Leonel Vela González

Expediente 894/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 32 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
894/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
05/07/2019

Partes del expediente

  • Leonel Vela González
  • Silvia Sierra Castillón y Otros.
  • Silvia Sierra Castillón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    l. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Al ser la ejecución de las sentencias una cuestión de orden público porque la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. ll. Antecedentes. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 238 a 240), se tuvo por recibido el oficio 10417/2018, por medio del cual el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, remitió el testimonio de la resolución de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, residente en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en los autos del juicio de amparo en revisión 451/2018, de la que se advierte que se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Queda INTOCADO EL SOBRESEIMIENTO decretado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Piedras Negras, respecto de los actos reclamados y por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo y FIRME la concesión del amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en los artículos 184 a 188, y tercero transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los efectos precisados por el Juez Federal; en los términos del considerando sexto de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leonel Vela González, contra los artículo 79, fracción II, y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establecen los derechos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Coahuila de Zaragoza; lo anterior, para los efectos precisados por el Juez de Distrito.'' Por lo que, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables siguientes: H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. Administrador Fiscal del Estado de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, de la Administración Fiscal General, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. En el entendido de que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, fueron los que enseguida se precisan: Las autoridades no apliquen en lo presente ni en lo futuro los artículos 79, fracción II, 79-A, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. Asimismo, desincorporen de la esfera jurídica de la parte agraviada los artículos 79, fracción II, 79-A, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El Administrador Local de Recaudación de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, deberá devolver las cantidades que enteró el impetrante del amparo, consistente en la recepción del pago erogado con motivo de las contribuciones a que se refieren los preceptos legales en cita por concepto de inscripción del contrato de compraventa, e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, que se señala en el recibo de pago con referencia 758882450. En congruencia con lo anterior, es menester precisar que la autoridad responsable que se encuentra vinculada con el cumplimiento de la presente sentencia, también tiene la facultad de descontar del numerario a devolver a la parte quejosa, la cantidad mínima fijada en el artículo 79-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como pago de los derechos de inscripción, que asciende a la cantidad de $1,648.00 (mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); pues la restitución en el goce del derecho fundamental vulnerado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa establecida en los numerales 79, fracción II, 79-A, 184 a 188 y tercero transitorio de dicho ordenamiento legal, pero sin relevarla de la obligación de enterar cuota alguna, ya que éste monto, conforme a lo establecido en el referido artículo 79-B, es la cantidad mínima que dicho sistema normativo establece para la inscripción de documentos, sin considerar el monto de operación contenida en el documento a registrar. El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 248 a 250), se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, el oficio signado por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en Saltillo, por medio del cual informó que giró instrucciones a la autoridad responsable Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de que dé cumplimiento al fallo protector. Mediante auto de treinta de noviembre del año en cita (foja 259), se tuvo al Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, comunicando que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad excedente que pago por concepto de derechos del Registro Público, que asciende a la suma de $5,046.00. Por oficio recibido el doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 262), la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que el cheque correspondiente se encontraba a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de esa administración. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdo que se le notificó el catorce de diciembre siguiente (foja 264). Posteriormente, mediante proveído de veintinueve de enero del año en curso (foja 273), la autoridad responsable informó que el cheque mencionado, seguía a disposición del quejoso en sus instalaciones; por lo que, se hizo de su conocimiento, a efecto de que acudiera a recibir la devolución del pago; de lo que quedó notificado por medio de la lista de acuerdos el treinta de enero de los actuales (foja 274). Ahora bien, mediante proveído de trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 275 y 276), se requirió a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que desincorporara de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones contenidas en los artículos 79, fracción ll, 79-A, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por ser parte integral del fallo protector y para que informara si la parte quejosa acudió a sus instalaciones a recibir el cheque relativo a la devolución de la cantidad que pagó por concepto de Derechos por Servicios del Registro Público. Por acuerdo de diecinueve de febrero del año que transcurre (fojas 280 y 281), se tuvo por recibido el oficio suscrito por la autoridad responsable de mérito, por medio del cual informó nuevamente que el cheque seguía a disposición de la parte quejosa; por lo que, se autorizó al Actuario de la adscripción, a fin de que notificara el mencionado auto a la parte quejosa a través del correo electrónico enrique.madinabeitia@confide.com.mx, señalado por el licenciado Enrique Madinabeitia Aguirre, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; quedando notificado vía electrónica el veinte de febrero siguiente y por medio de la lista de acuerdos (foja 283). El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (fojas 285 a 290), la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se ordenó la devolución de la cantidad que la parte quejosa pagó por concepto de Derechos del Registro Público; se dejó insubsistente la cuantificación y cobro de los derechos registrales relativo al recibo de pago con número de folio 758882450; asimismo, se pronunció sobre la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa de las obligaciones contenidas en los artículos 79, fracción II, 79-A, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, para que acreditara haber acudido a recibir el cheque por la cantidad correspondiente a devolver; de lo que quedó notificado por medio de la lista de acuerdos el veintisiete de febrero del año en curso (foja 292). Por oficio recibido en oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el día uno de abril del año que trascurre, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, informó que el cheque fue devuelto para su reposición por vencimiento, ya que únicamente es válido por 90 días. Mediante proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve (foja 303), se tuvo a la autoridad comunicando que el nuevo cheque relativo a la cantidad que el quejoso pagó por concepto de inscripción de documentos, se encontraba nuevamente a disposición en sus instalaciones; lo que se hizo del conocimiento de la parte quejosa, a efecto de que acudiera ante dicha dependencia a recibirlo; de lo que quedó notificado el catorce de mayo siguiente (foja 304). El veinticuatro de mayo de la presente anualidad, la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, comunicó que el cheque correspondiente fue entregado a la parte quejosa en sus instalaciones, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acreditan. Precisado lo anterior, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, están cumplidos, ya que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, devolvió a la parte quejosa Leonel Vela González, la cantidad excedente que pagó por concepto de Derechos del Registro público, es decir, por la inscripción del contrato de compraventa e impuestos para el fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional, que se señala en el recibo de pago con referencia 758849204; además, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones contenidas en los artículos 79, fracción ll, 79-A, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; acatando con ello los lineamientos del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la materia; archívese este expediente y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, y anexos, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con el comunicado de cuenta, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; en el entendido que una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, éste órgano jurisdiccional dictará la determinación a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio que remite el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de nueve de los actuales (foja 299), informa que el cheque relativo a la cantidad que el quejoso pagó por concepto de inscripción de documentos, se encuentra a su disposición en las instalaciones de la citada Administración. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa, a efecto de que acuda ante la referida dependencia a recibir el cheque correspondiente, o bien, dentro del plazo de tres días manifieste a este Juzgado de Distrito el impedimento que tenga para ello, pues no se soslaya que en anterior ocasión no acudió ante dicha autoridad a realizar el reclamo y entrega de dicho numerario.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de once de marzo del año en curso (foja 294), se requirió a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que expidiera de nueva cuenta el cheque correspondiente a la cantidad que la parte quejosa pago por concepto de inscripción de documentos, toda vez que concluyo la vigencia del mismo. Además, mediante acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve (foja 298), se tuvo a la citada autoridad, comunicando las gestiones administrativas que se encontraba realizando para la reposición del título vencido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado de Distrito si el nuevo cheque emitido a favor del quejoso ***, ya se encuentra a su disposición en las instalaciones de la Administración a su cargo. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior o no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 258 de la ley de la materia.

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