Leslie Garcia Ochoa
Expediente 918/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leslie Garcia Ochoa
- Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que en caso de que sea se les haga entrega de los documentos originales que haya exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos ÓSCAR ALEJANDRO LÓPEZ CRUZ, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la responsable; atento a lo anterior, agréguese el oficio de cuenta únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que el veinticinco de febrero de la presente anualidad, se dictó sentencia en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Jorge.P.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 918/2020, promovido por Leslie García Ochoa contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido ese mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Leslie García Ochoa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión de la responsable de dictar (sic) el laudo respectivo dentro del expediente laboral de origen, lo anterior en virtud de los términos que establece el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 918/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la omisión de emitir el laudo correspondiente sin respetar los plazos que marca la ley de la materia, dentro del juicio laboral 01/661/17. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado. Así, se tiene que la autoridad responsable, si bien aceptó el acto que la parte quejosa reclama en su contra, no obstante remitió en apoyo a su informe justificado, copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/661/17, de las cuales se desprende que el acto reclamado, la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio de origen no existe, toda vez que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de octubre de dos mil veinte), se dictó el acuerdo en el que realizó la certificación correspondiente a que alude el artículo 885 de la Ley Laboral, respecto a que en los autos del expediente 01/661/17 no queda prueba pendiente por desahogar ni que requiera diligencia especial alguna, asimismo, concedió a las partes un término improrrogable de tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación del referido acuerdo, para que las partes expresaran su conformidad con la certificación en comento. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. Lo anterior se estima así, toda vez que la autoridad responsable si bien aceptó la existencia del acto reclamado, lo cierto es que debe tenerse por no cierto el mismo toda vez que de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, se observa que dicha autoridad el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dio vista con la certificación que hizo en el sentido de que no quedaban pruebas por desahogar en el juicio de origen, dio vista a las partes por el término de tres días para que expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el numeral 885 de la Ley Laboral, por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no existe, ni existía a la fecha de la presentación de la demanda constitucional esto es el veintisiete de octubre de dos mil veinte, pues el juicio laboral 01/661/17 no se encontraba en la etapa procesal de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo, pues era necesario se diera vista a las partes con la certificación antes referida, para posteriormente estar en posibilidad de dictar cierre de instrucción y turnar los autos para proyecto de resolución en forma de laudo. Así, la autoridad responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no estaba en posibilidad de dictar el laudo correspondiente, tal y como se puede observar de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe. Ahora es importante destacar que, dentro del procedimiento ordinario laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo, la certificación tocante a que no quedan pruebas pendientes por desahogar, el cierre de la etapa de instrucción y el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral, corresponden a dos etapas distintas en atención a que esas diligencias se llevan a cabo en momentos diferentes. En efecto, para estar en posibilidad de dictar el laudo correspondiente, es menester certificar con anterioridad que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, dictar el cierre de instrucción y remitir los autos para proyecto de resolución, pues de lo contrario, la autoridad laboral no se encuentra en posibilidad de dictar el laudo correspondiente al expediente laboral. Lo anterior se corrobora de la lectura a los numerales 685, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. "Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." Con base en lo anterior, si se toma en consideración que la parte quejosa reclama de la responsable la omisión de dictar el laudo correspondiente, el estudio de este juzgador al resolver el presente asunto debe centrarse en la continuidad de la secuela procesal dentro del juicio laboral; y no así, en actuaciones subsecuentes que no podrán materializarse hasta en tanto se lleven a cabo las primeras, pues es necesario que la fase en la que se encuentra el procedimiento de origen se concluya para así dar paso a la siguiente, y de acontecer una nueva violación procesal en esa etapa subsecuente, esta será impugnable a través de un nuevo juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por Leslie García Ochoa. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia con número de registro 2018110, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro 59, octubre de dos mil dieciocho, pág. 926, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia, de esta autoridad federal, Ana María González Heredia por su propio solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado de Morelos, Servicios de Salud Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, Hospital General José G. Parres Unidad Hospitalaria de los Servicios de Salud Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado y Jefa del Departamento de Enfermería del Hospital General José G. Parres, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La negativa a ordenar mi resguardo domiciliario y la negativa para que deje de acudir a prestar mis servicios como enfermera especializada en el Hospital General José G. Parres,. con lo que se viola mi derecho humano a la salud y se pone en peligro mi vida, en virtud de que, por mi padecimiento de hipertensión arterial, soy potencialmente apta para contagiarme de virus SAR-CoV2." SEGUNDO. El veintidós de mayo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 388/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La negativa verbal de proporcionar resguardo domiciliario o licencia con goce de sueldo, prerrogativas y derechos laborales -evitar la asistencia a centros de trabajo- concedidas en el Acuerdos de 24 de marzo de dos mil veinte, a grupos vulnerables que incluye a personas con hipertensión arterial y obesidad. