Leonel Ruiz Villaseñor

Expediente 977/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
977/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Leonel Ruiz Villaseñor

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción IV del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo mediante resolución dictada por este órgano jurisdiccional; por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigesimocuarto del acuerdo, a excepción de la demanda y la sentencia tanto de primera como segunda instancia. DESTINO A INCIDENTES DE SUSPENSIÓN En lo referente al cuaderno principal incidental, el mismo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción III, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse negado en definitiva las medidas cautelares solicitadas, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Una vez que transcurran los tres años a que refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Morales Pardo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Arturo Amaro Flores , Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil dieciocho. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución con engrose de seis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Leonel Ruiz Villaseñor, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA NOTIFICAR AL JUEZ AUXILIAR Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, doce de marzo de dos mil dieciocho. SE DEVUELVE EXPEDIENTE ENVIADO PARA RESOLUCIÓN. Visto el oficio 122/2018, suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual devuelve el juicio de amparo VI-977/2017, mismo que fuera enviado para el dictado de la resolución correspondiente, asimismo adjunta disco compacto (CD-R), que contiene dicha sentencia. Acúsese el recibo de estilo; asimismo, a fin de evitar duplicidad de actuaciones, glósense al expediente devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, como lo solicita la oficiante, una vez que la sentencia dictada en autos quede firme, comuníquese esa determinación, para los efectos legales procedentes. SE ORDENA NOTIFICAR A LAS PARTES EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Notifíquese personalmente a las partes la sentencia pronunciada por el juez auxiliar el seis de marzo de dos mil dieciocho, y por oficio a las autoridades responsables, al cual deberá ajuntarse copia certificada del aludido fallo. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, así como la sentencia respectiva y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 977/2017, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, Leonel Ruiz Villaseñor promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". 3.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Señalo como autoridad responsable, al Regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad, del municipio de Zamora, Michoacán, con domicilio en Vicente Guerrero no. 82 Oriente, Centro, 59680 Zamora, Michoacán." ACTOS RECLAMADOS: ". 4.- De la autoridad responsable, HAGO CONSISTIR EL ACTO RECLAMADO EN: la omisión o falta de contestación al correo electrónico enviado al e-mail institucional, enviado en fecha 10 diez de octubre del 2017 dos mil diecisiete, a la dirección regdesurbano@zamora.gob.mx". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De la demanda de amparo tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que la tramitó bajo el número de expediente anotado en el encabezado de esta ejecutoria. Seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito citado celebró la audiencia constitucional y remitió los autos a este órgano jurisdiccional que ahora resuelve . Recibidos los autos por este Juzgado Federal, el doce de febrero del dos mil dieciocho, sin abrir cuaderno de antecedentes, se ordenó registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de cuaderno auxiliar 74/2018. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región es competente para conocer del presente asunto, pues ejerce jurisdicción en toda la República y en todas las materias, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 y 81, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este último en relación con el punto quinto, inciso 2 y último párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , así como en el oficio STCCNO/1038/2017, suscrito el trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal . Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello, sin contar con facultades para atender cuestiones relativas al trámite del juicio de amparo; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163998 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 107/2010 Página: 440 ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la falta de contestación a la solicitud enviada mediante correo electrónico, el diez de octubre de dos mil diecisiete, a la dirección "regdesurbano@zamora.gob.mx", atribuido al Regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad del Municipio de Zamora, Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad del Municipio de Zamora, Michoacán, pues no obstante que al rendir su informe justificado fue omiso en pronunciarse expresamente sobre su certeza o negativa, de sus propias manifestaciones se desprende la existencia del acto, dado que admite haber recibido la petición formulada por el quejoso, a la cual dice que le dio seguimiento y está en espera de que se le dé la respuesta correspondiente, lo que se corrobora con el cúmulo probatorio que obra en el expediente (fojas dieciséis a dieciocho). CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo . El agente ministerial adscrito al juzgado auxiliado manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo ; sin embargo, no aduce argumento alguno que justifique su aserto, dado que sólo se limita a afirmar que las probanzas que ofreció el quejoso no acreditan su interés en el juicio, de manera que no es posible abordar su análisis, al no considerarse como de obvia y objetiva constatación, ante la variedad de posibles interpretaciones del supuesto invocado. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 174086 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2006 Página: 365 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Al resultar infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de origen, y no advertir este juzgado federal, la actualización de alguna diversa que deba analizarse de oficio, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación que se hacen valer, son infundados. La parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio el derecho de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, toda vez que la autoridad responsable ha sido omisa en darle contestación al correo electrónico mediante el cual solicitó apoyo para regularizar el tráfico en una zona con varias escuelas. El concepto de violación es infundado. Al respecto, el artículo 8° de la Constitución Federal, establece lo siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del artículo trascrito se advierte, que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del país ha interpretado en diversas jurisprudencias el contenido y alcance de la garantía individual conocida como derecho de petición prevista en el artículo 8° constitucional, en el sentido de que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, teniendo éste la obligación de señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación, reguladas por el derecho privado, en el que el ente público actúa como particular. Asimismo, la obligación de la autoridad en términos del artículo 8° constitucional, no se reduce a emitir un acuerdo congruente con lo solicitado, sino además, ejecutar los actos necesarios para que el peticionario tenga conocimiento de la respuesta, pues de incumplir esa obligación, ello trae como consecuencia considerar que la autoridad no ha actuado en los términos a que le obliga el derecho fundamental en cuestión, ya que la falta de notificación de la respuesta se traduce en un estado de incertidumbre que no desaparece con el solo hecho de que la autoridad dé respuesta a la solicitud, sino que es necesario hacerla saber al solicitante. Por ende, es válido sostener que la falta de notificación de una respuesta tiene similares efectos a la omisión de responder una solicitud, al no satisfacer la finalidad práctica. Ahora bien, con base en lo anterior, el dispositivo legal antes invocado al referirse al breve término, debe entenderse el lapso en que racionalmente la autoridad pueda estudiar y acordar la petición formulada, así como hacer del conocimiento del peticionario la respuesta respectiva. Lo anterior tiene sustento en los siguientes criterios: "Época: Novena Época Registro: 189914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 42/2001 Página: 126 PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". "Época: Sexta Época Registro: 268307 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CXXIII, Tercera Parte Materia(s): Constitucional Tesis: Página: 39 PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." En razón de lo hasta aquí expuesto, este órgano jurisdiccional considera que no se ha infringido el derecho aludido, pues si bien el breve término para hacer del conocimiento la respuesta a la petición a que se refiere el precepto constitucional en estudio no brinda un dato preciso respecto de la extensión del lapso para comunicar la contestación a los particulares en relación con las peticiones formuladas, es incuestionable que, en el caso, de la fecha en que el quejoso envió su solicitud mediante correo electrónico a la dirección "regdesurbano@zamora.gob.mx", dirigido al Regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad del Municipio de Zamora, Michoacán - diez de octubre de dos mil diecisiete,- a la diversa en que se promovió el presente juicio de derechos humanos -dieciocho de octubre de dos mil diecisiete-, no había transcurrido un plazo excesivo para considerar que se actualizó una infracción al derecho de petición, pues entre las datas de referencia sólo habían transcurrido cinco días hábiles; y, por ende, es inconcuso que no constituye el "breve término" a afecto de que la autoridad responsable de cumplimiento al derecho sustantivo en comento. En efecto, la indefinición exacta de los días en que debe proveerse congruentemente respecto de la petición y hacerse del conocimiento del peticionario la contestación a su solicitud, no implica que a la fecha en que el agraviado presentó su demanda hubiese transcurrido un plazo razonable para dar debido cumplimiento al derecho de petición, pues es evidente que la petición formulada debe ser analizada para determinar la viabilidad de lo solicitado, lo cual implica un tiempo razonable que no se advierte haya sido excedido por la autoridad responsable. Teniendo en consideración las circunstancias anteriores, se considera que no existe violación a los derechos de la parte quejosa, toda vez que, inclusive, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable". Por tanto, atendiendo a las circunstancias específicas del caso, se considera que no se viola en perjuicio del amparista el derecho de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, toda vez que no ha transcurrido el plazo razonable para dar contestación a su petición remitida vía correo electrónico a la autoridad responsable, pues, se reitera, por un lado, de la fecha en que se envió dicha petición a la dirección regdesurbano@zamora.gob.mx, - diez de octubre de dos mil diecisiete,- a la diversa en que se promovió el presente juicio de derechos humanos -dieciocho de octubre de dos mil diecisiete-, sólo habían transcurrido cinco días hábiles. Por tanto, es incuestionable que la autoridad responsable no ha vulnerado el breve término a que se refiere el derecho de petición que se dijo violado, pues su actuar, previo a la presentación de la demanda de amparo, se ha realizado dentro de un parámetro razonable; motivo por el cual, es inconcuso que no existe transgresión al artículo 8º de la Constitución Federal. En las relatadas circunstancias, al haber resultado infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se impone negar el amparo solicitado. No se desconoce que mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes del juzgado de origen, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho juzgado formuló alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional entrar al estudio de las afirmaciones que se realizan en vía de alegatos, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SEXTO. Providencias finales. Con fundamento en el artículo único, fracciones VI y VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional que conoció del expediente para que tenga a bien notificar la presente resolución y continuar con la tramitación del asunto. Solicítese al Juzgado de origen que tenga a bien ordenar la emisión del acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva girar las instrucciones necesarias para informar a este órgano de control constitucional si la presente determinación causó ejecutoria o, en caso de haber sido impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. Finalmente, realícense los registros correspondientes en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), dándolo por concluido y archivado de manera definitiva, toda vez que el auxilio prestado al Juzgado de origen concluyó con la emisión de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Leonel Ruiz Villaseñor, en contra del acto reclamado al Regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vialidad del Municipio de Zamora, Michoacán, consistente en la falta de contestación a la solicitud enviada mediante correo electrónico, el diez de octubre de dos mil diecisiete, a la dirección "regdesurbano@zamora.gob.mx"; de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Cúmplase. Así lo resolvió la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al órgano de control constitucional de origen, hoy seis de marzo de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Iliana Selene Reveles Galicia. Doy fe.

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