Leonor Adriana Gómez Plata y Otros.

Expediente 1597/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1597/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2015

Partes del expediente

  • Leonor Adriana Gómez Plata y Otros.
  • Alejandra Gabriela Gómez Platas
  • Leonor Adriana Gómez Plata

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 14 a 16), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Leonor Adriana Gómez Platas y Alejandra Gabriela Gómez Platas; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MESA III A Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo; en consecuencia, se procede analizar si el fallo ha quedado cumplido o no. Así, se tiene que mediante sentencia dictada el once de septiembre de esta anualidad (fojas 914 a 930), por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Daniel Antonio Pérez, contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Oaxaca, para el efecto siguiente: ".para el efecto de que el Gobernador del Estado de Oaxaca, obre en el sentido de respetar el derecho humano violado y proceda de inmediato, a analizar la petición de marras, y otorgarle una respuesta definitiva al peticionario, por si o por el funcionario dependiente de su administración que determine, la cual deberá notificarse de manera personal en el lugar señalado para ello." Ahora bien, en cumplimiento al fallo protector, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de octubre de esta anualidad y anexos que acompañó (fojas 950 a 960), hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los tramites realizados para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En ese orden, de las constancias remitidas se advierte, que mediante oficio CJGEO/DGTSPJ/JDJA/3575/2015, de seis de este mes y año, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, solicitó al Director del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la expedición de la copia certificada del bando solemne por medio del cual se promulgaron y publicaron las reformas constitucionales del año de mil novecientos veintidós; por lo que por diverso SA/AGEPEO/341/2015 de esa misma fecha, el Director del Archivo General, le remitió la copia solicitada. Luego, por acuerdo dictado el siete siguiente, por el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno, se dio contestación a la petición de siete de agosto de dos mil catorce, formulada por el impetrante del amparo, en donde entre otras cosas, se ordenó la expedición de las copias solicitadas a su favor; acuerdo que se ordenó notificarle personalmente en el domicilio señalado para tal efecto y por conducto de la persona autorizada para ello. Así las cosas, de la razón de hechos de ocho de los corrientes, asentada por el Servidor Público de Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, ante dos testigos de asistencia, se desprende que al constituirse al domicilio ubicado en la calle de Xicotencatl, número cuatrocientos diecinueve, interior nueve, en el centro de esta ciudad, a efecto de notificarle el acuerdo recaído al ocurso de que se trata y hacerle entrega material de la copia certificada ordenada en el mismo, le fue imposible notificar y entregar la copia solicitada, por las razones que expuso; por ende, el oficio original y la copia de que se trata, quedó a disposición de la parte quejosa, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable Gobernador del Estado de Oaxaca, acatando los efectos del fallo protector, mediante acuerdo de siete de octubre de dos mil quince, suscrito y firmado por el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado (funcionario dependiente de su administración), dio respuesta fundada y motivada al quejoso, a su escrito de siete de agosto de dos mil catorce, en donde de igual forma expidió la copia certificada que en el mismo solicitó, procediendo a notificarle en el domicilio señalado para tal efecto el ocho siguiente, pero por las razones expuestas no fue posible realizar dicha notificación; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. No es obstáculo para lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado del quejoso mediante escrito recibido en este juzgado el diecinueve de octubre del año en curso, en donde alega que la ejecutoria de amparo no esta cumplida, al ser ilegal la notificación que le efectuó la responsable, pues el notificador respectivo busco al quejoso Daniel Antonio Pérez o su autorizado Raúl Beltrán Sibaja, fue informado que en ese lugar no conocen a dichas personas, siendo en el caso que en ninguna parte del presente expediente se nombró como autorizado legal al aludido Raúl Beltrán Sibaja; lo anterior, toda vez que los efectos del fallo protector se concretan a la emisión del acuerdo relativo a la petición formulada mediante escrito recibido el siete de agosto de dos mil catorce, y su notificación personal en el domicilio precisado para ello en el aludido escrito, cuyo acuse obra en autos (foja 45). Luego, que si bien es verdad que en el presente juicio no se autorizo para recibir notificaciones a Raúl Beltrán Sibaja, también es cierto que si se efectuó tal designación en el escrito de petición que originó la concesión de amparo, por lo que la notificación respectiva que se intento realizar por conducto de tal autorizado, es congruente con la petición de merito. De ahí, que se estimen inexactas las alegaciones del autorizado del quejoso. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA I A ".....Vista la demanda de amparo promovida por Leonor Adriana Gómez Platas y Alejandra Gabriela Gómez Platas, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1597/2015. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el promovente se queja esencialmente de la falta de contestación a su escrito fechado el veintiuno de octubre de dos mil quince, y presentado el veintidós siguiente, ante las autoridades responsables, de lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, en relación con el diverso numeral 6o, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Es así que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, negativo o positivo, que se reclame de la autoridad señalada como responsable; de lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. En la especie, del ocurso anexo al escrito de demanda, cuya omisión se reclama, se aprecia que el mismo fue presentado ante las autoridades responsables el veintidós del actual, habiendo presentado su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, al día siguiente (23 de octubre de 2015), En este orden de ideas, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, establece: Artículo 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. De lo expuesto se aprecia que las promoventes del amparo, mediante escrito fechado el veintiuno de este mes y año, presentado al día siguiente (22 de octubre de 2015). solicitó a las autoridades responsables suspendieran todo trámite de cesión o traspaso de los puestos de su finado hermano, hasta en tanto se resolviera el juicio sucesorio intestamentario 13/2014 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; por tanto, como la demanda de amparo la presentaron el veintitrés de los corrientes, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Oaxaca, esto es un día después de presentado el ocurso ante las autoridades responsables, es evidente que la petición de amparo fue realizada cuando aún no había transcurrido ni siquiera un día a partir de la presentación de la promoción ante las autoridades. Con lo anterior, queda de manifiesto que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no media el lapso de tiempo a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, para dar respuesta a la petición; motivo por el cual, por el momento, no existe perjuicio que se cause en la esfera de derechos de los promoventes del amparo. En consecuencia, al no existir ningún perjuicio que le permita a las quejosas promover el juicio de amparo contra la falta de acuerdo de su escrito fechado el veintiuno y presentado el veintidós de octubre de este año; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6º, de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario. Resulta aplicable por analogía y mayoría de razón, la tesis XIX.1º.5K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Novena Época, tomo IV, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 273, tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda. En tales condiciones, como las quejosas no dejaron transcurrir el lapso de tiempo necesario para que las autoridades responsables puedan emitir la resolución correspondiente a la petición formulada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que mencionan en su escrito de demanda, y por autorizados únicamente para esos efectos, esto es sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a las personas que indica, por no otorgárselas expresamente. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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