Leopoldo Meneses Fernández
Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 46 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el estado de Morelos
- Leopoldo Meneses Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés Vista la razón que antecede, en términos de los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa Brenda Jiménez Rangel, mediante el cual solicita la devolución de los billetes de depósito que obran en los autos del presente juicio de amparo, mismos que fueron exhibidos para garantizar la suspensión provisional y definitiva. Al respecto, dígasele a la autorizada de la parte quejosa que deberá de estarse a lo acordado en auto de fecha trece de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, en contra del acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia, ha transcurrido como se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, queda firme el acuerdo de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente como concluido. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, las suspensiones definitivas de veintinueve de abril y veintiséis de julio, ambos de dos mil veintidós, se determinó concederlas. Devolución de billete de depósito Ahora, se le hace saber a la parte quejosa que cuenta con el término de dos años para que pueda recoger en este órgano jurisdiccional los billetes de depósito que obren en autos, los que fueron exhibidos para garantizar la suspensión provisional y definitiva, término que comenzará a transcurrir una vez que concluya el plazo de seis meses a que alude el artículo 156, de la Ley de Amparo; bajo el apercibimiento que transcurrido el primer plazo señalado, el documento de referencia se hará efectivo a favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación. Asimismo, dígase a la parte quejosa que para la devolución del citado billete, deberá comparecer personalmente ante este Tribunal Federal, debidamente identificado, en la inteligencia de que dicho documento será entregado únicamente a la parte quejosa; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de garantía para la propia impetrante. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexos Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad señalada como responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, cuatro anexos que acompañó al informe justificado; sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en el entendido que el sello de recepción de los citados anexos harán las veces de acuse. Notifíquese; y personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, en la que se advierte de las constancias remitidas por la responsable, que la parte actora ********************en el juicio de origen ********************, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés a través de su apoderada legal compareció a las instalaciones del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, a ratificar el escrito de nueve de enero de dos mil veintidós, mediante el cual dicha parte procesal manifestó desistirse de la acción planteada dentro del juicio ********************,. El diecinueve de enero siguiente, la responsable dicto proveído mediante el cual dio vista a la parte demandada ********************, hoy parte quejosa en el presente juicio, con el desistimiento ratificado por la apoderada legal de la parte actora ********************. Posteriormente, en proveído de seis de febrero de dos mil veintitrés, la responsable emitió pronunciamiento en el que señaló que toda vez que la parte demandada ******************** no dio contestación a la vista otorgada en proveído de diecinueve de enero pasado, se le tenía por pedido su derecho, y por ende por desistida a la parte actora ********************de la acción intentada en el juicio ********************. En tal virtud, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Con la finalidad de establecer el alcance del precepto transcrito, debe tenerse presente que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. A efecto de cumplir dicho objetivo, se han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se hace referencia, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando de manera formal subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, aun en el caso de concluirse que el referido acto resulta inconstitucional. También podría darse el caso de que la sentencia concesoria no produzca algún efecto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera de derechos del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, del mes de diciembre de dos mil seis, con registro 173858, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, se insiste, de autos se denota que el seis de febrero del año en curso, se tuvo por desistida a la parte actora de la acción intentada en el juicio ********************, y por pedido el derecho a la parte demandada, por lo que el acto reclamado dejó de tener efecto legal al no existir la contienda inicialmente planteada. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado, subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por lo que las repercusiones jurídicas ya cambiaron. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, visible en la página 435 del Tomo XII, Octubre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 214694, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ESTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Así como la diversa tesis aislada, visible en la página 215 del Tomo XII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro electrónico 222944, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR NO EXISTIR EL OBJETO O MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si en virtud de haberse dictado ejecutoria de garantías, la autoridad responsable debe restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, acorde con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de la materia, nulificando el procedimiento subsecuente a aquella violación, el acto reclamado en ese nuevo amparo, posterior a esas actuaciones, no podrá surtir efecto legal o material, al quedar anulado el procedimiento que lo contiene, acorde con lo dispuesto por la Ley de Amparo en el sentido de que: "Art. 73.-El juicio de amparo es improcedente:" (...) "XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.", y en esas condiciones, el nuevo juicio de garantías debe sobreseerse." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la audiencia constitucional en este juicio de amparo, señalada para las diez horas con quince minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias que le fueron requeridas en cumplimiento al proveído de veinticuatro de enero del presente año; al respecto agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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