Leopoldo Nevárez Erives
Expediente 200/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Leopoldo Nevárez Erives
- Leopoldo Nevárez Erives y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se tiene que el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del presente asunto; así, se determinó que el expediente principal es destruible, mientras que el incidente de suspensión es depurable. Ahora bien, atento a lo establecido en la fracción IV del punto Noveno, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entre otros, establece que serán considerandos de relevancia documental aquellos que, atendiendo al prudente arbitrio de esta Juzgadora así lo considere, para lo cual debe tomarse en cuenta el personaje involucrado o que los hechos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, social o económica en la vida del país, con independencia de la resolución. Es que se declara que el presente asunto -principal e incidente- es de RELEVANCIA DOCUMENTAL; pues los hechos materia del proceso penal de origen involucran a una persona que ejerce el sacerdocio y un delito de carácter sexual. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual se sobreseyó en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente asunto se sobreseyó, por lo que es susceptible de destrucción, así como el cuadernillo de sigilo que fue aperturado a fin de emplazar a la tercero interesada al presente juicio, por lo que incorpórese dicho cuadernillo a los autos de este expediente y, una vez que transcurran seis meses transfiéranse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción IV del numeral vigesimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, tal como lo disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis que dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras señalo: Juzgados de garantía del Distrito Judicial Bravos a través de su coordinación administrativa. Fiscal General del Estado. Jefe de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte Coordinador de la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Genero, titular de la carpeta de Investigación cuyo número único de caso resulta ser el *******. Todos con domicilio conocido en Ciudad Juárez, Chihuahua. ACTOS RECLAMADOS La radicación, cita y autorización con la finalidad de que en audiencia judicial me sea formulada imputación, supuestamente por un hecho que la ley tipifica como Abuso Sexual Agravado, lo anterior previo apercibimiento de que en caso de incomparecencia se ordenará aprehender a quien suscribe, cita que ha sido programada a fin de celebrarse en fecha 14 de marzo del presente año en actuaciones de la causa penal *******. De igual forma refiero a Usted, que en la audiencia de formulación de imputación señalada, la fiscalía pretende solicitar que me sea fijada la medida cautelar consistente en prisión preventiva, cuestión que resulta totalmente contraria a derecho, lo anterior según se desprende del ordinario 19 de nuestra Ley Suprema, ya que el delito que nos ocupa no merece que el juez de la causa dicte prisión preventiva oficiosa (sic). Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y tramitación de la demanda. Mediante auto de diez de marzo de dos mil dieciséis (foja 8), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los dispositivos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos declarativos y su posible ejecución, provenientes de autoridades jurisdiccionales que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado de amparo. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente juicio, se deduce que la parte quejosa, reclama: La citación para verificar la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal 2387/2015, así como la posibilidad de que en dicha audiencia, sea fijada la medida cautelar de prisión preventiva. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Chihuahua (foja 22), con sede en la ciudad del mismo nombre y Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (foja 16), residente en esta localidad, negaron categóricamente los actos que les atribuyó la quejosa, sin que esta haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas, por lo que, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (foja 18), Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos (foja 24) y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en investigación contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual (foja 34), todos con sede en esta localidad, en sus denominaciones correctas, manifestaron que los actos que les fueron reclamados, son ciertos. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. Se impone sobreseer en el presente asunto, por las razones que serán esgrimidas a continuación; empero, se considera pertinente relatar previamente algunos antecedentes del acto reclamado: Como se precisó en el considerando segundo, el quejoso reclamó la citación para verificar la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal que se le instruye, así como la posibilidad de que en tal audiencia, sea fijada la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, el auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince (foja 26), dictado por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual efectúo la citación para verificar la audiencia referida, misma que se difirió a fin de verificarse a las diez horas del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (foja 30), es del contenido siguiente: EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. Por recibido en este Tribunal, escrito que suscribe el Licenciado Jesús Andrés Colmenero, en calidad de Agente del Ministerio Público, relativo a la carpeta de investigación número 37-2015-0025355 mediante el cual solicita, se fije fecha y hora para celebrar audiencia de formulación de imputación en