Leovigildo García Vázquez
Expediente 1491/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1491/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Leovigildo García Vázquez
- Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado jurídico procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el que este órgano de control constitucional declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se les tiene consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, se declara que este asunto es DEPURABLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 18, fracción I, inciso b), de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse las indicaciones que correspondan en la carátula de este expediente. Por otro lado, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, acuérdese lo procedente en los mismos. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que, las notificaciones que deba practicar de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Incidental
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se ordenó archivar como asunto totalmente concluido, así como la valoración correspondiente en el incidente en que se actúa; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a realizar dicha valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión y dado que en auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional solicitada, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que mediante oficio sin número, de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, recibido el diecinueve del citado mes y año, en la oficialía de partes de este juzgado federal, la Presidenta del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, envió copia certificada de la resolución de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente del procedimiento disciplinario número SSP/CHJ/029/2018, con la que dijo cumplir con la sentencia dictada en el presente asunto; documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento, por ser emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el titular de este órgano jurisdiccional, ordenó dar vista al quejoso Leovigildo García Vázquez, con dicho oficio y con la constancia que remitió la aludida autoridad responsable para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este juzgador acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó de manera personal a Leovigildo García Vázquez, por conducto de su autorizado José Alejandro Fuentes Aceves, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, y en auto de veintisiete siguiente, se tuvo a la parte quejosa realizadas las manifestaciones en su escrito de veintiséis del mes y año citado, por lo que, se procede a realizar el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional al quejoso en comento, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. A fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de diez de marzo de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, es necesario, transcribir los puntos resolutivos de la sentencia que fueron así: "PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Leovigildo García Vázquez por los motivos expuestos en el considerativo quinto y para los efectos expuestos en el diverso sexto, del presente año. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial." Resulta pertinente señalar que el impetrante de mérito impugnó dicha sentencia; recurso que le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, quien lo radicó como amparo en revisión administrativo 112/2020. Posteriormente, el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Tribunal Colegiado antes referido, dictó sentencia en el expediente auxiliar (revisión administrativa 16/2021), resolviendo de la siguiente manera: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Leovigildo García Vázquez, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos precisados en la parte final de la consideración sexta de la sentencia recurrida. Los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional por parte de este juzgado federal, fue para que la autoridad responsable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, cumpliera con lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. Emita otra en la que tome en consideración lo expuesto en esta sentencia y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Ahora bien, como ya se dijo mediante oficio sin número de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la Presidenta del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, remitió copia certificada de la resolución trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente del procedimiento disciplinario número SSP/CHJ/029/2018, en la que dejó insubsistente la resolución dictada el siete de octubre de dos mil diecinueve y procedió a dictar una nueva. Ahora bien, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento al punto uno del efecto amparador pues acreditó que dejó insubsistente la resolución reclamada pues en forma literal señaló: "En cumplimiento a la ejecutoria antes citada, se procede a dejar insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del procedimiento disciplinario número SSP/CHJ/029/2018,." Al igual, se considera que la responsable de mérito cumplió con lo ordenado en el punto dos de la sentencia amparadora ya que procedió a dictar otra resolución en la que tomó en consideración lo establecido por la autoridad de amparo, tal y como a continuación se explica. En la