LETI MIGUEL RUIZ y Otros.
Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leti Miguel Ruiz
- LETI MIGUEL RUIZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones caratula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Número de expediente: 1159/2021 Acuerdo: MESA VI San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por "......."", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1159/2021. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, la promovente del amparo reclama de las autoridades que señala como responsables Director y Jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH, Oaxaca, los siguientes actos reclamados: La omisión de prevenir o investigar las violaciones a sus derechos humanos. La omisión de acordar sus peticiones de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, veintitrés de agosto y once de octubre de dos mil veintiuno. La falta de notificación a los acuerdos recaídos a dichos escritos. La omisión de girar oficio o memorándum a los empleados del Centro INAH, para que cese el acoso laboral en su contra. En ese tenor, el suscrito juzgador advierte que en contra los precisados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. En vinculación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, referente al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, determinó las notas distintivas siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Con base en ello, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal. También, resulta conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supracoordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. Ahora, en lo específico, debe decirse que el análisis sistemático del transcrito artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuanto establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "... cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad ...", debe entenderse en su contenido semántico del vocablo "equivalente", el actuar de los particulares que se coloquen en un plano semejante respecto de las autoridades que realicen actos unilaterales, imperativos y coercitivos. En ese sentido, la ejecución de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una subordinación como autoridad coercitiva e imperativa, de ningún modo refleja el que los particulares pudieran tener por equivalencia el carácter de autoridades responsables, ni de actos equivalentes a los de autoridad, dado que el fragmento del precepto de que se trata no debe interpretarse de manera aislada, sino que con los principios constitucionales que como mandatos de optimización estatuyen los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que en su contenido literal no establecen la regulación expresa de actos propios de particulares para la procedencia del juicio de amparo, ni esa connotación jurídica puede encontrar sustento en la iniciativa de la nueva Ley de Amparo, ni en el procedimiento propio de debate correspondiente, por no referirse a la indicada acepción, que tampoco puede contrariar lo dispuesto en la Ley Suprema del país. Por consiguiente, si el actuar de un particular en un plano de igualdad y horizontal con otro u otros particulares no se encuentra previsto en un principio regulado como acto de autoridad en la Constitución Federal, menos puede discernirse ese vínculo jurídico de leyes generales secundarias, como reglas en un ámbito meramente fáctico, puesto que la Ley de Amparo no ha de reñir con los principios que la propia Carta Fundamental estatuye, sino que debe atenderse a lo que dispuso el legislador ordinario en la norma secundaria como "equivalente", entendiéndose por esto cuando los particulares actúen en auxilio o en cumplimiento de un acto de autoridad, pues no pueden soslayarse los preceptos constitucionales que rigen por excelencia el juicio de amparo en México, continúan incólumes en su contenido deontológico -teoría de los deberes- y axiológico -teoría de los valores- la procedencia del amparo contra "actos de autoridad", esto es, los que cumplen los requisitos legales de ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en el orden en que actúa un ente público -por sí o por auxilio de un particular o en cumplimiento de un mandato o de una ley- que exija un hacer u omisión inexcusable, sometiéndose la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión originariamente proveniente de la autoridad estatal. Con todos esos lineamientos, permite concluir que no respecto de cualquier acto de particular sea procedente el juicio de amparo, y que no todos los actos que emite un ente público pueden considerarse como de autoridad para efectos del amparo. En la especie, de la lectura integra de la demanda de amparo y documentales anexas, se advierte que, las omisiones que la quejosa atribuye a las autoridades señaladas como responsables Director y Jefe del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH, Oaxaca, derivan de las peticiones formuladas mediantes escritos presentados el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, veintitrés de agosto y once de octubre de dos mil veintiuno, con motivo del vínculo laboral que une a la impetrante con dichas autoridades, al laborar en el referido Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), Oaxaca, pues a través de ellos, les hace del conocimiento cuestiones inherentes a su condiciones laborales que estima conculcadas, lo cual, pone de manifiesto que los actos reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tienen su base en la relación laboral que la promovente sostiene con aquéllas en su carácter de patrón, esto es, una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúa como particular; por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria competente. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 189914, del tenor literal siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De ahí que el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades, y en el caso se sustenta precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación entre gobernante y gobernado. Con base en lo anterior se concluye que los actos reclamados, deben regirse por las leyes que regulen su relación de trabajo, sin que sea dable solucionar tal determinación a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad o equivalentes. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, con número de registro digital 246930, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Y la tesis I.6º.T. 26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro digital 202602, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, al tratarse el presente asunto de naturaleza administrativa. Números telefónicos y correo electrónico Respecto a los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígasele al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por la tercera interesada "......"", por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales "......"".; atento a su contenido, se provee: En primer término, se le tiene revocando al profesionista que había designado para recibir acuerdos y notificaciones en este juicio de amparo; así también, se le tiene revocando el correo electrónico que en un principio proporcionó. Por otra parte, no ha lugar a revocar el domicilio que tiene señalado en autos, toda vez que el que ahora proporciona, es el mismo que obra en el sumario, esto es el ubicado en "..........""". Por otra parte, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a "....."", por así solicitarlo expresamente. Toda vez que proporciona una nueva cuenta de correo electrónico y un número telefónico en el de cuenta; con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales", reformado mediante el diverso Acuerdo 9/2021, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Por último, no ha lugar a revocar la clave de usuario que indica, pues en este asunto no designó usuario alguno. Notifíquese.
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