Lesly Anaí Godínez González

Expediente 2249/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2249/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Lesly Anaí Godínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2249/2016-II, promovido por Lesly Anaí Godínez González, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS Femenil Morelos", Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, Directora de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, Titular del Área de Criminología del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos y Titular del Área de Psicología del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese día a este Juzgado Federal se recibió la demanda de amparo promovida por Lesly Anaí Godínez González, Marlen Olivares González y Carmen Yaneth Tovias Rodriguez, por propio derecho, contra actos de la Directora Técnica del Área del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS Femenil Morelos" y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó la desvinculación de la demanda de amparo a efecto de proveer por separado los actos reclamados; por consiguiente, por auto de esa misma fecha, se ordenó registrar la demanda 2249/2016, por cuanto hace a la quejosa Lesly Anaí Godínez González. TERCERO. Inexistencia de autoridades. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo como autoridades inexistentes a las denominadas como "Titular del Área de Criminología y Titular del Área de Psicología del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos", suspendiéndose toda comunicación con las mismas (foja 31). En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia con registro número 167784, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, cuyo texto y rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados por la promovente consisten en: La omisión de reubicarla a un pabellón de alta seguridad. No soslaya lo anterior que en el escrito inicial de demanda se señaló en el apartado de acto reclamado la omisión a reubicarme a un pabellón donde su salud mental, psicológica, moral, emocional, físico y violencia moral; sin embargo, no pasa desapercibido para el suscrito juzgador que dicho ocurso fue presentado por otras dos internas más, por lo que atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo y en específico a la quejosa Lesly Anahí Godínez González, en el que manifestó solicitar el aislamiento, ya que el día veinte de octubre del dos mil dieciséis, recibió amenazas de una compañera, la cual la dejo emocional, psicológica y moralmente mal, sin que las autoridades responsables tomaran carta en el asunto, dejando en riesgo su vida, por lo que pedía ser aislada a un pabellón de alta seguridad, con los beneficios correspondientes, como son las actividades para su reinserción social; de ahí que deba tenerse como acto reclamado el narrado por la impetrante de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de amparo es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." En mérito de lo expuesto, no es cierto el acto reclamado a la Encargada de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social 16 "CPS Femenil Morelos", Encargada del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 167 CPS Femenil Morelos y Encargada del Área de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, consistente en la omisión de reubicar a la quejosa un pabellón de alta seguridad, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado, sin que de autos se advierta prueba de la que se desprenda lo contrario; pues de los medios de convicción que exhibió la autoridad responsable, no se advierte que la quejosa les solicitara la reubicación a un pabellón de alta seguridad; por lo tanto, no existe la omisión que se reclama, en tanto que la autoridad no tuvo conocimiento de la petición alegada. Sustentan lo anterior, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la quinta época, registro 324127, Instancia Segunda Sala, Tesis Aislada, del Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXIX, Materia Común, Página 6673 cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." Así como la diversa de la Quinta Época, Registro 308576, Instancia Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia Común, Página 2070, cuyo texto y rubro es el siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, en su informe con justificación, niega el acto reclamado, que se hace consistir en que la misma trata de privar de su libertad al ocurrente, tal acto debe estimarse inexistente, si no aparece que el mismo se hubiera realizado y si el quejoso no aporta prueba alguna conducente a dejarlo establecido; operándose, en consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo es relevante, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte - 1, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En efecto, de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPS Femenil Morelos, las cuales al ser documento público, expedido por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de las que se destaca lo siguiente: Copia certificada del formato único de peticiones de quince de agosto de dos mil dieciséis, en el que solicita visita con la interna Miriam Martinez Vega (fojas 62 y 95). Copia certificada de formato de petición de nueve de septiembre del dos mil dieciséis, en la que solicitó atención psicológica (foja 67 y 99). Copia certificada de la asistencia de veintidós de septiembre del dos mil dieciséis, en la que la quejosa solicita convivencia con la señora Miriam Martínez (foja 63 y 97). Copia certificada de la asistencia de tres de octubre de dos mil dieciséis, el a que Miriam Martínez Vega, manifestó que no quería convivencia con Lesly Godínez, sino con su actual pareja (foja 