Leonor Rivera Ramirez
Expediente 1585/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Leonor Rivera Ramirez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el conflicto competencial 18/2017, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y este órgano de control constitucional, en cuyo punto resolutivo determinó: ".ÚNICO. La Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por LEONOR RIVERA RAMIREZ, a través de su defensor, contra la autoridad responsable y acto reclamado precisados en este fallo." Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, se tiene del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que no existe escrito alguno que acordar ni diligencia que celebrar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente cuadernillo, como asunto total y definitivamente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses, los que fenecen aproximadamente el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído remita constancias de emplazamiento de la parte demandada, dentro de los autos del juicio laboral 01/2831/11-JE1.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual sostiene su incompetencia para conocer del presente juicio por razón de territorio, de ahí que, remite el expediente 818/2017-III, del índice de ese juzgado federal, al tribunal colegiado en materia penal en turno del primer circuito, para que resuelva lo que en derecho corresponda, respecto del presente conflicto competencial; atento a lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 7372, signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite tres copias del escrito de la demanda de amparo y el expediente de amparo 818/2017, promovido por Leonor Rivera Ramírez, mismo que contiene el proveído de dos de octubre del año en curso, a través del cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y en su lugar declina la competencia en favor del Juez de Distrito en turno en esta entidad federativa, de conformidad con los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1585/2017-V-E, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los citados ordinales, se procede a determinar sobre la competencia de este Juzgado para conocer de los actos reclamados por la quejosa. De una lectura integral de la demanda se advierte que la promovente señala una autoridad responsable ordenadora con domicilio en la Ciudad de México. Y como acto reclamado: ".DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE RECLAMA EL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN DE PENAS SIPE 939/2015." Actos que considera el juez declinante, tendrán ejecución material en el Estado de Morelos. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, todos de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, no acepta la competencia declinada por el juez oficiante; lo anterior en base a las siguientes consideraciones: En efecto, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Ahora bien, al caso es dable destacar, que al consistir el acto reclamado en el acuerdo dictado el trece de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente en ejecución de penas SIPE 939/2015, a través del cual se desechó el incidente no especificado para concesión del beneficio de la libertad anticipada previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, es inconcuso establecer que se está ante la presencia de una determinación de naturaleza declarativa que al establecer la improcedencia de la incidencia mencionada, no tiene ejecución material; aunado que la privación de libertad de la quejosa se encuentra restringida a virtud de la sentencia que la condenó y no por la improcedencia decretada respecto del beneficio de libertad anticipada. En ese contexto, se estima que el Juez de Distrito que debe conocer, y en su caso resolver sobre la demanda de amparo, es el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al actualizarse la hipótesis de competencia prevista en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es inconcuso que este órgano de control constitucional con residencia en Cuernavaca, carece de competencia para conocer del juicio de que se trata, pues, se estima, no se actualiza el supuesto competencial hecho valer por la autoridad declinante. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por tanto, sin proveer trámite alguno, devuélvase de inmediato la demanda al juez que previno, para los efectos legales consiguientes; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio sustentado por los tribunales colegiados de circuito, en la Tesis aislada II.2o.P.17 K (10a.), publicada en la página 2040, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, materia común, con el rubro y texto siguientes: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Con el objeto de determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. De esta forma, los efectos producidos por la decisión reclamada que confirmó aquella que declaró improcedente el incidente no especificado -en el cual se pretendía el análisis de violaciones procesales cometidas en la averiguación previa, lo arbitrario de la detención, las omisiones en las formalidades esenciales del procedimiento, el quebranto al principio de presunción de inocencia, la existencia de tortura y la inexacta valoración de las pruebas-, no se traducen en una ejecución material, ya que ninguna consecuencia inmediata y directa producen en el derecho sustantivo alegado, en el caso, la libertad, debido a que la privación de ésta, no es resultado de esa determinación, sino de la sentencia condenatoria que existe en su contra. Luego, si la finalidad del incidente no especificado de donde emana el acto reclamado, tenía como objetivo que se analizaran aspectos propios del proceso penal, que ya es cosa juzgada, es dable determinar que éste sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso, pero no conlleva una ejecución material directa en relación con la libertad del quejoso. Lo anterior es así, pues de acuerdo con el marco normativo dentro del cual se pretende la procedencia de un incidente no especificado para replantear una causa penal de fondo y que es cosa juzgada, la determinación de improcedencia no acarrea ningún tipo de ejecución material, pues no se trata del trámite de algún beneficio que incida directamente en la libertad; por tanto, no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico, dado que su impacto es meramente declarativo, ya que únicamente determinó si, en su caso, fue correcta la decisión del juzgador de declarar improcedente el incidente no especificado de su índice. En consecuencia, aquél no puede reputarse como un hecho de ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Con copia de la demanda y demás constancias que se estimen necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Guillermo Amaro Correa, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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