sentencia de amparo se determinó que la autoridad responsable omitió señalar en forma categórica, cuáles fueron los indicios suficientes que dijo, existen en la carpeta de investigación que demuestran que el ahora quejoso fue detenido por posesión simple de marihuana, ya que si bien, hace referencia al informe policial, dictámenes y cadena de custodia, no señaló a qué informe se refiere, pues no se sabe si es el relativo a la detención de la que dice fue objeto el aquí quejoso, o algún informe diverso que se hubiera emitido, no establece qué dictamen es el que le brinda indicios para considerar que el ahora impetrante fue detenido en posesión de la droga que menciona dado que se refiere a su existencia en plural, ni respecto a qué objeto u objetos se llevó a cabo la cadena de custodia que indica, no señaló qué aporta cada uno de los medios probatorios que invoca, cuál es el valor que legalmente le corresponde y porqué considera que merece el valor que le haya otorgado invocando además el dispositivo legal aplicable. Tocante a este punto, se observa que la autoridad responsable prescindió de tomar en cuenta tales argumentaciones para respaldar la nueva resolución que emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, en la sentencia amparadora se determinó que la responsable tampoco refirió cuales fueron los argumentos lógicos jurídicos que fueron invocados en la carpeta de investigación 12030830300280291117, del índice de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Narco Menudeo, por los cuales dice que la autoridad ministerial no ejerció acción penal en contra del aquí solicitante de amparo, pues si bien, manifiesta -la responsable-, que la representación social consideró que la cantidad de gramos de marihuana con los que lo relacionan resultó insuficiente o no reunieron los requisitos exigidos por la ley para vincularlo a proceso, no señaló en qué auto, acuerdo o proveído realizó tal pronunciamiento ni cuáles son aquellos requisitos que dice no fueron reunidos para que el Agente del Ministerio Público judicializara la carpeta de investigación en comento, ni se advierten los fundamentos jurídicos en que aquella basó su conclusión a efecto de que se tuviera la certeza de que, si dicha absolución fue de manera definitiva, provisional hasta en tanto se recabaran mayores medios de prueba o si en efecto la falta de judicialización de la carpeta de investigación se debió a la cantidad de la droga asegurada, a una excluyente del delito, excluyente de responsabilidad, porque el delito no fue demostrado o debido que no existen datos que establezcan que se ha cometido ese hecho establecido como delito por el Código Penal del Estado o, en su caso porque no existe la probabilidad de que el aquí quejoso lo hubiere llevado a cabo, lo que de ser el caso, podría beneficiar al aquí quejoso. Sobre lo antes señalado, la autoridad responsable en su nueva resolución destacó: "Por último, argumenta que la resolución se sostuvo en sentido que había incumplido con los principios de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad, por el solo argumento que había sido detenido por el delito contra la salud, considerando ilegal ya que fue absuelto por dicho delito, agravio que resulta inoperante en razón a que si bien es cierto que fue absuelto por el delito contra la salud como se puede acreditar con los oficios suscritos por el licenciado Francisco bello Pineda, Agente del Ministerio Público del fuero Común, Especializado en Narcomenudeo, Acapulco, número 0138 de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, a través del cual informa que en esa Fiscalía a su cargo inició con fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la carpeta de investigación 1203080300280291117, por el ilícito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple del estupefaciente denominado canavis sativas L. conocida como marihuana en contra del imputado Leovigildo García Vázquez y otros, en agravio de la sociedad, asimismo al no reunirse los requisitos exigidos por el apéndice constitucional, dicho imputado fue puesto en libertad en razón de o existir elementos constitutivos del delito, en consecuencia, dicha carpeta de investigación fue enviada al archivo de esa representación social; oficio número 1499 de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual informa que la carpeta investigación número 1203080300280291117, instruida en contra de Leovigildo García Vázquez y otro por el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, cometido en agravio de la sociedad, al respecto se permitió informar que la referida carpeta de investigación se encuentra en trámite, y archivo definitivo; oficio número 648 de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual informa que esa Fiscalía absolvió al detenido Leovigildo García Vázquez, quedando en libertad en razón de que no se reunieron los requisitos exigido s que prevé el artículo 16 constitucional y en consecuencia la carpeta de investigación que remitió al archivo definitivo como asuntos concluido, sin embargo el elemento policial de referencia fue detenido por el delito de posesión de droga como se acreditó con las documentales públicas consistentes en los oficios números SSP/3190/2017 de siete de diciembre de dos mil diecisiete, y el oficio número FGE/DGTI/09188/2017 de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, de los que se desprende que el recurrente C. Leovigildo García Vázquez, fue puesto