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Servicios de Salud Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, Hospital General José G. Parres Unidad Hospitalaria de los Servicios de Salud Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado y Jefa del Departamento de Enfermería del Hospital General José G. Parres, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, señalando que en cumplimiento a la suspensión de plano el veinticinco de mayo de dos mil veinte, instruyó a la responsable de Recursos Humanos del Hospital General José G. Parres, que la quejosa a partir de esa fecha no debe presentarse a su jornada laboral durante el plazo que dure la contingencia por el virus SARS-CoV2 (civid-19). Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto sí existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, en atención que de la constancia que adjuntó a su informe justificado se desprende su certeza. En efecto de las constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que si bien a la presentación de la demanda, es decir, el veintidós de mayo de dos mil veinte, no había ordenado que la quejosa no debe acudir a su jornada laboral sin que se afecten sus derechos laborales, con motivo de ser persona vulnerable, lo hizo el veinticinco de mayo siguiente, con motivos de acatar la suspensión de plano emitida en autos, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a la responsable. CUARTO. Causales de Improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues considera que la quejosa, no le causa una afectación a su esfera jurídica de derechos el acto reclamado, pues se le ha dotado de material y equipo necesario para que realice su labor médica, resulta infundada dicha causal de improcedencia. Para explicar lo anterior, es menester transcribir lo previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República y lo establecido en los diversos 6 y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "ARTICULO 107.Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "ARTICULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Los artículos transcritos, establece que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que éste tiene como finalidad proteger al individuo de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución del o de los actos que estima ilegales, entendiéndose por perjuicio la ofensa que se hace a los derechos e intereses de los que es titular. Esto es, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, implica la existencia de dos presupuestos, a saber: a). La titularidad de un derecho subjetivo; y, b). Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. De esa manera, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones: 1. Un interés exclusivo, actual y directo. 2. Reconocido y tutelado por la ley. 3. Que esta protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. Lo anterior se apoya en la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En consecuencia, es evidente que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional solo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad combatido le ha causado molestias en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan. Así resulta indiscutible que la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en el caso se demuestra el interés jurídico del promovente, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de dicha trasgresión. A este respecto, es oportuno transcribir la Jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 55, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 72, Séptima parte, con número de registro 245886, con rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Bajo esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan; y un acto causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona directamente su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace la posibilidad de intentar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. De lo mencionado puede concluirse que la parte quejosa debe necesariamente ser titular del derecho que alega le fue violado, y que derivado de ello resultó afectado en su interés jurídico, ya en su patrimonio o en su persona. Ahora bien, en el caso la quejosa se duele de la negativa de la responsable de ordenar el resguardo domicilio con goce de suelo y demás prestaciones laborales, como trabajadora de la salud en el Hospital General José G. Parres, al ser persona vulnerable por cursar con enfermedad de hipertensión arterial y sobrepeso, argumentado, a pesar de encontrase dentro de los grupos vulnerables descritos en los artículos primero y segundo del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV2 (COVID-19)" publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación y ello involucra cuestiones que deben ser analizadas al momento de resolverse el fondo del presente asunto, pues será hasta que se realice el análisis del acto reclamado, que podrá determinarse si éste se encuentra apegado a derecho o no. Por ello es que se desestima la causa de improcedencia propuesta por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 135/2001, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de dos mil dos, consultable en la página 5, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." No existiendo alguna otra causa de improcedencia invocada por las partes, ni advirtiendo este juzgador la actualización de alguna de ellas, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La parte quejosa, aduce en sus motivos de disenso, que las autoridades responsables vulneran los artículos 4, de la Constitución Federal, que establece el derecho a la salud como un derecho humano, al negarle la solicitud de confinamiento o resguardo domiciliario durante el tiempo que dure el estado de contingencia, circunstancia que pone en riesgo la salud y la vida de la impetrante. Para determinar si asiste razón a la quejosa, es necesario considerar que el derecho humano a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a proteger y garantizar en términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de las responsabilidades que incumben al Estado para la protección de la salud de los gobernados, se incluyen acciones y prestaciones indispensables para ese fin, entre las que se deben considerar todas aquellas políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud y oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, mayormente ante casos extraordinarios como la pandemia que aqueja a la comunidad mundial. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana, en las oportunidades de las personas y, sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. Tal criterio se encuentra inmerso en la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), consultable a página 1192 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, registro 2007938, que dice: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado". En relación con lo expuesto, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se confirma que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, que entre las medidas que deberán adoptar los Estados a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (i) la reducción de la mortandad y el sano desarrollo de los niños; (ii) el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente; (iii) la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y (iv) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, como se lee a continuación: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad" Como se advierte, el precepto convencional referido reitera que el derecho a la salud impone deberes positivos a los Estados parte, entre los que se destacan la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad; lo cual, evidentemente, conlleva la creación de un marco normativo adecuado que regule la prestación de los servicios médicos (de salud), estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. En ese orden, puede válidamente concluirse que el Estado, en materia de salud, se encuentra obligado a supervisar constantemente la prestación del servicio tanto en instituciones públicas como privadas, para proteger el bien respectivo; a lograr, de manera progresiva, que todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción tengan acceso a las instituciones de salud, cuestión que implica que dichas personas sean atendidas oportunamente y que se les brinde un tratamiento médico integral; así como, a propiciar y mantener condiciones sanitarias adecuadas y óptimas, procurando la debida capacitación y calificación de su personal médico. Cabe mencionar que, conforme al artículo 2° del citado pacto internacional, cada uno de los Estados parte se compromete a adoptar medidas -tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive con la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos, como se lee a continuación: "Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. [.]". Para atender a esa obligación, tendente a lograr una plena efectividad del derecho humano a la salud, en los artículos 2°, 23, 27, fracciones III y VIII, 28 y 29, la Ley General de Salud, el Estado Mexicano dejó establecido que tal prerrogativa tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, los cuales se entienden como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Al respecto, se cita el contenido de los arábigos 2°, 23, 27, fracciones III y VIII, 28 y 29, la Ley General de Salud: "Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud". "Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad". "Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: [.] III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; [.] VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud". "Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal". "Artículo 29. Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes". Mientras que, en el artículo 134, fracción XIV, de ese mismo ordenamiento, queda establecido que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las diversas enfermedades que ahí se enlistan, así como las demás que determinen el Consejo de Salubridad General, como se lee a continuación: "Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles: [.] XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En tal sentido, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que, ante dicho panorama y con apoyo en el artículo 134 de la Ley General de Salud, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyos artículos primero y segundo se estableció lo siguiente: "Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, fracción XIV de la Ley General de Salud, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; [.]". Además de esas medidas, a través del "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal implementó diversas acciones extraordinarias dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el COVID-19, en cuyo artículo primero, fracción V, se estableció como una obligación para los sectores públicos, sociales y privados, permitir el resguardo domiciliario corresponsable a toda persona mayor de sesenta años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial, como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: [.] V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar; [.]". Luego, el veintinueve de mayo del referido año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, en el que se estableció, en lo que aquí interesa, que el uno de junio de dos mil veinte, inició la etapa de reapertura socioeconómica mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal por regiones (estatal o municipal), que determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y serán dictados por la autoridad federal. En el punto 4.1., se precisó que los centros de trabajo deberán identificar si la actividad que realizan es considerada o no como esencial en concordancia con lo establecido en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días treinta y uno de marzo, seis de abril, catorce y quince de mayo del dos mil veinte, según la tabla siguiente: Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales. No. ACTIVIDAD ESENCIAL Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria gen erada por el virus SARS-CoV2 (31 de marzo de 2020) 1 Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud 2 Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias) 3 La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud 4 Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI) 5 Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención 6 Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia 7 Actividad legislativa en los niveles federal y estatal 8 Financiera 9 Recaudación tributaria 10 Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas 11 Generación y distribución de agua potable 12 Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos 13 Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados 