Lesli Yasamin Ramíurez Villalobos
Expediente 711/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Nancy Jiménez Domínguez
- Lesli Yasamin Ramíurez Villalobos
- Lesli Yasamin Ramíurez Villalobos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA II A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil quince (fojas 28 a 31), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año pasado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Incidental
MESA II A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil quince (fojas 39 a 41), se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA II A Agréguese el oficio 3399, signado por la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que remite copia certificada de la diligencia de veintiséis de mayo del año en curso, llevada a cabo en el expediente penal 55/2015, por el que las ofendidas Alexandra Jiménez Domínguez y Nancy Jiménez Domínguez, otorgaron el perdón a favor de la inculpada, aquí quejosa Lesli Yasamín Ramírez Villalobos, por lo que se decretó el sobreseimiento de la citada causa penal a favor de la impetrante del amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa Lesli Yasamín Ramírez Villalobos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Procurador General de Justicia del Estado; Director de Averiguaciones Previas; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y que hizo consistir en la orden de aprehensión dictada en su contra y la ejecución material de dicha determinación. La Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; Procurador General de Justicia del Estado, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos de dicha procuraduría, y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto de la Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la cita Coordinación, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia del acto que les reclama la impetrante, agregando la juez responsable que en la causa penal 55/2015, con fecha trece de abril de dos mil quince, libró orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa, por la comisión del delito de lesiones simples, cometido en agravio de Alexandra Jiménez Domínguez y Nancy Jiménez Domínguez (foja 11). Por su parte, el Director de Averiguaciones Previas, y Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, negaron la existencia del acto de ejecución que les atribuye la quejosa (fojas 13 y 18); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues la orden de captura de la cual deriva la ejecución, fue aceptada por la autoridad judicial responsable; por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado, las citadas autoridades están obligadas a ejecutar el acto de que se trata; en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, visible en la página 445, tomo I, segunda parte-2, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Penal, que establece: ORDEN DE APREHENSION, CERTEZA DE SU EJECUCION. Aun cuando la autoridad policiaca niegue el acto de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, si la autoridad ordenadora admite la existencia de dicha orden, debe estimarse presuncionalmente cierta la ejecución con el carácter de inminente, porque aquella autoridad es la designada por la ley para ejecutar la orden de aprehensión conforme al artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Asimismo, aparece que en diligencia de veintiséis de mayo de dos mil quince, las ofendidas otorgaron el perdón a favor de, la ahora quejosa, por lo que el juez responsable decreto el sobreseimiento de la causa penal (fojas 26 y 27). De lo anterior se desprende que ha cambiado la situación jurídica de la aquí agraviada, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, ya que la orden de aprehensión impugnada por el que se regía la situación jurídica de la impetrante, no puede ser analizada al haber quedado procesalmente sustituida por el sobreseimiento de la causa dictada a su favor, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de éste para dejarla sin efecto, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, manifiesta e indudable, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página mil veinticuatro, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido al Procurador General de Justicia del Estado; Director de Averiguaciones Previas; Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, encargado del Grupo de Aprehensiones, y Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, todos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo por su contenido, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Sin que pase inadvertido el hecho de que no se ha emplazado a las terceras interesadas Alexandra Jiménez Domínguez y Nancy Jiménez Domínguez, toda vez que el sentido de la presente determinación que sobreseyó en el juicio, es evidente que de ninguna manera les puede deparar perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 5 vuelta). Ahora bien, dedúzcase copia certificada de las citadas constancias que remite la Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro a fin de acordar lo conducente en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA II A se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Lesli Yasamin Ramírez Villalobos, la suspensión definitiva que solicita en términos del considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. En términos del considerando tercero de esta resolución, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado.
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