LEOPOLDO GONZÁLEZ CASTRO y Otros.

Expediente 413/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
413/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • LEOPOLDO GONZÁLEZ CASTRO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    mesa San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Aceptación de competencia Agréguese el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio de este juzgado, por el que se remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes e informa que se aceptó la competencia declinada, convalidándose todas las actuaciones; asimismo, comunica que el expediente quedó radicado con el número """.......""". Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotación en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Teresa Idalia Ruiz Matías, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por el que esencialmente solicita se requiera a las responsables Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, así como, a Servicios de Salud de Oaxaca, para que cumplan cabalmente con la sentencia de autos. Atento a lo anterior, del cómputo secretarial que antecede se aprecia que ha transcurrido el plazo concedido para que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, acreditara el cumplimiento del fallo protector, sin que lo hubiese hecho. En consecuencia, antes de imponer la multa correspondiente e iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, así como, a Servicios de Salud de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que queden debidamente notificadas de este proveído, informen las acciones emitidas a fin de dar cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las constancias respectivas. Esto es: Efectos del fallo protector. En términos del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa una vez que cause ejecutoria esta sentencia, Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto de su representante, deberá: Dentro del plazo de veinte días siguientes a que cause ejecutoria este fallo, realizar todas las gestiones necesarias, y cumplir con el aspecto económico del laudo pronunciado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral """......."""", índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en la forma actualizada en el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y las cantidades que se sigan generando hasta que realice el pago total correspondiente. Así como: (...) Debe modificarse la sentencia recurrida y concederse el amparo solicitado a la parte quejosa, también relación con el acto reclamado citado atribuido al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, para el efecto de que dicte la providencias necesarias con el fin de que establezca la continuación del procedimiento de ejecución del laudo dictado en dicho expediente, y tome las medidas necesarias para poder lograr un eficaz e inmediato cumplimiento del mismo, debiendo hacer uso de todas y cada una de las medidas de apremio que legalmente estén a su alcance, con el único objetivo de cubrir al quejoso las prestaciones adeudadas a su favor; inclusive para que prevenga al Organismo Público Descentralizado demandado; comunique al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca el resultado del laudo dictado en su contra, a fin de que, si no hubiere partida en el Presupuesto de Egresos del año siguiente, se solicite de la Legislatura del Estado, la expedición de un Decreto especial que autorice la erogación y se cubra la condena a favor del aquí peticionario, debiendo aplicar los medios de apremio legales con el solo objetivo de que la parte demandada cumpla con lo establecido en el laudo dictado en su contra. (...) Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído al Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Oaxaca, en su calidad de superior jerárquico de la responsable Servicios de Salud de Oaxaca, y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, y a las autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de las referidas autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a """....."""" ($""......"""", a razón de 96.22, como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese.

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