14 Servicios de transporte de pasajeros y de carga 15 Producción agrícola 16 Producción pesquera 17 Producción pecuaria 18 Agroindustria 19 Industria química 20 Productos de limpieza 21 Ferreterías 22 Servicios de mensajería 23 Guardias en labores de seguridad privada 24 Guarderías y estancias infantiles 25 Asilos y estancias para personas adultas mayores 26 Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos 27 Telecomunicaciones y medios de información 28 Servicios privados de emergencia 29 Servicios funerarios y de inhumación 30 Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales 31 Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles) 32 Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno 33 Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 publicado el 31 de marzo del 2020 (06 de abril de 2020) 34 Empresas de producción de acero, cemento y vidrio 35 Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social 36 Empresas y plataformas de comercio electrónico 37 Minas de carbón 38 Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y logística Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias (14 de mayo de 2020) 39 Industria de la construcción 40 Minería 41 Fabricación de equipo de transporte De acuerdo con los niveles de riesgo epidemiológico, en los niveles de riesgo alto y máximo, sólo pueden operar las actividades esenciales, según la tabla 3 que se inserta enseguida: Tabla 3. Niveles de riesgo epidemiológico. Nivel de riesgo epidemiológico Descripción Ejemplos de medidas Máximo Sólo se encuentran en operación las actividades esenciales Se activan los protocolos para favorecer el trabajo en casa. Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas; cuando esto no se pueda cumplir, se dotará de Equipo de Protección Personal (EPP) a las personas trabajadoras. Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc. Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. El personal vulnerable debe trabajar desde casa. Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y turnos. Filtro de ingreso y egreso de trabajadores. Alto Operación plena de actividades esenciales y operación reducida en actividades no esenciales Se activan los protocolos para favorecer el trabajo en casa. Presencia de personal al 30% de las actividades no esenciales. Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas; cuando esto no se pueda cumplir, se dotará de EPP a las personas trabajadoras. Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc. Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. Establecer escalonamientos y flexibilización de horarios y turnos. Prestar atención permanente en la población vulnerable. Reforzar de ingreso y egreso de trabajadores. Intermedio Actividades acotadas en el espacio público y actividad económica plena Favorecer el trabajo desde casa. Asegurarse de que existe distancia de 1.5 metros entre personas. Colocar barreras físicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc. Incrementar la frecuencia en el transporte y alternar asientos. Prestar atención permanente a la población vulnerable. Mantener activo el filtro de ingreso y egreso de trabajadores. Cotidiano Reanudación de actividades Presencia de todo el personal en el centro de trabajo. Implementación de medidas de protección de la salud. Prestar atención permanente a la población vulnerable. Luego, cabe precisar que el Estado de Morelos, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el catorce de febrero de dos mil veintiuno, fue determinado por las autoridades sanitarias en semáforo rojo, así la Secretaria de Salud al día veinte de enero de dos mil veintiuno, informa se han confirmado 1,678 casos de coronavirus COVID-19, 251 activos, descartando 1,538 sospechosos 289, y se han registrado 326 defunciones. Asimismo, informa que las nuevas defunciones se registraron 5 hombres de Cuernavaca, Cuautla, Axochiapan y Jonacatepec, así como en la Ciudad de México, que presentaron diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad, igualmente en una mujer de Tlaltizapán con comorbidades tales como obesidad y asma. En tal sentido, la omisión o negativa a la observancia de esas medidas y en las que pudieran incurrir las autoridades responsables podría implicar una contravención al derecho, al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, de imposible reparación. Ello implica que aquéllas deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Ahora, en el caso que nos ocupa, mediante escrito de veintiséis de mayo de dos mil veinte, el Director General de Servicios de Salud de Morelos, Director General del Hospital General de Cuernavaca Dr, José G. Parres y titular del Departamento de Enfermería del Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, informaron a esta autoridad mediante oficio SSM/DG/SJ/2172/2020, que en cumplimiento al diverso DG068/2020, de veinticinco de mayo de dos mil veinte, en acatamiento al amparo indirecto 388/2020, donde se concedió la suspensión de plano para el efecto de ". en virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que la trabajadora Ana María González Heredia, se ausentará de su jornada laboral partir de la fecha de emisión del este documento, por encontrarse bajo resguardo domiciliario y se le instruye con la finalidad de que no sea afectada en sus derechos laborales. Sin que ello implique que se excuse de desempeñar desde su domicilio actividades administrativas propias del área de adscripción." Como puede apreciarse, del oficio de mérito en donde se adujo que derivado de la interposición del juicio de amparo 388/2020, del índice de esta autoridad federal, la responsable Director General del Hospital General José G: Parres, instruyó a la responsable de Recursos Humanos que a partir del veinticinco de mayo de dos mil veinte, la suspensión de obligación de acudir a su centro de trabajo de la quejosa para cubrir su jornada laboral sin afectar su sueldo y demás prestaciones con motivo de la contingencia pandémica COVID-19, asimismo, que la realizó en acatamiento a la suspensión de plano emitido por esta autoridad, empero, no tomó en consideración que la parte quejosa padece hipertensión arterial y obesidad, por ello, dentro del grupo de personas vulnerables, lo que demuestra con la documental públicas de veintisiete de abril de dos mil veinte, que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda a la se le concede valor probatorio de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por su diverso 2, al no ser objetada ni desvirtuada en cuanto a su contenido y firma, son aptos y suficientes para concluir que la quejosa cursa dichas