Leonel Garza Fuentes
Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Leonel Garza Fuentes
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en ese precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, decrétese el valor correspondiente de este expediente judicial, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 34 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá plasmar mediante sello en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte promovente por medio de lista de acuerdos del auto de veintiuno de septiembre del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal. ACUERDO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023: "1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda que promueve .., contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1013/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Análisis previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 Sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La tesis citada explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En ese contexto, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente .., reclama lo siguiente: Del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se emitió resolución relativa al recurso de inconformidad bajo el número .... en la que se ratifica el contenido de la Resolución Negativa de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada No. .. de dos de mayo de dos mil veintitrés. 3.2 Causa de improcedencia advertida. Ante ello, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII3 , en relación con el 1o y 5o, fracción II, de la ley de la materia, toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. 3.3 Premisas argumentativas de la causal de improcedencia. Los artículos 1 y 5, fracción II4 , de la Ley de Amparo disponen que la instancia constitucional tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El acto de autoridad para efectos del amparo tiene las siguientes características: i) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad iii) Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv) Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, conforme a la tesis 2a. CCIV/20015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3.4 Estudio de la causal de improcedencia. En ese orden de ideas y considerando además el actual marco legal, es autoridad responsable la que - con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es importante destacar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Sustenta lo anterior, 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 . De ahí que sea oportuno distinguir entre las relaciones de i) supra a subordinación; ii) supraordinación; y iii) de coordinación. i) Las relaciones de supra a subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizaba por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual suponía la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, vencieran cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Aunque con el nuevo marco legal serían aquellas que con su actuación crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien por la omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ii) Las relaciones de supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. iii) Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 3.5 Caso concreto. En esa línea de pensamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011 estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, es decir: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Consideró que al resolver cuestiones respecto de prestaciones de seguridad social con sus asegurados o beneficiarios, no actúa con el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación. Por otra parte, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social7 prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por el Tribunal Laboral correspondiente, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. De la citada contradicción de tesis se creó la jurisprudencia 2a./J. 134/20118 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por consiguiente, resulta incuestionable que el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el que se emitió resolución relativa al recurso de inconformidad bajo el número .. en la que se ratifica el contenido de la Resolución Negativa de Pensión de Cesantía en Edad Avanzada ... de dos de mayo de dos mil veintitrés, no es un acto de autoridad para efectos del amparo, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social está actuando en su carácter de ente asegurador. Por tanto, dicho conflicto debe ser dirimido ante el Tribunal Laboral correspondiente. Lo anterior, tal como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada, misma que resulta ser de aplicación obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. 4. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o y 5o, fracción II, de manera manifiesta e indudable, lo procedente conforme a derecho es desechar de plano la demanda intentada, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ... Asimismo, se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ..., por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral, a ..., por así haber sido solicitado 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita..."
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- Leonardo Montoya Delgado678/2021
- Leonardo Rafael González González69/2020
- Leonardo Treviño Peña827/2021
- Leonardo Treviño Peña360/2018
- Leonardo Treviño Peña341/2018
- Leonel Alexis Limón176/2023
- Leonel Pérez Jiménez68/2015
- Leonel Vela González894/2017
- Leonid Agustín Flores Lucio865/2018
- Leonid Agustín Flores Lucio180/2018
- Leonid Agustín Flores Lucio231/2018
- Leonid Agustín Flores Lucio954/2019