Leonel Oton Alfonso Corzo
Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leonel Oton Alfonso Corzo
Actuaciones
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por el quejoso LEONEL OTON ALFONSO CORZO, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que aportó como pruebas en su escrito de demanda; por tanto, devuélvasele las documentales que refiere, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos; haciéndole del conocimiento que dichos documentos serán entregados de manera personal previa cita que realice con la debida anticipación, debiendo comparecer debidamente identificado con documento oficial vigente. Atendiendo a las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo de la contingencia sanitaria imperante, derivado del virus Covid-19, que se encuentran contenidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del dicho Consejo, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como en lo establecido en los artículos 35 y 36 del diverso Acuerdo General 12/2020, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que para el ingreso a este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno, que prevé que el modelo de atención presencial será basada en citas, por lo que deberá general un código QR desde la modalidad del programa "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Y con fundamento en el artículo 7 del acuerdo antes citado, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en los espacios destinados al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Por lo tanto, la cita que generen deberán hacerla del conocimiento de este Juzgado de Distrito, con quince días de anticipación, a fin de adoptar las medidas necesarias para que en la fecha en que genere la misma, le sea entregado el documento señalado en líneas que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II..San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el escrito de cuenta, toda vez que carece de la firma autógrafa de su signante, el quejoso LEONEL OTON ALFONSO CORZO, o en su caso firma electrónica, ya que la promoción fue recibida a través del correo electrónico oficial de este Juzgado. CÚMPLASE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por LEONEL OTON ALFONSO CORZO, contra actos del FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA CON SEDE EN SALINA CRUZ, OAXACA; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 784/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;...". De la apreciación del numeral que antecede se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad (agotar recursos), esto es, que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. Por otro lado, la legislación penal, motivo del acto reclamado, específicamente en el artículo 258 Código Nacional de Procedimiento Penales, establece: Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Dicho precepto señala que ciertas determinaciones del Ministerio Público deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, para que, en su caso, dentro del plazo de diez días, las impugne ante el juez de control, quien mediante audiencia definitiva citara a las partes (víctima u ofendido, ministerio público, imputado y su defensor) para su resolución. Y ante la inasistencia de la víctima, ofendido o sus representantes legales a la audiencia, el juzgado de control declarará sin materia dicha impugnación, el que será irrecurrible. Ahora, en el caso en concreto, la parte quejosa reclama al Fiscal del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, la negativa de devolver un vehículo de su legítima propiedad, emitida en el acuerdo de NO DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULO, de fecha cuatro de febrero actual, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0000217/2020, mismo que deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la interposición del presente recurso de garantías contra el aseguramiento de objeto (vehículo automotor), el quejoso debió agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque, si bien es cierto que el anterior precepto establece las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, sin que aluda a los objetos asegurados dentro de una carpeta de investigación, también lo es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde resolvió que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación. Concluyendo que la negativa de devolución del bien asegurado dentro de una carpeta de investigación, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. . En tales consideraciones, al actualizarse una causal de improcedencia en el juicio, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Ello es así, independientemente de que el promovente, como reconoce en su demanda, ya impugnó el mismo acto de la autoridad ministerial en el diverso juicio de amparo 158/2021 que en sentencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó por falta de interés jurídico del peticionario, lo que evidencia de que el inconforme conoció del acto reclamado desde aquel primer amparo promovido el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el nuevo amparo que se pretende devendría extemporáneo. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir y oír notificaciones los estrados de este Juzgado y, en atención a la certificación de cuenta, por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Cervantes Velasco. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el(los) correo(s) electrónico(s) y/o número(s) de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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