enfermedades, -constancia de salud expedida por la Delegación Estatal en Morelos, Subdelegación Médica Clínica de Medicina Familiar, donde se hace constar que padece hipertensión arterial y sobrepeso-; aunado al hecho la responsable realiza manifestaciones de su conocimiento, al referir que respecto a los padecimientos de la quejosa hipertensión arterial y sobrepeso -constancia de veintisiete de abril de dos mil veinte- no desprende que la hipertensión se encuentre descontrolada y la obesidad se encuentre como obesidad mórbida (IMC igual o mayor a 40), por ello, señala que no se encuentra en la hipótesis que le indica la circular SSM/DA/SRH/DRL/013/2020, para acudir a su centro de trabajo, de donde se desprende que el oficio de resguardo domiciliario concedido a la quejosa fue acatado con motivo del juicio de amparo que nos ocupa. Sustenta estas consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 152/2017 (10a.), que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 581, libro 49, tomo I, diciembre de 2017, materia laboral, décima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CERTIFICADOS MÉDICOS EXHIBIDOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2012. SON VÁLIDOS AUNQUE NO ESPECIFIQUEN EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE OTORGÓ EL TÍTULO PROFESIONAL AL MÉDICO PARTICULAR QUE LOS EMITIÓ. Conforme al numeral citado, los únicos requisitos de validez exigibles en los certificados médicos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje son: 1) nombre del médico, 2) número de cédula profesional, 3) fecha de emisión del certificado, y 4) descripción del estado patológico que impide la comparecencia de la persona requerida; lo que implica que en los juicios laborales iniciados después del 30 de noviembre de 2012 son inaplicables las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 74/95 y 2a./J. 76/2001, pues desentrañaron el sentido normativo del precepto mencionado anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha referida; de ahí que con base en los principios de especialidad, economía y sencillez que rigen el proceso laboral, los únicos elementos que deben contener los certificados médicos indicados son los exigidos por la Ley Federal del Trabajo vigente, por lo que son válidos aunque no especifiquen el nombre de la institución que otorgó el título profesional al médico particular que los emitió." No obstante, que el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas a implementar para mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID, en cuyo artículo segundo se estableció lo siguiente: "."ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;.". Y el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, el Secretario de Salud del Gobierno Federal implementó diversas acciones extraordinarias dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el COVID-19, en cuyo artículo primero, fracción V, se estableció como una obligación para los sectores públicos, sociales y privados, permitir el resguardo domiciliario corresponsable a toda persona mayor de sesenta años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. Bajo tales circunstancias, es posible concluir que no existe razón para que la quejosa Ana María González Heredia, acuda de manera física o presencial a su centro de trabajo mientras dure la contingencia, pues está demostrado que pertenece a un grupo vulnerable ante los riesgos que conlleva la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a los acuerdos y medidas de observancia general implementadas por el Gobierno Federal, y de las que se aparta el oficio de veintiséis de mayo de dos mil veinte, al emitir el resguardo domiciliario en acatamiento a la suspensión de plano concedida por esta autoridad en el juicio de amparo que nos ocupa, sin tomar en cuenta los acuerdos generales emitidos por las autoridades de salud federal. Máxime que, el Acuerdo General de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, que implementa diversas acciones extraordinarias dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el COVID-19, no establece que el grupo de enfermedades especificadas en el Acuerdo General de referencia deban ser valoradas por las institucionales de salud responsables para determinar su gravedad, o que se le ha proporcionado el material necesario para su protección, de ser así, en el Acuerdo General se hubieran especificado de esa manera, lo que no ocurre en la especie. Considerar su eficacia, pondría en riesgo la salud, la vida de la impetrante, en una franca violación al derecho fundamental que consagra el artículo 4° constitucional. Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, por sí o por conducto de las instancias administrativas que resulten competentes, provean lo conducente para que: De conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo -artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 4° constitucional. Cobra aplicación, la tesis 1a.CCCXLIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 969 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, noviembre de 2015, tomo I, registro 2010420, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes". Asimismo, la presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento a la misma, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el juicio de derechos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 159, registro 394192 cuyo rubro establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO". Finalmente, debe invocarse como un hecho notorio que de acuerdo a la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, la implementación de dicha medida para inmunizar a la población en contra de este virus inició a partir de diciembre de dos mil veinte con el personal de salud de primera línea de control de la Covid-19; mientras que el personal de salud restante así como personas mayores de sesenta años iniciaron en febrero del presente año. Expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa la vacuna a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma. Por lo antes expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad con el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ana María González Heredia, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, consistente en la negativa verbal a la solicitud de resguardo y/o confinamiento domiciliario realizado, en razón de pertenecen al grupo vulnerable por cursar con enfermedad de hipertensión arterial y sobrepeso, con goce de sueldo y demás prestaciones laborales, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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