64 y 97). Respuesta a la petición de seis de octubre de dos mil dieciséis, en la que la promovente del amparo manifestó que se le brindo la atención y el apoyo (foja 67 y 99). Petición sin fecha, en la que Lesly Anaí Godínez González, solicita la reubicación con una persona estable emocionalmente, modulo #2, por salud emocional, mental, físico mental (foja 65 y 98). Nota informativa 0009 de cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la que se le realizó a la quejosa una valoración Psicológica (foja 44) Lista de asistencia del diez al once de febrero del dos mil diecisiete, del módulo 6, pabellón 5. (foja 66). Reubicación de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, por acuerdo de sesión VI-17 del Comité Técnico, donde se destaca que la quejosa estaba ubicada en módulo 6, dormitorio V, nivel B, estancia 5, cama 2 y la ubicación propuesta fue en módulo 6, dormitorio V, nivel B, estancia 2, cama 1 (fojas 85 a 87 y 100 a 102). De lo narrado anteriormente, se puede advertir que la quejosa Lesly Anaí Godínez González se encuentra actualmente en módulo 6, dormitorio V, nivel B, estancia 2, cama 1, y que no existe ninguna petición relacionada con los actos reclamados en la demanda de amparo, en la que señaló que solicitó el aislamiento por salud mental, psicológica, moral emocional y física ya que el día veinte de octubre del dos mil dieciséis, recibió amenazas de una compañera, la cual la dejó emocional, psicológica y moralmente mal, sin que las autoridades correspondientes tomaron cartas en el asunto, pidiendo la pudieran aislar algún pabellón de alta seguridad, con los beneficios correspondientes, como son las actividades para su reinserción social, solicitando el aislamiento al módulo 1 y 2 con puerta abierta, solicitando la ayuda necesaria a las áreas correspondientes, lo que pone de manifiesto la inexistencia del acto reclamado, máxime que la inconforme no aporto prueba suficiente, idónea y eficaz para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que en lo conducente señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;." Por la conclusión alcanza, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en su escrito inicial de demanda (foja 02 a 04), así como sus manifestaciones en vía de alegatos realizadas en diligencias de dieciséis de febrero y trece de marzo de dos mil diecisiete (fojas 71 y 91), toda vez que dichos conceptos de violación y manifestaciones no demuestran el acto del que se duele la peticionaria de amparo y no cambiaría el sentido de este fallo. Tal consideración se funda en la tesis Jurisprudencial con registro 239006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 24, Tercera parte, pagina 49, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. CUARTO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lesly Anahí Godínez González, contra los actos consistentes en la omisión de reubicarla a un pabellón de alta seguridad, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe, hoy quince de mayo de dos mil diecisiete que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil diecisiete. Vista la notificación personal que antecede, se desprende que la quejosa realiza las siguientes manifestaciones: En mérito de lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte quejosa y por desahogada la vista concedida en autos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio y telegrama signado por la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 16 CPS FEMENIL MORELOS", mediante el cual remite copias certificadas de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del año dos mil diecisiete, en la cual se determinó la reubicación de la quejosa, por habilitación de espacios y del formato único de petición dirigido al área de criminología mediante el cual solicitó convivencia con su entonces pareja, Miriam Martínez Vega, misma que se concluyó desfavorable ya que esta persona privada de su libertad se negó, expresando que ya contaba con una nueva pareja; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes a que haya lugar. Dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que a efecto de que las partes tengan el debido conocimiento de lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así determinada por oficio CCJ/ST/0506/2017 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.ISA*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 16 "CPS FEMENIL MORELOS", mediante el cual remite copia certificada de la sexta sesión ordinaria del Comité Técnico del año dos mil diecisiete, en la cual se determinó la reubicación de la quejosa por habilitación de espacios; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que la Directora responsable fue omisa en remitir las constancias solicitadas por auto de diecisiete del mes y año en curso, no obstante de encontrarse debidamente notificada de tal proveído; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 16 "CPS FEMENIL MORELOS", para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a éste juzgado copia certificada, completa y legible de las constancias que acreditan la actual reubicación de la impetrante de amparo Lesly Anaí Godínez González, e indique sí fue reubicada con fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, de ser así deberá indicar los motivos por los cuáles se llevo a cabo dicha reubicación y remitir las constancias que acrediten lo informado; asimismo, se le requiere a efecto de que remita copia certificadas de las constancias que acrediten que dio contestación a las peticiones formuladas por la quejosa en fecha quince de agosto, veintidós de septiembre y tres de octubre de dos mil dieciséis. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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