a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Especializada de Narco Menudeo del Distrito Judicial de Tabares, el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, bajo la carpeta de investigación 1203080300280291117, por lo que queda plenamente acredita la responsabilidad en que incurrió el elemento policial al violentar con su conducto los principios rectores de la función policías previstos en el artículo 95 y 132 fracción III, de la Ley 281 de Seguridad Pública, esto en razón a que con las documentales públicas antes valoradas, se demostró fehacientemente que dicho elemento policial fue detenido y puesto a disposición ante el Ministerio Público, por poseer hierba verde, la cual con posterioridad se corroboró con el dictamen pericial de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mismo que obra en la carpeta de investigación 1203080300280291117, dictamen suscrito por el Q.B.P. Luis Alejandro Mendoza Ignacio, perito químico ced. Prof. 5580700, quien dictaminó que el envoltorio en plástico transparente, el cual contiene en su interior un vegetal de color verde y seco de olor penetrante con un peso neto de 16.0 gr., fue positivo para cannabis sativa I; bolsita de plástico transparente, la cual contiene en su interior polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso neto de 0.4 gr., fue positivo para clorhidrato de cocaína, mismos que están considerados como estupefacientes por la ley general de salud." También se dijo en la sentencia de amparo que la autoridad responsable no dejó debidamente establecido porqué arribó a la convicción que en el expediente SSP/CHJ/029/2018, dicho procedimiento es de estricto derecho, por tratarse de materia policial, pues el hecho de que se encuentre involucrado un elemento de la policía no puede traer dicha consecuencia pues primero se debe determinar qué derechos se están controvirtiendo en el mismo. Para cumplir con el aspecto antes indicado el Consejo de Honor y Justicia, prescindió de tomar en cuenta tales argumentaciones para respaldar la nueva resolución que emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo. En otro orden, en el fallo amparador quedó de manifiesto que no se estableció en el acto reclamado, porqué fue que consideró que el órgano acusador en dicho procedimiento sancionador destruyó la presunción de inocencia que opera a favor del imputado aquí quejoso, pues se estima que el sólo dicho vertido por la responsable en el sentido de que quedó debidamente demostrado que fue detenido por la policía urbana por el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión simple de estupefacientes, aun cuando el representante social no hubiere ejercido acción penal, no es suficiente para arrojarle la carga probatoria ya que, primero debió dejar bien instituido con qué medios de prueba se justifica su argumento, el valor que le corresponde, las razones que tuvo para considerar que en efecto merecen el valor aplicado y el fundamento legal en el que base su conclusión. En cumplimiento a lo antes resuelto la multicitada autoridad responsable precisó: ".agravios que resultan inoperantes, en razón a que de las documentales públicas consistentes en los oficios número SSP/3190/2017 de siete de diciembre de dos mi diecisiete, y el oficio FGEIDGTI/09188/2017 de once de diciembre de dos mil diecisiete, de los que se desprenden que el recurrente C. Leovigildo García Vázquez, fue puesto a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Especializado de Narco Menudeo del Distrito Judicial de Tabares, el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, bajo la carpeta de investigación 12030830300280291117, así como el oficio 3244, de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, signado por el Q.B.P. Luis Alejandro Mendoza Ignacio, perito químico, con cédula profesional 5580700, en el cual dictamina que el indicio uno, envoltorio en plástico transparente, el cual contiene en su interior un vegetal de color verde y seco de olor penetrante con un peso neto de 16.0 gr., fue positivo para cannabis sativa I. Indicio dos, una bolsita de plástico transparente, la cual contiene en su interior polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso neto de 0.4 gr., fue positivo para clorhidrato de cocaína, mismos que están considerados como estupefacientes por la ley general de salud. Documentales públicas por reunir los requisitos del artículo 90 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, este Consejo de Honor y Justicia les otorga valor probatorio pleno en términos del numeral 124 fracción IV, párrafo segundo, 281 de Seguridad Pública del Estado, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos. Probanza con las que se acredita que el elemento policial Leovigildo García Vázquez, fue detenido por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de estupefaciente, en agravio de la sociedad, puesto a disposición ante el Ministerio Público, iniciándole en su contra la carpeta de investigación 1203080300280291117, por el delito de contra la salud, modalidad de posesión de droga." Otro aspecto tomado en la sentencia de amparo que ocasionó la concesión de la protección constitucional fue que la autoridad responsable determinó que quedó de manifiesto que el elemento policial sancionado, incumplió con los principios rectores de la función policial, dentro de los cuales identificó como de legalidad, profesionalismo, Honradez, certeza, objetividad, imparcialidad y eficiencia, además señaló