda enterado este Juzgado Federal y agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes, para que obre como corresponda y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 587/2021-II, promovida por Leticia Acevedo Solís, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; a razón de que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial que ejerce este órgano jurisdiccional. Regístrese en el libro de gobierno con el número 152/2021-II, fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se observa que su promovente reclama lo siguiente: "Reclamo de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora la ILEGAL y EXCESIVA FIANZA impuesta en mi contra, y la EJECUCIÓN y CUMPLIMIENTO que pretenda darle al auto de fecha Quince de Octubre de Dos Mil Veinte, dictado en el proceso penal número 138/2015-II, radicada en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de los Bravo, el cual no se encuentra debidamente fundado ni motivado, de ahí que los actos reclamados vulneran totalmente las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los Preceptos Constitucionales que se precisan en esta demanda." En ese orden, se advierte que la parte quejosa precisó como acto reclamado el acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, emitido dentro de la causa penal 138/2015-II, en el que se le fija fianza, por la siguiente autoridad: Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en Chilpancingo, Guerrero. Por su parte en los antecedentes, señaló: 1.- Mediante pedimento penal número 366/2015, de fecha 08 de Julio del año 2015, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común remitió en original y duplicado la averiguación previa número BRA/SC/02/1264/2013, en cuya determinación ejercitó acción penal en contra de la Promovente, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, bajo el número de causa penal 138/2015-II. 2.- Por lo que dicho Juzgado libró la correspondiente orden de aprehensión en mi contra, compareciendo ante el Juzgado que libró la orden bajo los efectos de la suspensión del amparo concedido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, por lo que al haberse concluido dicho juicio de garantías la autoridad federal informa a la autoridad responsable, razón por la cual el Juez natural, sin tomar en consideración las constancias procesales, aunado a que soy una persona de escasos recursos económicos y que actualmente no percibo ningún ingreso debido a que me encuentro desempleada, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, que con fecha Diecinueve de abril del año 2021, el Juzgado Federal mediante notificación hace del conocimiento a la suscrita el proveído de fecha 15 de octubre del año 2020, mediante el cual la responsable ordenadora supuestamente da cumplimiento a la ejecutoria que se emitió en el juicio de garantías promovido por la aquí quejosa y que fue registrado bajo el número 604/2018-IV, y en el cual se precisa que tengo el derecho para seguir gozando de mi libertad bajo fianza, requiriéndome de nueva cuenta, para tal efecto para que exhiba una garantía muy excesiva para poder gozar de mi libertad bajo caución, lo cual hace mediante el acuerdo de fecha 15 de Octubre del año anterior, el cual en lo que aquí interesa y causa perjuicio a la hoy quejosa. (transcribe partes del acuerdo reclamado) En razón de lo anterior y dado que el auto transcrito adolece de fundamentación y motivación ilegal para su dictado, aunado a que violenta mis derechos humados que consagra nuestra carta magna, por ende, recurro a este Juzgado, a efecto de que me conceda el amparo y protección de la justicia federal en contra del auto tildado de anticonstitucional y me restituya en pleno uso, goce y disfrute de mis garantías vulneradas." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, no acepta la competencia legal declinada, pues parte de una premisa equivocada y por ende, se carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto, de acuerdo a lo que enseguida se asienta. El órgano de control constitucional oficiante basa su incompetencia en la consideración siguiente: ".ya que la mencionada impetrante se encuentra adscrita en otra jurisdicción de ese juzgado Federal, es decir, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; por tanto, se aprecia que el acto reclamado se dictó y comenzará a ejecutarse en la precitada ciudad, esto es en (SIC) bajo la competencia del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, esto es Chilpancingo, Guerrero; esto es, la autoridad responsable, se localiza fuera del lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, ello actualiza la regla contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el cual se establece que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Al respecto, resulta aplicable al caso la tesis aislada 1.90.P.198 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2957, Tomo IV, Junio de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común Penal, con número de registro 2017104, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO O QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO. (Se transcribe) Tal análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar donde deba efectuarse dicha ejecución. En esa virtud, este Juzgado Federal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por razón de territorio, toda vez que la afectación de los actos reclamados se llevaron a cabo en otra ciudad, esto es, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, distrito judicial que corresponde a los órganos jurisdiccionales establecidos en ese lugar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número la tesis 1a.II/92, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cuatro, Tomo IX, correspondiente al