Lesly Sayonara Moya Gómez

Expediente 1176/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1176/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Lesly Sayonara Moya Gómez
  • Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal Femenil Cps 16 Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1176/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el trece de septiembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción; asimismo, se declara que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió; sin embargo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...ÚNICO. SE SOBRESEE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Para dar tiempo a las partes para que se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su desahogo. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Marzo de 2008, Pagina 151, Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Cabe destacar que dicha jurisprudencia resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el veintiuno de junio del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2741/2016, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que autoriza da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1176/2016-I y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el catorce de julio de este año, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció LESLY SAYONARA MOYA GÓMEZ, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL CPS 16 MORELOS, de quien reclamó lo siguiente: a) Falta de atención médica, medicina general, ginecología. b) descontrol hormonal, falta de hormona, falta de tratamiento médico, piquetes en el área del vientre, falta de ultrasonido y consulta ginecológica. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1176/2016-I, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- INFORME PREVIO. La autoridad responsable ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL CPS 16 MORELOS, al rendir su informe previo negó el acto reclamado. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, al no configurarse ninguna de las hipótesis para el otorgamiento de la suspensión de oficio o de plano, se procede a examinar si en el caso concreto se configuran las exigencias que aluden los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, preceptos legales que establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I.- Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II.- Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Esta determinación se apoya en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II del rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA .". En la invocada tesis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que, con apoyo en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva en la cuerda incidental se deben satisfacer los siguientes requisitos: I. Expresamente la solicite el quejoso; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; III. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; IV. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, V. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. La Ley de Amparo contempla dos tipos de suspensión: de oficio y a instancia de parte. Los supuestos para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, están previstos en los artículos 126 y 127. Fuera de los casos en que la suspensión proceda de oficio, podrá otorgarse la suspensión siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia, en este orden: PRIMER REQUISITO: La petición de parte. Expresamente la solicitó el quejoso; SEGUNDO REQUISITO: Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; Son ciertos los actos reclamados conforme al artículo 142 de la ley de la materia con relación a la ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL CPS 16 MORELOS, no obstante de haber negado el acto reclamado, a efecto de preservar la materia del juicio de amparo y tomando en consideración que el acto reclamado se encuentra relacionado con el acceso a la salud, derecho humano fundamental, se presume cierto. Con independencia de lo anterior, la parte quejosa formula bajo protesta de decir verdad la existencia de los actos impugnados, sin perjuicio desde luego, que para la definitiva es necesario que esté demostrada la existencia de éstos, sea porque así lo manifiesten las autoridades responsables o si éstas la niegan, el quejoso aporte pruebas que establezcan lo contrario. TERCER REQUISITO: Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Los actos son susceptibles de suspensión, pues no son negativos, futuros o inciertos, ni de los consumados de modo irreparable, ni se trata de actos cuya suspensión trastocaría el orden público o el interés social. CUARTO REQUISITO: No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Una de las exigencias que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social, inclusive, el artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad para negar la suspensión del acto reclamado, cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público . En síntesis, el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. QUINTO REQUISITO. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.4o.A.11 K (10a), de rubro "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD." , y en la tesis de jurisprudencia 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." . La Ley de Amparo también prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado ; así tenemos que el tribunal, indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. A juicio de quien resuelve, la suspensión no privaría a la colectividad de un beneficio conferido por la ley en su favor ni le inferiría un daño que de otra manera no resentiría. Es cierto que la sociedad tiene interés en que los juicios seguidos ante los tribunales legalmente establecidos, se resuelvan mediante sentencia ejecutoriada y ésta se ejecute, sin embargo, no menos cierto resulta que el artículo 151 de la Ley de Amparo, autoriza la suspensión de los actos reclamados aun cuando éstos inciden en la ejecución de la sentencia . Ahora, el acto reclamado se relaciona con el acceso a la salud, ya que la peticionaria de amparo aduce la falta de atención médica, medicina general, ginecología, padecer de un descontrol hormonal, falta de hormona, falta de tratamiento médico, piquetes en el área del vientre, falta de ultrasonido y consulta ginecológica. Es de señalarse que los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. De esta normatividad, se puede advertir que la suspensión se decretará de oficio cuándo con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En suma, se impone la obligación al juzgador de amparo que una vez solicitada esta medida cautelar, se haga un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, insistiendo en la no afectación del interés social. Ahora bien, el acto reclamado descansa en el derecho humano a la salud el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos humanos; entre ellos el derecho a la vida. El derecho a la protección de la salud se encuentra regulado en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone [.] esta Constitución". Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo, y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. Asimismo, se destaca la obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país, entre otras las relativas a la prestación de servicios médicos y de trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud. De igual forma, el derecho humano a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, cuyo texto es el siguiente: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Luego, el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4º de la Carta Magna, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sin número de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, párrafos primero y tercero, 4º, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En lo conducente, es aplicable por analogía, la siguiente tesis: Tesis: VII.2o.P. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011012 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III Pag. 1966 Jurisprudencia(Constitucional) DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Sentado lo anterior, en virtud que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada y, por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, ante el aparente riesgo en la salud del quejoso, por lo que en términos de los numerales 125, 128 , 136 , 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a LESLY SAYONARA MOYA GÓMEZ para los siguientes efectos: I.- Se otorgue a la impetrante de garantías la atención médica necesaria adecuada a sus padecimientos de descontrol hormonal, falta de hormona, falta de tratamiento médico, piquetes en el área del vientre, falta de ultrasonido y consulta especializada si se estima necesario, así como los medicamentos que deba de suministrársele, sea que la otorgue el centro penitenciario o la derive a una institución de salud pública, si el caso lo amerita, determinación que obedece a que dicha negativa de proporcionar la valoración y atención médica necesaria a la condición especifica de la quejosa pone en peligro la vida, salud e integridad física de la quejosa, lo que obliga al suscrito a intervenir de forma inmediata para la preservación de su salud. En la inteligencia de que la atención médica deberá ser la estrictamente necesaria para los padecimientos que refieren la quejosa, conforme al expediente clínico que obre en el centro penitenciario o resultado de los estudios que se le realicen, asimismo, se requiere a la ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO SE SERVICIOS MÉDICOS DEL CENTRO FEDERAL FEMENIL CPS 16 MORELOS; hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo dictada en el juicio principal 1176/2016-I. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra . Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo. Esta suspensión tiene por objeto garantizar los derechos que posee la quejosa, aun estando interna en el Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, sin constituirle en su favor derecho especial alguno. Se indica a las autoridades responsables que esta suspensión no veda sus facultades para sancionar las conductas de las impetrantes que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en ese centro de reclusión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por LESLY SAYONARA MOYA GÓMEZ, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/3550/2016, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el dos de agosto del dos mil dieciséis, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza da fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano