Leonel Espinoza Nava y Otros.

Expediente 267/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
267/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Leonel Espinoza Nava y Otros.
  • Leonel Espinoza Nava
  • Porfirio Mateo Cortéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. SE DA CUENTA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra el acuse de recibo del oficio número 10796 dirigido a Carlos Zamora Rivera, Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, mediante el cual se le informó que el presente juicio de amparo causó ejecutoria en proveído de treinta de julio del año en curso. SE REQUIERE AL SERVICIO POSTAL MEXICANO. En mérito de lo anterior, se requiere a la Administradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, remita la pieza postal señalada con antelación, o bien, informe el trato que dio a ésta, la cual fue depositada en esa dependencia a su cargo mediante factura de dos de agosto de dos mil dieciocho, de la cual se remite copia certificada. Con el apercibimiento que de ser omisa, o no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE ONCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO III-267/2018, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL once de julio de dos mil dieciocho, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-267/2018 promovido por Leonel Espinoza Nava, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo les resultó el carácter de terceros interesados a José Luis Añejo Domínguez, y al agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, licenciado Carlos Zamora Rivera, quienes quedaron debidamente emplazados como se desprende de constancias que obran en autos . Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por:  El Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Zamora, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos un disco compacto que contiene la carpeta administrativa digitalizada que derivan de la causa penal ZAM-265/2017, instruida a José Luis Alejo Domínguez por el delito de robo agravado en agravio de Wendy Beatriz Lira Corral y Carlos Alberto Alcázar Peña, el cual adjunto la autoridad señalada como responsable como sustento de su informe justificado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar únicamente los formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante pedimento número 132/2018 presentado el veinticuatro de mayo pasado, en la oficialía de partes de este juzgado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que anteceden, y se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder al dictado de la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 267/2018-III, promovido por Leonel Espinosa Nava y Porfirio Mateo Cortez, contra el acto del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito; Leonel Espinosa Nava y Porfirio Mateo Cortez solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, y otra autoridad, en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: La investigación que se lleva a cabo en contra de los ahora quejosos derivada del auto de fecha 28 de febrero del año 2018, por el Licenciado Ramón Sánchez Magaña, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, en el cual le da vista al Director de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, por supuestas omisiones de parte de esta defensa pública en el actuar.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención. Mediante auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el progresivo 267/2018-III y en el mismo proveído previno a los promoventes para que precisaran el acto señalado como reclamado, lo cual cumplieron en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el nueve de abril de dos mil dieciocho en los términos siguientes: "Especifique cual es el acto que reclama, esto es, si lo constituye: a) El auto de fecha veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho pronunciado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, dentro de la causa penal 265/2017, en el cual da Vista al Director de los quejosos, Vista que a todas luces resulta infundada y sin razón. 2.- Una vez hecha la aclaración en turno a lo anterior, especifique la autoridad o autoridades a las cuales, en el ámbito de sus atribuciones, atribuye el acto o actos que reclama: Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Licenciado Ramón Sánchez Magaña, en la cual da vista al Director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, sin razón y sin motivo alguno, ya que no fundamenta, ni motiva su resolución.". TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de diez de abril del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien sí formuló pedimento. Asimismo, en proveído de veintiséis de abril del mismo año, se reconoció el carácter de tercero interesado a José Luis Alejo Domínguez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, incisos a) y e) de la Ley de Amparo. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna una resolución emitida por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: a) El auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, dentro de la causa penal ZAM/265/2017 que se instruye en contra de José Luis Alejo Domínguez, por el delito de robo de vehículo de motor; mediante el cual ordenó dar vista al Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Michoacán, respecto de las actuaciones de la defensa, para que éste proceda conforme a sus atribuciones legales. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias remitidas por el juez responsable consistentes en la copia simple de diversas constancias que integran la causa penal ZAM/265/2017 de su índice, así como la versión digitalizada de la carpeta administrativa que contiene dicha causa penal, dentro de las cuales se observa el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho que en este juicio se impugna. Cabe precisar que si bien dichas constancias no fueron remitidas con la certificación correspondiente que permita concederles valor probatorio pleno, este juzgador estima pertinente otórgales valor probatorio indiciario suficiente para tener por ciertas las actuaciones ahí contenidas, máxime que la parte quejosa no las objetó de falsas; lo anterior en términos de los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Al margen de las causales de improcedencia que tanto la autoridad responsable como la Agente del Ministerio Público Adscrita a