Leopoldo Villalón García
Expediente 8/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leopoldo Villalón García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que ese Tribunal no insistió en declinar la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por **********; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, en cumplimiento a la resolución de veintisiete de diciembre pasado, en el que la titular de dicho órgano jurisdiccional declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, remite: el juicio de amparo ******************** de su estadística y seis copias de la misma; se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 08/2017-III. Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional cuenta con ella para conocer del libelo constitucional recibido. A este respecto, primeramente debe decirse que la quejosa señaló como acto reclamado la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en el toca ******************** que confirma la de cinco de octubre del año anterior, emitida en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso, en contra de la notificación de la sentencia dictada en el referido juicio. Ahora bien, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Para justificar el aserto anterior, es necesario destacar que la juez requirente determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por ********************al estimar que el acto reclamado tiene implícito un principio de ejecución, ya que conlleva que se inicie con el procedimiento respectivo para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, y, que dicha ejecución tendrá lugar en la mencionada localidad, cuya jurisdicción corresponde a los órganos jurisdiccionales con sede en esta ciudad. Razón por la cual, aplicando la regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley Amparo, y en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ordenó remitir el asunto al Juez de Distrito en turno, con sede en Celaya, Guanajuato. Sin embargo, el suscrito estima que en el caso no es aplicable la regla establecida en el primer párrafo, del artículo 37 de la materia, sino la prevista en el tercer párrafo, según se verá. El citado dispositivo legal textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este precepto derivan tres reglas básicas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: A) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; B) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; C) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Cabe anotar que esas hipótesis participan de una misma particularidad que se sustentan en el acto reclamado en la demanda de amparo, toda vez que requieren que éste tenga ejecución (según las dos primeras hipótesis) o bien cuando el mismo no la requiera (de conformidad con el tercero de esos supuestos). En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso se duele de la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato en el toca ******************** que confirmó la de cinco de octubre del año anterior, emitida en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el aquí quejoso en contra de la notificación de la sentencia dictada en el referido juicio, el suscrito estima que dicho acto es meramente declarativo, actualizándose la hipótesis establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, toda vez que la resolución reclamada, al confirmar la de primer grado que desestimó la nulidad de la actuación impugnada, después de concluido el juicio, en realidad carece de ejecución material, pues el suscrito considera que se trata de un acto declarativo y negativo, que se limitó a reiterar la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso antes de su emisión. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, octava época, visible en la página 617, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD POSTERIOR A LA SENTENCIA, AMPARO CONTRA. Si el incidente de nulidad que constituye el acto reclamado se interpuso posteriormente a la conclusión del juicio, es incuestionable que no se trata de una violación sustancial al procedimiento, sino de una violación irreparable impugnable sólo a través del amparo biinstancial. Cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 159 fracción V de la Ley de Amparo establece como violación a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso, cuando se resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, también lo es que la resolución que resuelve tal incidente, sólo constituye violación al procedimiento reclamable en amparo directo, cuando tiene carácter declarativo; esto es, cuando se niega la nulidad de las actuaciones impugnadas. En cambio, cuando se declara procedente el incidente planteado y nulas las actuaciones a través de él reclamadas, tal determinación debe estimarse como de imposible reparación, precisamente porque de las actuaciones declaradas nulas en la interlocutoria, ya no debe ocuparse la sentencia definitiva; por tanto, en términos de la fracción V del artículo 114 del ordenamiento legal en cita, tal acto es impugnable ante un Juez de Distrito." Luego, como el acto reclamado es meramente declarativo y no requiere de ejecución material, a más que la demanda de amparo se presentó ante la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esa ciudad, es claro que este Juzgado carecer de competencia legal, para conocer de la demanda que se estudia. Situación que además es acorde con la pretensión de lograr el mayor respeto del derecho de acceso a la justicia, pues el que la parte quejosa presentara su demanda ante ese órgano jurisdiccional, en efecto, genera la presunción de que es porque le resultó de más fácil acceso, materialmente hablando. Por lo expuesto, no se comparte el criterio de la Juez declinante en el sentido de que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, su tramitación y ejecución tendrán lugar dentro del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Consecuentemente, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, por tanto, se ordena devolver el juicio de amparo ******************** y anexos a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
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