Leonor Rojo Siliceo

Expediente 971/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
971/2021
Año
2021
Actuaciones
34
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Leonor Rojo Siliceo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la quejosa Leonor Rojo Siliceo, visto su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa, copia certificada de las constancias solicitadas; asimismo, hágase del conocimiento que para el fotocopiado de las documentales que solicita deberá acudir en cualquier día y hora hábil a este Juzgado Federal, debidamente identificada. Finalmente, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa J, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo Cuernavaca, Morelos, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Leonor Rojo Siliceo, para que las autoridades responsables, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, realicen lo siguiente: Den respuesta al escrito de ocho de septiembre de dos mil veinte, presentado por la parte quejosa, o bien, expongan la imposibilidad que se tiene para ello. Dicte la resolución incidental de liquidación de laudo del expediente laboral 247/94, y la haga del conocimiento de las partes como legalmente corresponda; o bien, informen el impedimento que tienen para tal efecto. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a los puntos precisados, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de los oficios 9084A/2021, de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, oficio 2635A/2022 de nueve de marzo de dos mil veintidós y oficio 9197A/2022 de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, exhibió copia certificada de la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a las partes, y por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós el cual fue notificado a la quejosa el quince de marzo del citado, y del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós- acuerdo donde únicamente aclara el filio del escrito petitorio-, dictado todo ello dentro del expediente laboral 247/1994, donde se da respuesta a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al dictar la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a las partes, y por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós el cual fue notificado a la quejosa el quince de marzo del citado, y del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós- acuerdo donde únicamente aclara el filio del escrito petitorio-, dictado todo ello dentro del expediente laboral 247/1994, donde se da respuesta a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable de respuesta al escrito de ocho (sic) de septiembre de dos mil veinte, presentado por la parte quejosa, o bien, expongan la imposibilidad que se tiene para ello, dicte la resolución incidental de liquidación de laudo del expediente laboral 247/94, y la haga del conocimiento de las partes como legalmente corresponda; o bien, informen el impedimento que tienen para tal efecto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte el dictado de la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a las partes, y por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós el cual fue notificado a la quejosa el quince de marzo del citado, y del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós- acuerdo donde únicamente aclara el filio del escrito petitorio-, dictado todo ello dentro del expediente laboral 247/1994, donde se da respuesta a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte, en ese sentido se tiene a la responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No pasa desapercibido para quien resuelve, las manifestaciones que vierte la parte quejosa en atención a la vista otorgada, consistentes en que no se debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo ya que si bien la autoridad responsable dictó el acuerdo de nueve de marzo y veinticuatro de agosto, ambos meses del año dos mil veintidós, atendiendo su escrito de petición, no atiende lo solicitado y se confunde la responsable ya que lo que solicitó es que se ejecute una interlocutoria la cual ya está firme, y la autoridad se confunde con un diverso incidente de liquidación que se ordenó la apertura, siendo por ello que no se debe tener por cumplida la ejecutoria. Ahora, contrario a sus manifestaciones sus argumentos son inoperantes ya que a criterio de este órgano jurisdiccional, el núcleo de la ejecutoria de amparo fue acatada en sus términos tal como quedó señalado en párrafos que anteceden, al dar respuesta a la omisión reclamada, es decir, atendiendo a la ejecutoria de amparo al dar contestación a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte, y el hecho de que no se acordara favorable, ya no es materia de estudio en la presente determinación, sin que este juzgado proceda a requerir a la autoridad para que acuerde de manera favorable o en sentido alguno ya que no se dio en la ejecutoria de amparo lineamiento alguno, además sus argumentos que ahora refiere lo puede hacer del conocimiento de la autoridad responsable o promover lo conducente para que se ejecute la interlocutoria que alude está firme y falta de cumplimiento, máxime que la parte quejosa es quién debe impulsar el cumplimiento de ejecución del laudo condenatorio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Leonor Rojo Siliceo, para que las autoridades responsables, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, realicen lo siguiente: Den respuesta al escrito de ocho de septiembre de dos mil veinte, presentado por la parte quejosa, o bien, expongan la imposibilidad que se tiene para ello. Dicte la resolución incidental de liquidación de laudo del expediente laboral 247/94, y la haga del conocimiento de las partes como legalmente corresponda; o bien, informen el impedimento que tienen para tal efecto. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento a los puntos precisados, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de los oficios 9084A/2021, de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, oficio 2635A/2022 de nueve de marzo de dos mil veintidós y oficio 9197A/2022 de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, exhibió copia certificada de la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a las partes, y por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós el cual fue notificado a la quejosa el quince de marzo del citado, y del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós- acuerdo donde únicamente aclara el filio del escrito petitorio-, dictado todo ello dentro del expediente laboral 247/1994, donde se da respuesta a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al dictar la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a las partes, y por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós el cual fue notificado a la quejosa el quince de marzo del citado, y del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós- acuerdo donde únicamente aclara el filio del escrito petitorio-, dictado todo ello dentro del expediente laboral 247/1994, donde se da respuesta a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable de respuesta al escrito de ocho (sic) de septiembre de dos mil veinte, presentado por la parte quejosa, o bien, expongan la imposibilidad que se tiene para ello, dicte la resolución incidental de liquidación de laudo del expediente laboral 247/94, y la haga del conocimiento de las partes como legalmente corresponda; o bien, informen el impedimento que tienen para tal efecto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte el dictado de la interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la cual fue notificada a las partes, y por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós el cual fue notificado a la quejosa el quince de marzo del citado, y del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós- acuerdo donde únicamente aclara el filio del escrito petitorio-, dictado todo ello dentro del expediente laboral 247/1994, donde se da respuesta a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte, en ese sentido se tiene a la responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No pasa desapercibido para quien resuelve, las manifestaciones que vierte la parte quejosa en atención a la vista otorgada, consistentes en que no se debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo ya que si bien la autoridad responsable dictó el acuerdo de nueve de marzo y veinticuatro de agosto, ambos meses del año dos mil veintidós, atendiendo su escrito de petición, no atiende lo solicitado y se confunde la responsable ya que lo que solicitó es que se ejecute una interlocutoria la cual ya está firme, y la autoridad se confunde con un diverso incidente de liquidación que se ordenó la apertura, siendo por ello que no se debe tener por cumplida la ejecutoria. Ahora, contrario a sus manifestaciones sus argumentos son inoperantes ya que a criterio de este órgano jurisdiccional, el núcleo de la ejecutoria de amparo fue acatada en sus términos tal como quedó señalado en párrafos que anteceden, al dar respuesta a la omisión reclamada, es decir, atendiendo a la ejecutoria de amparo al dar contestación a su escrito de dieciocho (día correcto del señalado como ocho de septiembre) de septiembre de dos mil veinte, y el hecho de que no se acordara favorable, ya no es materia de estudio en la presente determinación, sin que este juzgado proceda a requerir a la autoridad para que acuerde de manera favorable o en sentido alguno ya que no se dio en la ejecutoria de amparo lineamiento alguno, además sus argumentos que ahora refiere lo puede hacer del conocimiento de la autoridad responsable o promover lo conducente para que se ejecute la interlocutoria que alude está firme y falta de cumplimiento, máxime que la parte quejosa es quién debe impulsar el cumplimiento de ejecución del laudo condenatorio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por la quejosa Leonor Rojo Siliceo, mediante el cual hace diversas manifestaciones respecto de la vista dada con el cumplimiento de ejecutoria dado por la responsable; al respecto, se le tienen por hechas sus expresiones, las cuales serán tomadas en consideración al momento de realizar el estudio sobre el cumplimiento de ejecutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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