este órgano jurisdiccional hicieron valer en sus escritos presentados el diecinueve de abril y veinticuatro de mayo de este año, este juzgador federal estima que en la especie se actualiza la diversa contenida en la fracción XXI del artículo 61, como se verá enseguida. El artículo y fracción citada, son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del contenido literal del dispositivo legal transcrito, se advierte, en lo que al caso interesa, que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Dicha hipótesis puede actualizarse en dos supuestos: por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Conforme a lo anterior se tiene en cuenta que al observar este juzgado una irregularidad en el acto señalado como reclamado, previno a los quejosos para que lo aclararan, de manera que en escrito presentado el nueve de abril del año en curso, se cumplió con el requerimiento formulado. En ese contexto, según se indicó en el considerando tercero de esta resolución, el acto reclamado respecto del cual se evidenciará la causal de improcedencia que se considera actualizada, lo es el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, dentro de la causa penal ZAM/265/2017 que se instruye en contra de José Luis Alejo Domínguez, por el delito de robo de vehículo de motor; mediante el cual ordenó dar vista al Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Michoacán, respecto de las actuaciones de la defensa, para que proceda conforme a sus atribuciones legales. En efecto, del análisis de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que el veintiséis de marzo de este año, el defensor público del imputado dentro de la causa penal de que se trata, Leonel Espinosa Nava, interpuso ante el propio juez de control, recurso de revocación en contra del auto de veintiocho de febrero que se describe en el párrafo anterior. Ese medio de impugnación fue resuelto de plano el siete de marzo del actual en el sentido se ser improcedentes los motivos de agravio relativos a que no existe dato de prueba o dicho del imputado que denote que los defensores no se encuentran pendientes del estado que guarda la causa penal de que se trata, porque ellos presentaron un escrito el veintiocho de febrero pasado haciendo notar que el Ministerio Público no había formulado su acusación, exhibiendo para ello algunas entrevistas que refieren haber realizado. Al respecto, el juez de control adujo que el hecho de se hayan presentado entrevistas, solo denotan que los defensores se han dialogado con el imputado, no así que se encontraban pendientes de los plazos y términos de la causa penal, por lo que se denota su actitud omisa al no actuar inmediatamente que feneció el lapso que la norma adjetiva le confiere al representante social para que se pronunciara respecto de los supuesto previstos en el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, concluyó, contrario a lo referido por la defensa recurrente, así como de la interpretación más benéfica que procura la adecuada defensa del imputado, fue correcta la aplicación oficiosa de lo contenido en el artículo 325 de la codificación adjetiva penal, en términos de la fracción IV, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, 17 y 117 de la codificación aludida, por lo que debe subsistir la vista ordenada al Director de Defensoría Pública del Estado. Con esta forma de resolver queda de manifiesto que el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho que en este juicio de amparo se impugna, quedó sustituido procesalmente por la resolución del recurso de revocación que contra él se interpuso, pues el juez de control entró al estudio de los agravios expuestos por el defensor para determinar que debía subsistir la vista ordenada al Director de Defensoría Pública del Estado. Por tal motivo, es de considerarse que los efectos del auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho cesaron con motivo de que sobrevino una determinación judicial que incidió en su vigencia y ejecutividad, de manera que, en este caso, la determinación ahí tomada alcanzó su firmeza con lo resuelto en un acto posterior. Es decir, la situación jurídica que imperaba al momento de emitirse el auto reclamado dejó de surtir sus efectos con la resolución al recurso de revocación que lo sustituyó procesalmente, porque éste creó una nueva situación jurídica concreta con relación al auto que no se encontraba firme virtud de la interposición del medio de impugnación. Lo anterior, sin perjuicio de la declaración que realizó el juez de control en el sentido de ser "improcedente" el recurso de revocación, ya que tal como se señaló a supralíneas, en realidad se entró al estudio de los agravios expresados de manera que éstos quedaron desestimados por las consideraciones que ahí se expusieron, para concluir que debía subsistir la vista ordenada, con lo cual se confirmó el auto recurrido. Así las cosas, no obstante que se dio a los quejosos la oportunidad de aclarar su demanda respecto del acto que pretendían combatir en esta instancia constitucional, éstos no señalaron la resolución al recurso de revocación que vino a sustituir procesalmente el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y, por el contrario, se limitaron a reclamar este último; por este motivo, dado que el análisis de improcedencia que aquí se abarca no puede comprender actos no reclamados, no queda más que reiterar la actualización de la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca como aplicable la tesis aislada, que dice: Época: Novena Época Registro: 165869 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.769 C Página: 1492 "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 81/2009. Alfredo Vargas Palacios. 