Leslie Caarolina de la Cruz Cedillo
Expediente 906/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leslie Caarolina de la Cruz Cedillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintitrés. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito presentado en línea el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado a este juzgado el veinticinco, día siguiente, el licenciado ********************, defensor público federal de ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO La negativa de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, decretada en audiencia oral y pública en fecha veintidós de septiembre del dos mil veintitrés, e impuesta a la quejosa en audiencia inicial de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, en la causa penal ********************, del índice del índice del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en esta ciudad (.) SEGUNDO. Tramitación del incidente del acto reclamado (medida cautelar de prisión preventiva oficiosa) en el escrito inicial de la demanda. En proveído veintiséis de septiembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su respectivo informe previo a la autoridad responsable, señalándose día y hora para celebrar la audiencia incidental. Luego, mediante interlocutoria de tres de octubre del año en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva del acto reclamado que interesa, consistente en la determinación por medio de la cual, el Juez de Control responsable se rehusó a hacer un control de convencionalidad ex officio para debatir la revisión de la medida cautelar que le impuso -prisión preventiva oficiosa-, dentro de dicha causa penal. En dicha resolución incidental, se concedió la suspensión definitiva a ********************, únicamente para que quedara a disposición de este juzgado en lo que se refiere su libertad personal, pero a disposición del juez responsable para la continuación del proceso. Lo anterior, debido a que el juez responsable en la causa penal de origen ********************, (en cumplimiento a los efectos encomendados en la suspensión provisional concedida al quejoso en el presente incidente el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés) en audiencia de revisión de medida cautelar realizada el veintisiete de septiembre de este año, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y abrió debate entre las partes en relación a la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, por lo que luego de escuchar el debate determino fundada la solicitud de la fiscalía, y en su lugar le impuso a la imputada, aquí quejosa, la medida cautelar de prisión preventiva justificada prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Ampliación de la demanda (prisión preventiva justificada). En escrito recibido en este Juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa amplió la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, a quien le reclamó la determinación tomada en audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido de imponerle ahora la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Se solicitó el informe previo a la citada autoridad responsable, y en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, que remitiera registro certificado de audio y video de la audiencia de revisión de la medida cautelar en la cual se impuso al quejos la medida cautelar de prisión preventiva justificado; además, se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia incidental, donde se resuelva la suspensión definitiva, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado en la ampliación de la demanda. El Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, en su informe previo, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues en audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa (que anteriormente había impuesto a la quejosa), y previo debate, le impuso la diversa de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido; esto, dentro de la causa penal ********************. Para corroborarlo, en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, dicha autoridad responsable remitió el disco en formato DVD, debidamente certificado, que contiene la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva justificada llevada a cabo el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, instruida en contra de la quejosa. TERCERO. Suspensión definitiva. Para efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto, en audiencia llevada a cabo el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado." Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; la suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38) - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41) 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; (42) - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. (.) Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la parte quejosa, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1.- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2.- La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3.- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. 4.- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5.- Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6.- Que resulte estrictamente proporcional. 7.- Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva justificada celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************: En principio, el Juez de Control responsable, expresó lo siguiente: levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento a la suspensión provisional dictada por este Juzgado de Distrito. Enseguida, de conformidad con el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abrió debate y cuestionó al Fiscal de la Federación si tenía alguna petición. Luego, la Fiscal de la Federación, solicitó, con fundamento en el artículo 19 Constitucional, 155, fracción XIV, 165 y 168, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, en atención a los siguientes argumentos: que una diversa medida cautelar no es suficiente para asegurar la presencia de la imputada en el procedimiento. que conforme al artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe peligro de que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia, puesto que no cuenta con arraigo