contra de LEOPOLDO NEVAREZ ERIVES por ser probable responsable del hecho que la ley señala como delito de ABUSO SEXUAL. Visto lo manifestado por parte de la Representación Social, en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Chihuahua, el cual establece: ". si el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encuentre detenida solicitará al Juez la celebración de audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiese designado, la indicación del delito que se le atribuye, la fecha, lugar y modo de comisión y el grado de intervención del imputado en el mismo." este Juzgador considera colmados o satisfechos los requisitos del numeral ya descrito, encontrando la solicitud ajustada a derecho, toda vez que en la misma se expresaron: la individualización del imputado, ya que se señaló que se trata de *******, con domicilio en Iglesia *******, ubicada en *******, en esta Ciudad, mismo que hasta este momento no ha hecho la designación de Defensor Privado, atribuyéndole el delito de ABUSO SEXUAL previsto por el articulo 173 en relación con el 175 fracción II del Código Penal vigente en el Estado, cometido de manera DOLOSA, en hechos que a continuación se describen: ". Que el día ocho de septiembre del año dos mil quince el sacerdote ******* ejecutó un acto de carácter sexual sobre la humanidad de ******* sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, toda vez que le acarició el cuello, la espalda y entre la cintura y la cadera, los pechos, y besó el cuello de la víctima, hechos ocurridos en una oficina ubicada en la iglesia Transfiguración del Señor, cuyo domicilio es en ******* de esta ciudad." Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con el numeral 35 del mismo ordenamiento legal, se acuerda de conformidad su petición señalándose las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS a fin de celebrar audiencia de FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN; en consecuencia, cítese a ******* en el domicilio que la Representante Social informa en su escrito. Así mismo se hace de conocimiento al imputado que -si así lo estima conveniente- puede hacerse acompañar por un defensor particular y en el supuesto de no contar con los medios para ello, se le designará un Defensor Penal Público que lo represente de manera gratuita, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 del Código adjetivo de la materia. En este orden infórmese -a *******- que, de acuerdo a lo establecido en el último parrado del artículo 276 del código Adjetivo en la materia, en caso de no comparecer el Ministerio Público se encuentra facultado para solicitar su aprehensión (sic). (.) En relación con lo anterior, de la carpeta de investigación ******* se desprenden, entre otros, los siguientes medios de convicción: Denuncia de hechos realizada por *******, en contra del aquí quejoso, de fecha diez de septiembre de dos mil quince, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (fojas 38 a 40); Informe de lesiones respectivo, practicado por la Perito Médico Legista de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (foja 41), del que se desprenden: Los datos generales de la aquí tercero interesada, en cuanto a la interpretación y origen de lesiones, se desprende que no presentó huellas de lesiones externas al momento de la revisión, no refirió dolor a nivel de la región lumbar; refirió que le fueron realizados tocamientos en ambos brazos, región dorsal y que también se le acercó poniendo el supuesto agresor, su rostro en tórax, a nivel de los senos. Impresión diagnostica del estado psicológico de *******, aquí tercero interesada, efectuado por la Coordinadora de la Unidad Especializada en investigación contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual (fojas 42 a 45), cuyos resultados reflejaron, según se desprende de la impresión diagnostica, lo siguiente: presenta indicadores que sugieren una depresión moderada, sufre extrema tristeza, llanto frecuente, posee desesperanza hacia el futuro, presenta rechazo hacia su aspecto físico, dificultad para hacer sus actividades, presenta altos índices de estrés, reflejados en sus manifestaciones emocionales, conductuales, vegetativas y cognitivas, disminución de sus actividades diarias y sociales, conflictos en conductas del sueño y de la alimentación, preocupación por su integridad física, debido a la victimización sufrida, se provocó en ella un malestar significativo y un deterioro grave a escala personal, familiar y social, una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, presenta una afectación emocional grave, no se descartó un incremento paulatino en su alteración psicológica y emocional. No obstante, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.). Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos que, por virtud de un cambio de situación jurídica, no puedan analizarse sin afectar la nueva situación. Ello es así, pues mediante escrito presentado en este Órgano Jurisdiccional el treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos informó que el veintisiete del mismo mes y año formuló imputación en contra del aquí quejoso, que medularmente constituyó el acto reclamado. Por lo anterior, se formó el cuadernillo respectivo y a través de oficio presentado en este Juzgado el tres de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable informó, además, que decretó vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por el delito de abuso sexual. Por lo tanto, es claro que el directamente agraviado dejó la situación jurídica que poseía cuando promovió el presente juicio de amparo, en virtud de que, se celebró la audiencia de vinculación reclamada y además, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por lo que no es posible analizar los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, la cual es regulada en un procedimiento diverso. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este asunto. No se pierde de vista que tales constancias fueron recibidas en este Juzgado después de celebrada la audiencia constitucional, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2012, determinó la posibilidad de tomar en cuenta pruebas ofrecidas en dicha circunstancia; en efecto, el citado criterio es el siguiente, publicado en la página 1279, Tomo 2, Mayo de 2012, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis que dice: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras señalo: Juzgados de garantía del Distrito Judicial Bravos a través de su coordinación administrativa. Fiscal General del Estado. Jefe de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte Coordinador de la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Genero, titular de la carpeta de Investigación cuyo número único de caso resulta ser el *******. Todos con domicilio conocido en Ciudad Juárez, Chihuahua. ACTOS RECLAMADOS La radicación, cita y autorización con la finalidad de que en audiencia judicial me sea formulada imputación, supuestamente por un hecho que la ley tipifica como Abuso Sexual Agravado, lo anterior previo apercibimiento de que en caso de incomparecencia se ordenará aprehender a quien suscribe, cita que ha sido programada a fin de celebrarse en fecha 14 de marzo del presente año en actuaciones de la causa penal *******. De igual forma refiero a Usted, que en la audiencia de formulación de imputación señalada, la fiscalía pretende solicitar que me sea fijada la medida cautelar consistente en prisión preventiva, cuestión que resulta totalmente contraria a derecho, lo anterior según se desprende del ordinario 19 de nuestra Ley Suprema, ya que el delito que nos ocupa no merece que el juez de la causa dicte prisión preventiva oficiosa (sic). Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y tramitación de la demanda. Mediante auto de diez de marzo de dos mil dieciséis (foja 8), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los dispositivos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos declarativos y su posible ejecución, provenientes de autoridades jurisdiccionales que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado de amparo. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente juicio, se deduce que la parte quejosa, reclama: La citación para verificar la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal 2387/2015, así como la posibilidad de que en dicha audiencia, sea fijada la medida cautelar de prisión preventiva. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Chihuahua (foja 22), con sede en la ciudad del mismo nombre y Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte (foja 16), residente en esta localidad, negaron categóricamente los actos que les atribuyó la quejosa, sin que esta haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tales negativas, por lo que, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (foja 18), Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos (foja 24) y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en investigación contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual (foja 34), todos con sede en esta localidad, en sus denominaciones correctas, manifestaron que los actos que les fueron reclamados, son ciertos. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el numeral 62 del mismo ordenamiento legal. Se impone sobreseer en el presente asunto, por las razones que serán esgrimidas a continuación; empero, se considera pertinente relatar previamente algunos antecedentes del acto reclamado: Como se precisó en el considerando segundo, el quejoso reclamó la citación para verificar la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal que se le instruye, así como la posibilidad de que en tal audiencia, sea fijada la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, el auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince (foja 26), dictado por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual efectúo la citación para verificar la audiencia referida, misma que se difirió a fin de verificarse a las diez horas del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis (foja 30), es del contenido siguiente: EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. Por recibido en este Tribunal, escrito que suscribe el Licenciado Jesús Andrés Colmenero, en calidad de Agente del Ministerio Público, relativo a la carpeta de investigación número 37-2015-0025355 mediante el cual solicita, se fije fecha y hora para celebrar audiencia de formulación de imputación en contra de LEOPOLDO NEVAREZ ERIVES por ser probable responsable del hecho que la ley señala como delito de ABUSO SEXUAL. Visto lo manifestado por parte de la Representación Social, en términos del artículo 276 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Chihuahua, el cual establece: ". si el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encuentre detenida solicitará al Juez la celebración de audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiese designado, la indicación del delito que se le atribuye, la fecha, lugar y modo de comisión y el grado de intervención del imputado en el mismo." este Juzgador considera colmados o satisfechos los requisitos del numeral ya descrito, encontrando la solicitud ajustada a derecho, toda vez que en la misma se expresaron: la individualización del imputado, ya que se señaló que se trata de *******, con domicilio en Iglesia *******, ubicada en *******, en esta Ciudad, mismo que hasta este momento no ha hecho la designación de Defensor Privado, atribuyéndole el delito de ABUSO SEXUAL previsto por el articulo 173 en relación con el 175 fracción II del Código Penal vigente en el Estado, cometido de manera DOLOSA, en hechos que a continuación se describen: ". Que el día ocho de septiembre del año dos mil quince el sacerdote ******* ejecutó un acto de carácter sexual sobre la humanidad de ******* sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula, toda vez que le acarició el cuello, la espalda y entre la cintura y la cadera, los pechos, y besó el cuello de la víctima, hechos ocurridos en una oficina ubicada en la iglesia Transfiguración del Señor, cuyo domicilio es en ******* de esta ciudad." Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con el numeral 35 del mismo ordenamiento legal, se acuerda de conformidad su petición señalándose las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS a fin de celebrar audiencia de FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN; en consecuencia, cítese a ******* en el domicilio que la Representante Social informa en su escrito. Así mismo se hace de conocimiento al imputado que -si así lo estima conveniente- puede hacerse acompañar por un defensor particular y en el supuesto de no contar con los medios para ello, se le designará un Defensor Penal Público que lo represente de manera gratuita, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 del Código adjetivo de la materia. En este orden infórmese -a *******- que, de acuerdo a lo establecido en el último parrado del artículo 276 del código Adjetivo en la materia, en caso de no comparecer el Ministerio Público se encuentra facultado para solicitar su aprehensión (sic). (.) En relación con lo anterior, de la carpeta de investigación ******* se desprenden, entre otros, los siguientes medios de convicción: Denuncia de hechos realizada por *******, en contra del aquí quejoso, de fecha diez de septiembre de dos mil quince, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (fojas 38 a 40); Informe de lesiones respectivo, practicado por la Perito Médico Legista de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (foja 41), del que se desprenden: Los datos generales de la aquí tercero interesada, en cuanto a la interpretación y origen de lesiones, se desprende que no presentó huellas de lesiones externas al momento de la revisión, no refirió dolor a nivel de la región lumbar; refirió que le fueron realizados tocamientos en ambos brazos, región dorsal y que también se le acercó poniendo el supuesto agresor, su rostro en tórax, a nivel de los senos. Impresión diagnostica del estado psicológico de *******, aquí tercero interesada, efectuado por la Coordinadora de la Unidad Especializada en investigación contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual (fojas 42 a 45), cuyos resultados reflejaron, según se desprende de la impresión diagnostica, lo siguiente: presenta indicadores que sugieren una depresión moderada, sufre extrema tristeza, llanto frecuente, posee desesperanza hacia el futuro, presenta rechazo hacia su aspecto físico, dificultad para hacer sus actividades, presenta altos índices de estrés, reflejados en sus manifestaciones emocionales, conductuales, vegetativas y cognitivas, disminución de sus actividades diarias y sociales, conflictos en conductas del sueño y de la alimentación, preocupación por su integridad física, debido a la victimización sufrida, se provocó en ella un malestar significativo y un deterioro grave a escala personal, familiar y social, una marcada alteración en su funcionalidad, actividad y proyecto de vida, presenta una afectación emocional grave, no se descartó un incremento paulatino en su alteración psicológica y emocional. No obstante, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.). Dicho numeral determina la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos que, por virtud de un cambio de situación jurídica, no puedan analizarse sin afectar la nueva situación. Ello es así, pues mediante escrito presentado en este Órgano Jurisdiccional el treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos informó que el veintisiete del mismo mes y año formuló imputación en contra del aquí quejoso, que medularmente constituyó el acto reclamado. Por lo anterior, se formó el cuadernillo respectivo y a través de oficio presentado en este Juzgado el tres de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable informó, además, que decretó vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por el delito de abuso sexual. Por lo tanto, es claro que el directamente agraviado dejó la situación jurídica que poseía cuando promovió el presente juicio de amparo, en virtud de que, se celebró la audiencia de vinculación reclamada y además, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por lo que no es posible analizar los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, la cual es regulada en un procedimiento diverso. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia de referencia y lo procedente es, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en este asunto. No se pierde de vista que tales constancias fueron recibidas en este Juzgado después de celebrada la audiencia constitucional, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2012, determinó la posibilidad de tomar en cuenta pruebas ofrecidas en dicha circunstancia; en efecto, el citado criterio es el siguiente, publicado en la página 1279, Tomo 2, Mayo de 2012, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Leonel Martínez Fernández491/2022
- Leonel Pérez Rodríguez573/2020
- Leonor Alicia Lucero Duran37/2015
- Leonor González Wisbrun653/2015
- Leonor González Wisbrun353/2016
- Leopoldo Daniel Moreno Ortega278/2020
- Leopoldo Olaves Sanchez734/2014
- Leopoldo Polanco Salaices349/2018
- Leosdan González Ferrares y Otros.696/2019
- Leslie Caarolina de la Cruz Cedillo906/2023
- Leticia Canales Reyes129/2016
- Leticia Eneida Andujo Martínez405/2020