14 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 199808 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Diciembre de 1996 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXI/96 Página: 219 "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Amparo en revisión 459/96. Elda María Argüello Leal. 6 de noviembre de 1996. Cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el proyecto Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Neófito López Ramos.". Corolario a lo anterior, este juzgador federal no soslaya que dentro del presente asunto se actualizan otras hipótesis que redundan en la improcedencia de este juicio, como lo son las contenidas en las fracciones XVII y XXIII del artículo 61 referido, esta última, en relación con la fracción VIII del diverso 108 de la Ley de Amparo. En efecto, la vista ordenada por el juez responsable de la que se duelen los ahora quejosos no afecta irreparablemente derechos sustantivos dado que de ninguna manera ésta impuso alguna sanción a los defensores, sino que únicamente se ordenó poner del conocimiento del Instituto de Defensoría de Pública del Estado de Michoacán, las actuaciones procesales desplegadas, para que éste tuviera a bien tomar la determinación que dentro de sus atribuciones corresponda. Por ello, es de estimarse que la vista así ordena no puede irrogar perjuicio alguno a los quejosos, virtud a que no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta, pues se parte de la base que la determinación tomada por el juez no es vinculante para el Instituto de Defensoría Pública habida cuenta de que únicamente se ordenó poner de su conocimiento las actuaciones procesales de la defensa; de ahí que se surta la hipótesis contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, se destaca que en el libelo constitucional los impetrantes no hacen valer conceptos de violación tendentes combatir la resolución que pretenden impugnar, con lo cual se evidencia la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del referido artículo 61, en relación la fracción VIII del diverso 108. Lo anterior es así, pues su simple manifestación en el sentido de que debe restituírseles en el goce de las garantías violentadas, no implica una verdadera causa de pedir que deba ser analizada en el juicio de amparo, máxime que dentro del presente asunto no opera la suplencia de la queja a su favor, al no actualizarse alguno de los supuestos de aplicación estricta que se contemplan en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues a pesar de que el acto reclamado haya emanado de una causa penal, los quejosos acuden a defender sus derechos con motivo de su actuación dentro del proceso en el que se desempeñaron como asesores jurídicos del imputado, con el objeto de que no les sea instruido algún procedimiento administrativo que internamente pueda iniciar la entidad a la que pertenecen en cuando servidores públicos; por ello, es de concluirse que no les es aplicable la hipótesis específica contenida en la fracción III del precepto citado. Así, al ser un requisito esencial de la demanda de amparo la expresión de conceptos de violación a fin de evidenciar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que en la especie los promoventes lo hubieren satisfecho, en ese aspecto, se torna improcedente el amparo y protección que solicitan. Corolario a lo anterior, al quedar de manifiesto la cesación de efectos del acto reclamado, además de otras causales de improcedencia que este juzgador considera también actualizadas, lo procedente es SOBRESEER el presente juicio, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 214, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leonel Espinosa Nava y Porfirio Mateo Cortez, contra del acto que reclamó de la autoridad responsable precisada, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil dieciocho. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Téngase por recibido el oficio signado por el Director General de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al proveído de once de junio de dos mil dieciocho, informa el nombre completo, denominación y domicilio del Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal número ZAM/265/2017, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, instruida en contra de José Luis Alejo Domínguez, por el delito de robo agravado, en detrimento de Wendy Beatriz Lira Corral y Carlos Alberto Alcázar Peña; datos que son los siguientes: Nombre del Agente del Ministerio Público: Licenciado Carlos Zamora Rivera. Denominación: Agente del Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Regional de Zamora. Domicilio: Carretera Zamora - La Barca, Kilometro 10.5, al costado del Centro de Reinserción Social "El Pochote", en Zamora, Michoacán. Correo electrónico: lic.zamora_rv@hotmail.com SE ORDENA EMPLAZAR A AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. En consecuencia, se ordena emplazar mediante oficio al citado Agente del Ministerio Público, en su calidad de autoridad tercera interesada, comunicación que deberá contener inserto el presente proveído y como anexo copia certificada de la demanda., del auto admisorio y del proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, a efecto de que de estimarlo pertinente, comparezca a juicio a deducir sus derechos; asimismo, hágasele saber que se encuentran fijadas las nueve horas con cuarenta minutos del once de julio del dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiséis de abril del año en curso, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal número ZAM/265/2017, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, instruida en contra de José Luis Alejo Domínguez, por el delito de robo agravado, en detrimento de Wendy Beatriz Lira Corral y Carlos Alberto Alcázar Peña. Con motivo de lo anterior, en esa misma data, este Juzgado de Distrito requirió al Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a efecto de que de que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que recibiera el oficio correspondiente, proporcionara el nombre completo, denominación y domicilio del agente del Ministerio Público que actualmente conoce de la aludida causa penal, a fin de que este juzgado se encontrara en condiciones de emplazarlo a juicio. Posteriormente, el cuatro de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, del que se advertía que dicha autoridad había requerido al Fiscal Regional de Zamora, Michoacán, a efecto de que le informe a esa dirección el nombre completo, denominación y domicilio del Agente del Ministerio Público que conoce actualmente de la causa penal ZAM/265/2017. Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento de la aludida información, en consecuencia, a efecto de integrar el presente sumario constitucional, gírese nuevo oficio al Procurador General de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba la presente comunicación, cumpla con lo anteriormente señalado, con el apercibimiento que de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, esto es, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy Fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano