Leopoldo Dado González

Expediente 1545/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1545/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Leopoldo Dado González
  • Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto de ocho de noviembre de la presente anualidad, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE. En acatamiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, este expediente es susceptible de depuración, pues no obstante que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, se otorgó la suspensión de plano y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintidós. OFICIO Intégrese el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual, en cumplimiento al proveído de catorce de octubre del año en curso, informa que en fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el quejoso fue externado del Centro Carcelario; en virtud de así haberlo ordenado el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México ordenando la libertad condicionada en la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico, por lo cual se ordenó el externamiento del justiciable, con diagnóstico médico de síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares, con un estado de salud delicado y anexa copia de la boleta de egreso. Téngase por satisfecho el requerimiento formulado al oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: En primer lugar, se precisa que el acto que tilda de inconstitucional la parte quejosa es la falta de atención médica, toda vez que el quejoso padece parálisis facial, falta de sensibilidad en el brazo y otras partes del cuerpo. En tal sentido, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la transcripción anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ello, ya sea porque la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; o bien, cuando la responsable realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo u omisivo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Por tanto, el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, el cual, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se traduce en restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación, lo cual, acontece en el presente asunto. Lo anterior es así, ya que de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierten las notas médicas de treinta de septiembre del año en curso, de las que se aprecia que el quejoso fue valorado en el Centro Medico "Lic. Adolfo López Mateos" de la ciudad de Toluca con el diagnostico siguiente manera: "Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) Descontrolada, con probable evento Vascular Cerebral (EVC)". Para mayor claridad, se reproducen las imágenes de dichas constancias: Además, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México mediante oficio presentado en este Juzgado el siete de los cursantes, hizo del conocimiento que en fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el quejoso fue externado del Centro Carcelario; en virtud de así haberlo ordenado el Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, México ordenando la libertad condicionada en la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico, por lo cual se ordenó el externamiento del justiciable, con diagnóstico médico de síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares, con un estado de salud delicado y anexa copia de la boleta de egreso. Lo cual se advierte de las imágenes que se reproducen a continuación: Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria. De lo que se evidencia que el quejoso si fue atendido medicamente, por el padecimiento que le fue diagnosticado y que fue ordenada su libertad condicionada en la modalidad de supervisión con monitoreo electrónico. Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de los cursantes, se solicitó al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que, en el plazo de veinticuatro, informara a este Juzgado para que cada cuarenta y ocho horas, informe si él quejoso sigue internado, si ya fue informado del diagnóstico, avances o resultado de los exámenes a realizar o bien ya fue dado de alta y nuevamente ingresado al centro de reclusión que representa; término que a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo. DIFERIMIENTO Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el requerimiento otorgado a la responsable en auto de catorce de octubre del año en curso, a fin de que informara cada cuarenta y ocho horas si el quejoso seguía internado, si ya fue informado del diagnóstico, avances o resultado de los exámenes a realizar o bien ya fue dado de alta y *** nuevamente ingresado al centro de reclusión que representa, requiérase por última ocasión a la responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de que sea debidamente notificado, informe a este órgano jurisdiccional lo precisado en líneas anteriores. Bajo ese contexto, subsiste el apercibimiento de multa con que se le conminó el dos de octubre de dos mil veintidós; de igual manera, se les conmina para que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.

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