en el Estado de Chihuahua. que lo anterior se corrobora tomando en cuenta que el día en que fue detenida y puesta a disposición, la imputada, aquí quejosa, proporcionó como su domicilio el ubicado en boulevard ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Después, el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el oficial de la Policía Ministerial, al momento de realizar el acta de la persona detenida e individualización de la imputada, quien proporcionó sus generales y refirió el mismo domicilio. Dicho domicilio sostuvo la imputada ante el Centro de Justicia cuando se proporcionó al auxiliar de sala sus datos, el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, donde refirió que su domicilio es el ubicado en boulevard ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. La fiscalía para poder verificar el arraigo de la imputada, el veintitrés de septiembre de dos mil veintitrés, realizó inspección del lugar por parte del oficial de la policía, quien se constituyó al referido boulevard inmediaciones casi esquina con ********************, colonia ********************, en esta ciudad, donde realizó un recorrido en su vehículo y a pie con el fin de localizar el número ********************, con resultando negativo, ya que no existe dicho número, después procedió a consular la página google maps, localizó dicha numeración, la cual corresponde a una tienda de convenencia (********************), a la cual se constituyó y realizó una inspección y realizó tomas fotográficas de dicha tienda de nombre ******************** Gamboya. que aunado a lo anterior, en términos del artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere que la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye una presunción de riesgo de fuga. además, en diversa audiencia el defensor hizo referencia a un estudio socioeconómico practicado a la madre de la imputada, quien refirió que el domicilio es en boulevard ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, en esta ciudad, y la imputada refirió que cuando su relación sentimental ya no funcionó, se regresó al domicilio de su mamá. Por su parte, el Defensora Público Federal de la imputada, expuso lo siguiente: Que no existe ningún dato de prueba o información que permita establecer un riesgo para alguna víctima o testigo. Tampoco, existe dato o información que advierta que la imputada pueda obstaculizar el proceso. Que la petición de la fiscalía descansa en el número de un domicilio. Ofreció como dato de prueba un estudio socioeconómico practicado a la madre de la imputada, donde se copia de identificación oficial y se aprecia el nombre de la persona, y se con el cual se establece que la imputada tiene su domicilio el ubicado en boulevard ******************** número ********************, fraccionamiento Oasis, en esta ciudad, y se acompañó fotografías de la vivienda, tanto de su interior como de su exterior; información que está a disposición de la fiscalía, antes de que se realizara la inspección de búsqueda del domicilio que señaló la fiscalía. Que por un error en la numeración de la casa, no puede afirmarse que la imputada pretenda establecer que se sustraiga, sino que se trata de un error de memoria. Además, la imputada tiene un arraigo en esta ciudad, porque tiene seis hermanos, uno de ellos esta parapléjico y no se puede mover, y ella ayudaría a cuidar a su hermano, y también tiene una menor hija, que va al tercer grado de prescolar; razón suficiente para no sustraerse y vivirá en esta ciudad. Que cuando se obtenga la libertad, residirá en el domicilio de su madre. Con respecto al arraigo de trabajo, al estar privada de la libertad casi dos años en prisión preventiva, no tiene algún dato para establecer el mismo. Pero si se considera que existe algún riesgo cautelar, solicitó una diversa a la prisión preventiva, y se le dé la oportunidad de comparecer libre a su juicio. Tampoco existe datos que la imputada no tiene antecedentes penales. Luego, el juez le concedió el uso de la voz a la imputada si deseaba manifestar, quien manifestó que no tenía nada que declarar. Con lo anterior, el Juez de Control responsable cerró el debate y emitió la siguiente determinación: En principio, que es una regla procesal, establecer el domicilio, pues una persona que comparecer ante una institución de seguridad, fiscalía o ante un centro de justicia penal, para efecto de estar localizada se debe proporcionar un domicilio, del cual se espera que sea el correcto para ubicarla, pues la ley así lo prevé. De ahí que no se puede tratar de un error o confusión por parte de la imputada, como lo hace ver así el defensor, toda vez que en varias entrevistas siempre se sostuvo en el domicilio proporcionado, que no correspondía al de ella. Reitera que no se considera un error, pues cuando uno no recuerda lo tiene que decir así, pero no se justicia que se proporcione un domicilio donde debe notificarse, que no corresponde al de la imputada; lo cual denota una intensión de un riesgo de fuga, para no someterse al juicio. Que el hecho de que la fiscalía únicamente haya investigado el domicilio proporcionado por la imputada, y no el diverso que se asentó en el estudio socioeconómico, no le irroga algún perjuicio, pues al final de cuenta, la imputada proporcionó un domicilio, el cual obra en autos, entonces el fiscal debe verificar el proporcionado por la propia imputada. En cuanto a la modernización de la colonia y actualización o cambio de la numeración, no aportó algún dato de prueba para determinar que la vivienda donde habita la madre de la imputada, tenía la numeración (la que indicó la imputada). Reiteró que no es dable considera que se trata de un error en el domicilio, pues éste siempre se tiene presente al ocuparse siempre para algún trámite (licencia, credencial de elector). Con respecto al arraigo laboral, por estar casi dos años de prisión preventiva, no le puede imponer la carga, pero antes de esa prisión, no se ofreció algún dato para acreditar en que trabajaba la imputada, cuál era su seguridad social, pues se indicó que tiene una hija de tres años, la cual se la puede llevar en el momento que considere pertinente. Respecto que se indicó que la imputada va a residir en el domicilio de su madre, no necesariamente puede ocurrir o estar relacionado con una situación, y no se genera la necesidad de permanecer en alguno lugar, porque no se generó seguridad social, ni de trabajo. Circunstancias que revela que hay una intensión de falsear el domicilio, por lo cual, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en el lugar donde actualmente se encuentra recluida, durante la tramitación de todo el procedimiento, hasta su culminación, ya sea de manera anticipada o de manea ordinaria. Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se refirió que en la causa penal ********************, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan hechos considerados por la ley como delitos (portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa I.); además, se estableció la relación que la aquí quejosa, tiene con esos hechos (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por los mismos, se le dictó auto de vinculación a proceso. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, es la de asegurar la presencia de la imputada en el proceso (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable la aquí quejosa, es la medida cautelar idónea para el fin que se persigue (asegurar su presencia en el procedimiento y que no impida su desarrollo, así como que no evada la acción de la Justicia) y además, en estrecha relación con su idoneidad, resulta necesaria; en efecto, tal como lo adujo el Juez responsable, sin pre juzgar y sin vulnerar en perjuicio de la imputada el principio de presunción de inocencia, principio que le asiste durante todo el procedimiento hasta su culminación, sino como elemento para demostrar la idoneidad y la necesidad de la medida cautelar impuesta, la eventual pena que pudiera imponerse a la aquí quejosa, es evidentemente muy elevada, ya que los hechos que se le imputan (desde luego, en este momento procesal, en grado de probabilidad), consisten en el portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional y contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa I. Esto es, por una parte, los hechos que se ventilan en la causa penal, efectivamente son de tal gravedad que, en su caso, implicarían una pena muy gravosa para la aquí quejosa. Pero además, como lo expuso el Juez de Control responsable, la imputada al falsear sobre su domicilio constituye presunción de riesgo de fuga, pues así lo prevé la ley, en el artículo 168, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ciertamente permite apreciar que su intención era no someterse al juicio. Ante esa falta de arraigo en el lugar donde se sigue su causa penal, implica la facilidad que tendría, en su caso, para extraerse de la acción de la Justicia; por lo que, efectivamente, es la privación de su libertad justificada, esto es, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, precisamente la medida cautelar que va a garantizar la obtención de los fines legítimos que se persiguen, a saber, que siga presente en el procedimiento y no impida su desarrollo, así como que no eluda la acción de la Justicia. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso a la aquí quejosa, es estrictamente proporcional con los hechos que se ventilan en la causa penal que se le sigue, pues como hace ver el Juez responsable, son hechos de gravedad evidentemente relevante. Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien la quejosa, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social; sin embargo, como se evidenció, la imputada al falsear sobre su domicilio constituye presunción de riesgo de fuga, lo que ciertamente permite apreciar que su intención era no someterse al juicio. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta a la quejosa, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer a la quejosa dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a la quejosa ********************, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando tercero. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que de las constancias que se remitieron de la causa penal ***, y el disco digital en formato DVD (por sus siglas en ingles), se aprecia que le reviste el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Federación, que intervino en la referida causa penal. En tal virtud, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado al agente del ministerio Público quien tuvo conocimiento de la causa penal ***, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad. En atención a lo anterior, se comisiona al actuaria o actuarias adscritos a este juzgado, para que emplacen al presente juicio a dicho tercero interesado mediante oficio, para lo cual deberá adjuntar copias de la demanda y del auto de admisión, y hacerle saber la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional a efecto de que, si a sus intereses conviene, comparezca a este asunto. Lo que antecede, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al tercero interesado. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados signados por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, en su correcta denominación y Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes y anexos en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco digital en formato DVD (por sus siglas en ingles), remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2004362, con rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En el mismo orden, la autoridad responsable informa que en audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, ******************** nombró como su defensor al público federal ******************** quien aceptó y protestó el cargo conferido, de lo que remite la constancia relativa. Lo precedente, considérese en la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónico. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe previo respecto a la ampliación de demanda signado por la autoridad responsable, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control; con su contenido y anexo, dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto en formato DVD (por sus siglas en inglés), remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2004362, con rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Lo anterior, considérese en la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.spm
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