Leopoldo Vega Flores

Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
471/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Leopoldo Vega Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por *********, albacea de la sucesión a bienes de *************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se le tiene desahogando el requerimiento que se le formuló en providencia de veintiuno de septiembre del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro juicio ordinario civil C-496/2016 de su estadística, mediante la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió *************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de **************, y lo condenó al pago de las costas generadas. De igual forma, es necesario destacar que el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuye: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del numeral transcrito se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez al resolver, entre otras cosas, los autos que decidan un incidente. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro juicio ordinario civil C-496/2016 de su estadística, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió ************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *************, y lo condenó al pago de las costas generadas, y el referido numeral 245 del indicado ordenamiento legal prevé un recurso que tiene por objeto la modificación total o parcial lo resuelto en los autos que decidan un incidente; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación -apelación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trate de un tercero extraño a procedimiento, dado que es la parte demandada del controvertido de origen, se apersonó al mismo y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Sin que obste lo anterior el hecho de que el acto reclamado pudiera considerarse de imposible reparación (por la condena en costas), toda vez que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de Nación que la acción constitucional de amparo procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos idóneos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por *********, albacea de la sucesión a bienes de *************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se le tiene desahogando el requerimiento que se le formuló en providencia de veintiuno de septiembre del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro juicio ordinario civil C-496/2016 de su estadística, mediante la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió *************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de **************, y lo condenó al pago de las costas generadas. De igual forma, es necesario destacar que el artículo 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato estatuye: "Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." Del numeral transcrito se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el juez al resolver, entre otras cosas, los autos que decidan un incidente. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por la Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, dentro juicio ordinario civil C-496/2016 de su estadística, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió ************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *************, y lo condenó al pago de las costas generadas, y el referido numeral 245 del indicado ordenamiento legal prevé un recurso que tiene por objeto la modificación total o parcial lo resuelto en los autos que decidan un incidente; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación -apelación- para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además, no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que no se trate de un tercero extraño a procedimiento, dado que es la parte demandada del controvertido de origen, se apersonó al mismo y el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Sin que obste lo anterior el hecho de que el acto reclamado pudiera considerarse de imposible reparación (por la condena en costas), toda vez que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de Nación que la acción constitucional de amparo procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos idóneos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **************, albacea de la sucesión a bienes de ***********, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con la notificación por instructivo de la resolución de veinte de agosto del año en curso, emitida dentro de los autos del juicio de origen, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el veintiuno de septiembre pasado, en la que se le requirió para que por escrito y con seis copias para correrle traslado a cada una de las partes y dos más para el incidente de suspensión: Acreditara con documento fehaciente el carácter de albacea de la sucesión a bienes de ***************, y exhibiera una copia para cada una de las partes. Manifestara bajo protesta de decir verdad, el estado procesal en que actualmente se encuentra el juicio ordinario civil C-496/2016 de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, del que emana el acto reclamado. Del escrito de referencia se desprende que desahogó dicho requerimiento en los siguientes términos: Exhibió cuatro copias de su escrito aclaratorio. Acreditó el carácter de albacea de la sucesión a bienes de Oralia Macías Reyes. Manifestó bajo protesta de decir verdad, el estado procesal en que actualmente se encuentra el juicio ordinario civil C-496/2016 de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, del que emana el acto reclamado. De lo expuesto se advierte que la prevención efectuada el veintiuno de septiembre del año en curso, no fue cabalmente cumplida, ya que si bien es cierto que el solicitante del amparo acreditó el carácter de albacea de la sucesión a bienes de Oralia Macías Reyes y manifestó bajo protesta de decir verdad el estado procesal en que actualmente se encuentra el juicio ordinario civil C-496/2016, de la estadística del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, del que emana el acto reclamado, también lo es que no exhibió la totalidad de las copias de su escrito aclaratorio que le fueron requeridas en el auto de referencia. En efecto, en la determinación de veintiuno de septiembre pasado se le requirió para que exhibiera seis copias de su escrito aclaratorio para correrle traslado a cada una de las partes y dos más para el incidente de suspensión; sin embargo, únicamente allegó cuatro copias del mismo. Lo que se corrobora con lo asentado en el ocurso de cuenta por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en el sentido de que se recibió el escrito original con anexo y cuatro copias con su respectivo anexo. Por ello, para que cumpla con el requerimiento de marras es necesario que exhiba dos copias de su escrito aclaratorio para correrle traslado a cada una de las partes y dos más para el incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de veintiuno de septiembre pasado. Como atendió la prevención de mérito el tercer día de los cinco que se le otorgaron para ello, los dos restantes se computarán a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.

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