mes de Mayo de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. (Se transcribe) De igual forma, por analogía, se invoca la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de Agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. (Se transcribe)" De lo anterior, se entiende, que el motivo por el que el juzgado de distrito de cuenta, declara su incompetencia es en virtud de que, primero, la parte quejosa está adscrita a esta ciudad de Chilpancingo, segundo, que quien dictó el acuerdo reclamado fue una autoridad que reside en esta ciudad de Chilpancingo, y tercero, que la responsable tiene su residencia en esta ciudad, y el acto reclamado comenzará a ejecutarse en este lugar; por lo que consideró que se aplicaba la primera regla establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Luego, de la confrontación de las consideraciones citadas con los actos que se combaten, este juzgador federal no comparte la competencia que se plantea, por las razones siguientes. En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, y la que nos interesa, cuando el acto reclamado consista en una resolución o determinación que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Acorde a lo anterior, como punto de partida, debe destacarse que contrariamente a lo que consideró la autoridad oficiante, en relación a que el acto reclamado tiene ejecución material, del análisis total de la demanda de amparo remitida, no se advierte esa ejecución que se requiere para declinar la competencia, pues el acto reclamado sólo consiste en un acuerdo de carácter declarativo emitido por una autoridad residente en esta ciudad de Chilpancingo, sin que se aprecie que traiga aparejada alguna ejecución material, y menos que sea ejecutable en esta ciudad o en alguna otra que se encuentre en la circunscripción territorial que ejerce este juzgado federal, pues recordemos que el acto que reclama la quejosa es el acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, que le fija una fianza dentro de la causa penal 138/2015-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia ya referido, al considerar que no se encuentra debidamente fundado y motivado; y no se trata, por ejemplo, de una orden de reaprehensión por no haber exhibido la fianza requerida, en ese supuesto sí existiría la mencionada ejecución material a que hace referencia el juzgado oficiante, y para ello, tendría que verse en qué lugar podría ejecutarse, de acuerdo al lugar en el que se ordene esa captura. Aquí cabe precisar que, de la demanda de amparo remitida se aprecia que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no se libre orden de reaprehensión en su contra, con lo que se entiende que existe un apercibimiento que de no exhibir la fianza solicitada se giraría orden de captura citada, sin embargo ello se encuentra subjudice a un hacer que la parte quejosa realice, esto es, la exhibición de la caución solicitada, por lo que se trata de un acto futuro e incierto, y por ende, no tiene aun una ejecución material. Tampoco se comparte el argumento de que por el solo hecho de que la autoridad responsable tenga su residencia en esta ciudad, este juzgado federal sea el competente, dado que para ello, se tiene que tener en cuenta el tipo de acto reclamado, esto es, si tiene ejecución o no, y como se dijo anteriormente, de la demanda de amparo no se advierte que el acuerdo reclamado tenga ejecución material y ni de la determinación del juzgado oficiante, se aprecia que lo haya precisado, pues previo a asignar la competencia, debió atender a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de su análisis relativo a si requiere o no ejecución material, determinar esa competencia, sin que obstaculice ello, la ubicación de las autoridades responsables. En lo que toca a que la impetrante está adscrita en Chilpancingo, Guerrero, se entiende que a lo que se refiere es, a que la quejosa tiene su domicilio en esta ciudad, al respecto debe decirse que, de la propia demanda de amparo no se aprecia el domicilio personal en el que actualmente viva la quejosa, ya que únicamente señaló domicilio procesal, ni tampoco se advierte si se encuentra recluida o no, en qué centro de reclusión se encuentra, ni tampoco la fecha en que le fue notificado el acto reclamado por la autoridad responsable o si no le fue notificado por la responsable, sin que se hubiera prevenido a la parte quejosa para ello, y tener mayores datos para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. De ahí que, se determine que este Juzgado federal es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que es como sigue: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Por ende, resulta evidente que el acto reclamado al no tener la ejecución material señalada por el juzgado federal de Acapulco antes mencionado, entonces el juez competente es el que previno, es decir, quien conoció primero del asunto que nos ocupa, por lo que corresponde al juzgado oficiante. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional, no acepta la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de la Materia, devuélvanse los autos del juicio de amparo número 587/2021, del índice de dicho Juzgado de Distrito, así como todos sus anexos, para que en su oportunidad resuelva lo que estime pertinente. Solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Leovigildo García Vázquez518/2019
- Leovigildo García Vázquez1491/2019
- Leovigildo García Vázquez376/2019
- Leovigildo Harrizon Soberanis24/2016
- Leovigildo Moyao Callejas892/2014
- Leticia Acevedo Solís726/2017
- Leticia Alcocer Reyes432/2022
- Leticia Bernabe Vega422/2019
- Leticia Carreón Casarrubias973/2016
- Leticia Castañón Castro761/2023
- Leticia Dalili Padua Jiménez198/2016
- Leticia De la Cruz Flores556/2017