qué debe entenderse por cada uno de ellos, sin embargo no mencionó el dispositivo legal que contempla su descripción; circunstancia que era necesaria a efecto de que el elemento policial sancionado tuviera la oportunidad de controvertir cada una de ellas y verificar si lo señalado por la responsable se ajusta a la normativa aplicable y de estar en desacuerdo impugnarlo en la vía que corresponda. Tocante a esto, en la resolución con la que se informó el cumplimiento a la sentencia dictada por este juzgado, dijo: ".Por cuanto refiere que este cuerpo colegiado, no cito el dispositivo legal en el cual se encuentra establecidos los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y honradez, dichos principios se encuentran establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento legal, así como en los artículos 95 y 111 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del estado de guerrero, (vigente al momento en que ocurrieron los hechos), que a la letra dicen: ARTICULO 95. Son principios rectores de la función policía, la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez, el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. ARTICULO 111. Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos su niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base de funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observación de las leyes, órdenes y jerarquías, así como la obediencia y al alto concepto de honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento de deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos a las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos disciplinarios y sanciones por incumplimiento a los principios de actuación, previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y obligaciones establecidos en la Ley. Por lo que este Consejo al entrar al estudio de cada uno de ellos resuelve lo siguiente: CERTEZA. Entendida esta como el conocimiento seguro, claro y evidente de lo que se hace, es decir en el presente asunto el conocimiento seguro, claro y evidente que tiene el elemento policial Leovigildo García Vázquez, de que el artículo 114, fracción XXIX, de la Ley de la materia le impone como deber el abstenerse de realizar conductas que desacrediten a su persona o la imagen de la institución dentro o fuera de servicio, sin embargo, de autos se desprende todo lo contrario ya que queda demostrado que el día de la detención y puesto a disposición ante el Ministerio Público, poseía hierba verdad, que posteriormente mediante dictamen pericial fue dictaminada como cannabis sativa I, comúnmente conocida como marihuana; luego entonces la certeza consiste en el conocimiento de la verdad de nuestros conocimientos o en tener conciencia de la verdad, porque este principio impone a todo elemento policial la obligación de saber y conocer con certeza sus funciones y facultades normativas, lo que en la especie no aconteció. Por lo que dicho elemento, no obstante, que sabía cuáles eran sus deberes hizo caso omiso trasgrediendo la normatividad. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Cuando se habla del principio de legalidad se hace referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a terminadas acciones. La legalidad, es, entonces, todo lo que se realice dentro del marceo de la ley escrita y que tenga como consecuencia el respeto por el estado normativo que impone una obligación a todo elemento policial a obrar siempre en cumplimiento al mandato de una ley, ya sea para respetar derechos de terceros o, en el cumplimiento mismo del marco normativo disciplinario que regula y reglamenta su conducta como elemento efectivo de un cuerpo policía; es decir, en el presente asunto existe un marco normativo que regula la conducta imputada al policía estatal Leovigildo García Vázquez, regulado en el artículo 114 fracción XXIX que refiere que los elementos de la policía, deben abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las instituciones, dentro o fuera del servicio, y que en tal sentido el elemento policial Leovigildo García Vázquez, estaba obligado a cumplir con lo establecido en la Ley, ya que el actuar de todo servidos público debe realizar acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a su voluntad. EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD. Es considerado como una actitud imparcial en los juicios, opiniones y sentimientos la objetividad es el valor de ver el mundo como es, y no como queremos que sea, cuando una persona no es objetiva, se centra en las circunstancias y no en los problemas, observa las cosas superficiales, pero no el fondo; es decir, el elemento policías Leovigildo García Vázquez, incumplió con este principio de que se centró en las circunstancias personales al realizar su conducta, desacreditando su persona como la imagen de la Institución, por lo tanto fue omiso en el cumplimiento de este principio rector, porque la objetividad exige ver los problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre adecuadamente emoción y razonamiento. Por ello el valor de la objetividad es tan importante, porque nos permite dar su justo peso a los acontecimientos y obrar de una forma coherente, lo que no aconteció con la conducta desplegada por el policía estatal Leovigildo García Vázquez. EL PRICIPIO DE IMPARCIALIDAD. El principio de imparcialidad es entendido como un criterio de justicia que se basa en decisiones tomadas con objetividad. Esto quiere decir que, la persona a