Leopoldo Cruz Sandoval

Expediente 458/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
458/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Leopoldo Cruz Sandoval
  • Leopoldo Cruz Sandoval y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito del promovente de amparo, por medio del cual solicita la devolución de la constancia de posesión que adjuntó a su escrito de demanda; atento a ello, toda vez que de la revisión de los autos que integran el juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa no adjuntó dicha constancia, sino únicamente copia simple del certificado parcelario número 000000061609, tal como se advierte de la papeleta de turno de demandas; de ahí que no sea dable acordar en los términos solicitados.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio suscrito por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, remite la información que le fue solicitada. Se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó; asimismo, en virtud de que en auto de diez de los cursantes se reservó acordar el escrito de desahogo del quejoso, hasta en tanto se contara con la información de la autoridad referida en el párrafo que antecede; en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, sobre el particular el quejoso reclama: "El indebido proceso que se realizó en el expediente ***, en todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo, así como en cuanto a estudios técnicos y de valuación de las parcelas objeto de la expropiación, puesto que viola en perjuicio del quejoso el procedimiento a seguir, previsto por la ley de expropiación a seguir, previsto por la Ley de Expropiación y su Reglamento, precisamente los artículos 1,3,4,5,9,10 de la Ley de Expropiación, así como de las autoridades ejecutoras se señala el acto consistente en poseer de manera inmediata la parcela de la cual soy titular y posesionario de los derechos agrarios, máxime que no se me dio garantía de audiencia conforme a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En torno al acto reclamado, se surte el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción referida, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa; sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclama; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. Al respecto, debe decirse que desde el punto de vista doctrinal, la legitimación (como concepto puramente procesal) deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser parte en un proceso civil, según enseña Hugo Rocco; la capacidad de ser parte, dice Guasp, la cual consiste en la aptitud jurídica de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal que a las partes se refiere. Sobre ese tópico, es importante mencionar que la legitimación resulta de la posibilidad legal en que se encuentra una persona para ser sujeto procesal en relación con un asunto, cuya idoneidad deriva de la posibilidad de defender sus intereses por derecho propio o mediante la representación ya sea legal o convencional. También, debe mencionarse que la legitimación procesal, según la doctrina, se divide en legitimación procesal en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales, cuando ese derecho es violado o desconocido. En cambio, la legitimación en el proceso es la capacidad de actuar en juicio, tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado como por su legítimo representante o por quien puede hacerlo como sustituto procesal. Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Expuesto lo anterior, el quejoso no adjuntó a su escrito de demanda la constancia de posesión expedida por quienes se ostentaron como ***, Estado de México, como lo refiere en su escrito de desahogo de las prevenviones realizadas en proveído de veintinueve de los cursantes; sin embargo, previo requerimiento, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, informó que después de realizar una búsqueda en los asientos registrales y documentales de dicha dependencia no se localizó acta de asamblea vigente e inscrita respecto de los órganos de representación del citado ejido, ni solicitud pendiente por desahogar que verse sobre elecciones de órgano de representación; de ahí que, el peticionario de amparo no acredite la posesión que aduce tener respecto de la parcela ***. Ahora bien, por lo que hace a la copia simple del certificado parcelario ***, también es ineficaz para acreditar la legitimación para instar en la presente vía constitucional, ya que está a nombre de diversa persona, la cual a decir del quejoso en el escrito aclaratorio, le cedió los derechos de manera verbal, sin que ofreciera medio de prueba alguno para acreditar tal afirmación, por lo que dicho medio de convicción por si sólo no es idóneo para tener por acreditada su legitimación. En las condiciones anotadas dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicada en sentido contrario, se desecha la demanda, promovida por ****, al carecer de legitimación para activar el amparo. Lo anterior, en términos de la parte conducente de la jurisprudencia visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Primera Parte, Materia(s) Administrativa, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. El Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, Tercera Parte, que dice: si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente" Por otra parte, no se soslaya que la legitimación, en su caso, puede acreditarse hasta la audiencia constitucional mediante las pruebas que al efecto se aporten; sin embargo, tanto del contenido del escrito inicial de demanda, así como del desahogo y las documentales que adjuntó a su libelo constitucional y las recabadas de manera oficiosa por este juzgado, se advierte que no cuenta con legitimación para instar en la presente instancia constitucional, por lo que es inconcuso que a fin práctico alguno conduciría admitir la demanda de amparo, pues lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia; contrario a lo previsto en el artículo 17, de la Constitución Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Vista la certificación de cuenta, se advierte que, se omitió girar el oficio correspondiente a la autoridad Delegado en el Estado de México del Registro Agrario Nacional, para que proporcionara información respecto de la prevención planteada al quejoso en proveído de veintinueve de marzo del año en curso; por tanto, a fin de contar con mayores elementos para resolver sobre la procedencia de la demanda de amparo, mediante oficio que derive del presente proveído, notifíquese a dicha autoridad a fin de que puede dar cumplimiento al requerimiento de veintinueve de marzo de la presente anualidad, enviándole para tal efecto copia certificada de dicha actuación. Por otra parte, agréguese el escrito del quejoso, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención referida con antelación, y atendiendo a lo acordado en el párrafo precedente, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad antes referida desahogue el requerimiento formulado..."

  4. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Leopoldo Cruz Sandoval; regístrese bajo el número 458/2017-I-A. PREVENCIÓN Ahora, del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, lo cual tendrá que desahogar en el presente sumario. Por tanto, en términos del artículo 114, fracción, I, de la Ley de Amparo, se previene a la promovente para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Manifieste de forma clara y precisa desde qué fecha es propietario de los derechos parcelarios de la parcela 216 Z-1 P2 del Ejido San Francisco Chalchihuapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México; Asimismo, adjunte la documentación que acredite su dicho. Lo anterior, toda vez que de una lectura íntegra del escrito que nos ocupa y de las constancias que adjunta, se advierte el certificado parcelario número 000000061609 de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro a nombre de Ruperto Martínez Cornelio Merced y no obra documento alguno que acredite la transmisión de dominio en favor del aquí quejoso. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. Con independencia de lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales, y a fin de corroborar el dicho de la parte quejosa, requiérase al Delegado en el Estado de México del Registro Agrario Nacional, para que en el plazo de veinticuatro horas: Remita copia certificada, legible y ordenada de cada una de las constancias que acrediten quiénes tienen a la fecha la representación del Comisariado del núcleo ejidal San Francisco Chalchihuapan, municipio de Atlacomulco, Estado de México; Asimismo, informe a nombre de qué persona tiene registrada la parcela 216 Z-1 P2 de ese mismo ejido; y, Haga del conocimiento si existe notificación del procedimiento de expropiación del que se queja el amparista; en su caso remita las constancias correspondientes. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento para la autoridad requerida, que para el caso de ser omiso o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a la persona física que ostente el cargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, en relación con el 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa las listas que se publican en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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