cargo de juzgar o dirimir una cuestión debe mantener la imparcialidad y no dejarse llevar por prejuicios o intereses personales por acciones u omisiones que le impidan ver con claridad la obligación legal, por lo que el policía estatal Leovigildo García Vázquez, no cumplió con este principio al momento de realizar su conducta contraria a los principios rectores de la función policial, en virtud de que tomó en cuenta intereses personales al momento de realizar su conducta, por lo que no lo exime de responsabilidad ya que el propio artículo 14 fracción XXIX de la Ley de la materia lo obliga a abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las instituciones, dentro o fuera del servicio. EL PROFESIONALISMO. El profesionalismo es un principio que determina la manera o la forma a desarrollar cierta actividad profesional con un total compromiso, mesura y responsabilidad, acorde a su formación específica y siguiendo las pautas normativas preestablecidas; es decir, al policía estatal Leovigildo García Vázquez, en términos del artículo 132, fracción III, en relación con el diverso 95, 114, fracción XXIX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos, no actúo con profesionalismo en el caso en estudio, pues si bien, es cierto que el Ministerio Público lo absolvió de responsabilidad, por no reunir los elementos constitutivos del delito, ello no lo exime de la obligación de abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la institución, ya la función que desempeña el elemento policía es la de proteger a la sociedad, la cual espera que los elementos que integran los cuerpo de la policía sean confiables y se desempeñen dentro o fuera de servicio con mesura y responsabilidad y no que se desacrediten ellos mismo y a la institución. Por ende, su actuar de forma profesional implica la disposición de ejercer de manera responsable y sería la función policial dentro o fuera de servicio, con relevante capacidad y aplicación y, a dicho tenor, un policía debe abstenerse de cualquier acto arbitrario susceptible de mermar la respetabilidad de la institución, tanto en el ámbito público como en el privado. Sirve de apoyo tal consideración con la siguiente tesis aislada (V Región) 5º.2º A (10ª.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo II, página 1543, que a la letra establece: MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA QUE PUEDAN PERMANECER EN SU CARGO, DEBEN DESEMPEÑARSE PROFESIONALMENTE, ESTO ES, DE MANERA RESPONSABLE, CON PROBIDAD Y HONRADEZ, TANTO EN EL ÁMBITO PÚBLICO COMO EL PRIVADO. EN RELACIÓN A LA EFICIENCIA. La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende un sistema de pasos e instrucciones con lo que se puede garantizar la calidad en el servicio policial; para expedir un servicio policial de claridad, es necesario comprender todos los ángulos desde done es visto, a fin de satisfacer todas las necesidades que el servicio policial requiere; es decir la eficiencia comienza desde el estudio de opciones y posibilidades para ejecutar en un campo determinado una acción. Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles tiempo; al ser eficiente tanto en lo privado como en lo público, existe mayor posibilidad de generar en la sociedad mayor confianza hacia los elementos que integran los cuerpo de la policía, es decir el elemento policial Leovigildo García Vázquez, no fue eficiente, en razón de que su actuar no es lo que espera la sociedad a la que presta sus servicios, mermando la confianza de la sociedad puesta en la institución y en los propio elementos que la conforman. RESPECTO A LA HONRADEZ. La persona honrada se guía por los valores morales, el respeto de las leyes y el respeto a terceros; es decir una persona que se conduce con honradez hace lo correcto tanto en su vida privada, pública o en la prestación de un servicio, luego entonces si tomamos en cuenta que los artículos 40, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 114, fracciones XXIX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos, le imponen al elemento imputado deberes de estricto cumplimiento, lo que con su conducta transgredió, luego entonces el elemento policía Leovigildo García Vázquez, no cumplió con este principio. Así pues, una persona que actúa con honradez evitará siempre realizar conductas que desacrediten su persona como la imagen de la institución, más aún si tomamos en cuenta la función que desempeña el elemento imputado que es actuar correctamente, con verdad y honestidad." De todo lo anterior, se observa que la autoridad responsable acató los lineamientos que le fueron fijados en la sentencia de amparo por lo que, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA la misma. Por último, visto el escrito de cuenta que signa José Alejandro Fuentes Aceves, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que este juzgado federal, se pronuncie sobre el cumplimiento al fallo protector, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden.
- Principal
Visto el escrito que signa José Alejandro Fuentes Aceves, autorizado del quejoso Leovigildo García Vázquez, atento a su contenido, dígasele que los autos se encuentran en estudio para la emisión de la resolución en la que se realice el pronunciamiento respecto a si se encuentra cumplida o no la sentencia de amparo, por lo que, una vez que se dicte la misma, será notificada a las partes en la forma establecida en la ley de amparo.
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